El treinta de junio finalizó el periodo presidencial español. Han sido seis meses de luces y sombras, en transición entre un viejo modelo de presidencia rotatoria y otro nuevo caracterizado por el protagonismo de las nuevas figuras institucionales creadas por el Tratado de Lisboa (Presidente permanente del Consejo Europeo y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) que correspondió a la presidencia española poner en marcha. Y sobre todo, ha sido una presidencia condicionada por la gestión de la crisis económica internacional que acabó consumiendo la mayor parte de las energías políticas del semestre.
A partir del primero de julio, Bélgica tomará el relevo para desarrollar su presidencia semestral en un momento político interno de cierta inestabilidad gubernamental. El 16 de junio el Presidente interino[1] belga Ives Leterme hizo público el programa de la próxima presidencia que se estructura en torno a cinco grandes ejes: un eje socioeconómico que contempla como objetivo el crecimiento sostenible; un eje social que pretende favorecer la cohesión social; un eje medioambiental que tratará de desarrollar una economía pobre en emisiones de carbono; un eje dedicado al capítulo de libertad, seguridad y estado de derecho; y un eje de acción exterior que propone dar un papel más importante a la UE en tanto que actor a favor de la paz y la seguridad en el mundo.
El mes de junio ha sido un periodo especialmente intenso de actividad institucional y política en la UE. El Consejo Europeo del 17 de junio, último del semestre presidencial español, aprobaba la nueva Estrategia "Europa 2020", nueva estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador y que había venido siendo el objetivo estrella de la presidencia española. Esta Estrategia, superadora de la fracasada "Estrategia de Lisboa 2010" adoptada en el año 2000, debe contribuir a la recuperación económica tras la crisis, impulsando la competitividad, la productividad, el potencial de crecimiento, la cohesión social y la convergencia económica; y responde al desafío de reorientar las políticas de la gestión de crisis a la introducción de reformas a medio o largo plazo que fomenten el crecimiento y el empleo. El Consejo Europeo cuantificó los objetivos concretos que deben guiar la actuación de los Estados y de la UE en los cinco ámbitos principales que define la nueva Estrategia: fomento del empleo; mejora de las condiciones para la innovación, la investigación y el desarrollo; el cumplimento de determinados objetivos en materia de cambio climático y energía; mejora de los niveles educativos; y fomento de la integración social. Estas deben ser las prioridades políticas de los Estados en estrecho diálogo con la Comisión. La nueva Estrategia propone llevar a cabo un control más estricto de los programas de reforma nacionales, una de las grandes debilidades de la fracasada Estrategia de Lisboa.
Por otra parte, como consecuencia de una reunión organizada por la presidencia española que se celebró el 21 de junio en Madrid entre la Alta Representante para la Política Exterior, representantes del Consejo, de la Comisión y del PE, se produjo el acuerdo político para el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Era éste otro de los objetivos declarados como importantes de la presidencia española. Compuesto por aproximadamente 6.000 miembros, un tercio de los cuales procederá de los Estados y un 60% serán funcionarios de la Comisión y de la Secretaría General del Consejo, el SEAE deberá entrar en vigor el próximo uno de diciembre, coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
También en el ámbito de la Política de ampliación el mes de junio ha sido muy fructífero. La perspectiva europea para los Balcanes Occidentales recibió un importante impulso con la celebración de la Conferencia de Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) del 2 de junio que reunió a representantes de los 27, además de los países balcánicos occidentales así como de EEUU, Rusia, Turquía y de las organizaciones internacionales implicadas en la zona: OTAN, OSCE y Consejo de Europa. En esta reunión, que supuso un notable éxito diplomático al conseguir sentar entorno a una misma mesa a representantes kosovares y serbios, se reiteró el compromiso comunitario adquirido hace diez años en la Cumbre de Zagreb de ofrecer una perspectiva de adhesión a los países de los Balcanes occidentales.
Por otra parte, el Consejo Europeo del día 17 decidió la apertura de negociaciones para la adhesión con Islandia.
