Durante la pasada semana el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad solicitó a Twitter, a través de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, que aislase aquellos perfiles de usuarios que utilizando la red de “microblogging” fomentaban la anorexia y la bulimia.
Dicha petición se materializaba a consecuencia de una iniciativa ciudadana dado que a lo largo del verano el Ministerio de Sanidad había estado recibiendo numerosos mensajes en su propia cuenta de Twitter donde los usuarios de la red solicitaban que se actuase con motivo de la aparición de numerosos perfiles en favor de dichas enfermedades.
El principal escollo con el que se han encontrado desde el Ministerio de Sanidad a la hora de solicitar el aislamiento de dichos perfiles es que a través de los mismos no se realizan actividades constitutivas de delito.
En este sentido, es preciso diferenciar aquellos contenidos que puedan ser constitutivos de delito, es decir se encuentren tipificados como tal en el Código Penal, o sean contrarios a cualquier norma del ordenamiento jurídico español, (los cuales son identificados como contenidos ilegales), de aquellos que puedan ser considerados nocivos o no deseados, esto es, que puedan resultan perjudiciales para el público en general.
Dado que no puede solicitarse la retirada de dichos contenidos amparándose en la ilegalidad de los mismos y teniendo en cuenta que la red de "microblogging" se encuentra establecida en EEUU y por tanto la legislación aplicable es la del país en el cual se encuentra su sede social, la única vía con la que cuenta en este caso el Ministerio de Sanidad es apelar a la autorregulación de Twitter con el fin de que procedan a retirar o asilar dichos perfiles clasificados como "nocivos".
La autorregulación surgió con la idea de poder dar respuesta a la necesidad de regular los contenidos que se generaban en Internet, dado que la legislación tradicional era demasiado lenta y no podía adaptarse con facilidad a los cambios que se producían en la red, dado que ésta siempre iba un paso por delante.
Asimismo, no debemos olvidar las dimensiones globales que caracterizan Internet lo que dificulta la aplicación de leyes estatales, dado que éstas se aplican territorialmente y por tanto en numerosas ocasiones los Estados se encuentran limitados a la hora de perseguir conductas que pueden ser consideradas ilegales ya que las páginas web o los responsables se encuentran establecidos en otro país.
A nivel europeo, para poder dar respuesta a estas dificultades, surgió la idea de permitir que los proveedores de servicios de Internet tuviesen la posibilidad de limitar la creación de contenidos ilegales o nocivos a través de mecanismos de autorregulación, los cuales fueron promovidos por la Unión Europea a través de su Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre Comercio Electrónico), transpuesta en España por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) la cual dedica su Cápitulo III (artículo 18) a los denominados "Códigos de Conducta".
Los Códigos de Conducta consisten en documentos elaborados por los proveedores de servicios de internet donde se recogen los procedimientos necesarios para detectar y retirar contenidos ilícitos debiendo tener en cuenta, en su caso, la protección de los menores y de la dignidad humana.
El contenido de dichos Códigos debe equilibrarse, con el fin de respetar los derechos fundamentales tales como la libertad de expresión con el fin de no caer en la censura. Así, la autorregulación se debe entender como un plus de legalidad, es decir, complementa a la legislación tradicional y le ayuda a resolver aquellos casos que en ocasiones pueden resultar más complicados de solucionar por otras vías.
Es por ello que la Autorregulación del sector y la creación de Códigos de conducta se ha estado fomentado desde las Administraciones Públicas y durante los últimos años ha quedado probado que constituyen una herramienta muy eficaz para combatir la propagación de contenidos que aún no siendo ilícitos, si se consideran nocivos para el público en general, como puede ser el reciente caso de los perfiles de Twitter.
Por todo ello, es importante que los agentes involucrados en el desarrollo de Internet y, en particular, aquellas empresas que prestan sus servicios a través de la red se beneficien de la seguridad y la confianza que los Códigos de Conducta y la autorregulación crean en los usuarios y consumidores con el fin de potenciar el desarrollo de dichos servicios de forma positiva.
