Una nueva reforma estructural para fomentar la competitividad, crear empleo y afianzar inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones. Así se presenta la nueva Ley General de Telecomunicaciones.
Con ella, se pretende cumplir cinco objetivos bien marcados:
- Recuperar la unidad de mercado.
- Llevar a cabo una mayor coordinación entre las administraciones públicas.
- Aportar mayores facilidades para el despliegue de las redes de nueva generación.
- Proteger los derechos de los usuarios de manera más eficaz.
- Analizar con una mayor periodicidad los mercados regulados "ex ante".
Así, en lo que respecta a la unidad de mercado, se diseñan nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y las Entidades legales para que se facilite el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Sin duda, una asignatura pendiente en lo que se refiere a la infraestructura puesto que, la existencia de algunas prohibiciones absolutas a nivel local, ocasionaban grandes problemas a la hora de buscar alternativas para el despliegue de estas redes.
Dentro de la coordinación entre las administraciones públicas, cabe destacar la simplificación administrativa en muchos de los aspectos. Por un lado, se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y, por otro lado, se sustituyen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes en dominio privado por una mera "declaración responsable".
En lo que respecta a la protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, la nueva Ley General de Telecomunicaciones se centra en la protección de datos personales teniendo en cuenta la nueva Directiva en este ámbito. En particular, se desarrollan ampliamente disposiciones para proteger la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización, así como con las guías de abonados.
Por último, en lo que se refiere a las infracciones y sanciones de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, se prevén nuevas infracciones que hasta ahora no estaban contempladas. Asimismo, el tramo superior de las sanciones leves queda aumentado hasta los 50.000 euros en vez de 30.000 euros como contempla la actual ley. Además, las sanciones correspondientes a infracciones muy graves y graves que actualmente dependen, en primer lugar, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción, se verán sustituidas directamente por una multa pecuniaria consistente en veinte millones de euros y dos millones de euros respectivamente.
Como conclusión, parece que el nuevo proyecto flexibiliza los trámites para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, lo que redundará en beneficio de la competencia y, en última instancia, de todos los usuarios. Sin embargo, esta libertad, debe ser también motivo suficiente para actuar conforme a la nueva regulación, máxime si tenemos en cuenta que habrá una mayor potestad inspectora por parte de las administraciones públicas y unas sanciones aún más duras.