En lo que se refiere al ámbito de las relaciones exteriores hay que señalar la celebración de la Cumbre UE-Rusia el 31 de mayo/1 de junio en Rostow del Don. Era ésta la 25ª Cumbre semestral UE-Rusia, a la que acudieron por parte europea Van Rompuy, Durao Barroso y Ashton. La relación con Rusia, nuestro vecino más grande y con el que comparten frontera cinco países miembros, además de ser nuestro tercer socio comercial (tras EEUU y China) plantea cuando menos dos desafíos de importancia: en primer lugar, la dependencia que tiene la UE del suministro energético que proporciona Rusia, su principal proveedor energético (más del 20% del carbón, más del 30% del petróleo y más del 40% del gas); en segundo lugar, las discrepancias que la relación con Rusia provoca en el seno de los 27, agravada por la sensación de vulnerabilidad que muchos de los nuevos socios europeos sienten respecto a su vecino. El logro fundamental de la reunión de Rostow fue la Declaración sobre la Asociación para la modernización. Esta iniciativa tiene la intención de diversificar la economía rusa y hacerla más competitiva para no depender casi exclusivamente de la venta de energía. En este empeño, Rusia apuesta por Europa como principal socio para su modernización. La Asociación para la modernización amplía la cooperación a ámbitos como las nuevas tecnologías y la innovación y supone una apuesta por el reforzamiento de las relaciones económicas y el comercio bilateral.
También en el mes de junio, concretamente el día 4, se celebró en Bruselas la segunda cumbre UE-Pakistán, prevista inicialmente para el 21 de abril pero que hubo de aplazarse debido a las restricciones aéreas existentes en Europa en esos días como consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjalla en Islandia. En la reunión se reactivó el diálogo estratégico que pretende alcanzar objetivos en materia de seguridad, lucha antiterrorista, suministro energético y promoción de la paz y la democracia.
El 22 de junio se firmó en Ouagadougou (Burkina Faso) la segunda revisión del Acuerdo de Cotonou que fundamenta la relación especial entre la UE y los Países ACP (África, Caribe y Pacífico). Esta revisión y adaptación del Acuerdo de Cotonou se realiza cada cinco años.
En el debe del periodo analizado en lo que se refiere al ámbito de las relaciones exteriores, hay señalar el aplazamiento de la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo[2] cuya celebración estaba prevista para el 7/8 de junio en Barcelona. Buena parte de los países árabes habían amenazado con boicotear la Cumbre si a ella acudía el ministro israelí de Asuntos Exteriores, el ultranacionalista Avigdor Lieberman, acusado de realizar manifestaciones racistas antiárabes. Ante el temor de que la Cumbre quedara desnaturalizada por las numerosas ausencias o incluso, peor, que se tradujera en una sucesión de desplantes entre los participantes evidenciando la división, la presidencia española acordó aplazarla hasta la tercera semana de noviembre. Nuevamente los imperativos del conflicto árabe-israelí dificultan el avance de la política euromediterránea.
Primera cooperación reforzada: dos décadas después de que se instaurase este procedimiento en el derecho comunitario con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones, y tras el acuerdo del Consejo de Justicia e Interior del cuatro de junio, el PE aprobó en el pleno del día 16 del mismo mes, la propuesta de catorce Estados (Austria, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia, España, Alemania, Bélgica, Letonia, Portugal y Malta) que han acordado negociar de este modo una directiva que permitirá a las parejas internacionales (es decir, aquellas en las que cada uno de sus miembros tiene una nacionalidad) elegir la legislación que se aplicaría en caso de separación. Es la primera vez que se aplica este instrumento de flexibilidad que contemplan los tratados y que permite que unos Estados tomen la delantera en la legislación europea para superar bloqueos por falta de acuerdo de otros Estados. Una vez aprobada la cooperación reforzada por la cámara de Estrasburgo, deberá elevarse una nueva propuesta con el contenido legislativo que concierne a los Estados firmantes de la cooperación.
Por último señalar que en el pleno del PE del 16 de junio se aprobó la propuesta de la Comisión para que Estonia adopte el euro el primero de enero de 2011, dado el grado de convergencia adquirido por el país báltico. Será el decimoséptimo país en adoptar la moneda común europea.
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[1] Recordemos que el 13 de junio tuvieron lugar las elecciones nacionales.
[2] La Unión por el Mediterráneo está integrada por 43 países de las dos riberas del Mediterráneo y heredera directa de la Asociación Euromediterránea del denominado Proceso de Barcelona iniciado en 1995.
