La injerencia del poder político sobre el poder judicial constituye una de las principales preocupaciones en muchos países democráticos, un recelo que se manifiesta de manera no menor en el seno de la UE. A pesar de ello, la división de los tres poderes que plasmara Montesquieu, se pone en tela de juicio en un reciente estudio de la Universidad de Copenhague que ha confirmado las peores sospechas: los países de la UE condicionan las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los políticos de la UE estarían teniendo una influencia decisiva en la jurisprudencia de la Corte de Luxemburgo. Ésta es la conclusión de la profesora de la Universidad de Copenhague, Dorte Sindbjerg Martinsen, que en los últimos días ha presentado una tesis doctoral pionera en este campo, y cuyas conclusiones han puesto de manifiesto la intromisión del poder político sobre las decisiones judiciales del TJUE.
La investigación, publicada recientemente dentro de una serie monográfica por la Universidad de Oxford bajo el título "An Ever More Powerful Court?. The Political Constraints of Legal Integration in the European Union" ["¿Una Corte cada vez más poderosa? Las restricciones políticas al proceso de integración jurídica en la Unión Europea"], proporciona datos inéditos sobre la interacción entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial entre los años 1957 y 2014.
A través de un recorrido histórico, Sindbjerg Martinsen demuestra que "los gobernantes tienen la capacidad de modificar el impacto real de las decisiones judiciales, de manera que la jurisprudencia no se traduce, necesariamente, en derechos y obligaciones en muchos casos", una situación que evidencia, entre otros, mediante el análisis del creciente número de procedimientos de infracción contra estados miembros por incumplimiento del Derecho de la Unión.
Asimismo, la autora se muestra sorprendida "por el grado en que los políticos toman una postura activa y crítica frente a las interpretaciones del TJUE", al tiempo que "las respuestas, a favor o en contra, de sus sentencias se ven determinadas por la estrategia, el interés y la política nacional". La investigadora ilustra esta situación poniendo como ejemplo la aplicación de la Directiva relativa a la atención sanitaria transfronteriza (Directiva 2011/24/UE). Según el TJUE, la directiva debería dar a los pacientes la posibilidad de tratamiento en otro país de la UE sin autorización previa, excepto en aquellos casos en los que fuera necesaria su hospitalización. Sin embargo, las presiones políticas llevaron a modificar la Directiva en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros limitando la libre circulación mediante la introducción de una autorización previa para un número mucho más amplio de tratamientos.
"Actualmente, los estados miembros definen en gran medida qué tratamientos exigen una autorización previa", limitando así los derechos transfronterizos. "Las grandes esperanzas de los pacientes estaban conectadas a unas resoluciones judiciales que no se vieron cumplidas". De esta forma, se produce lo que denomina "victoria 1-0": los estados miembros de la UE ganaron el primer set ante la Corte.
En casos como el señalado, la Comisión Europea también ha intervenido "para presentar una nueva propuesta de carácter político con el fin de modificar las decisiones judiciales", una situación que viene a demostrar que el ejecutivo comunitario no siempre se posiciona del lado del TJUE, e incluso llega a proponer la "modificación y hasta la anulación de determinada jurisprudencia".
El estudio recoge similares intromisiones plasmadas en numerosas áreas relativas a la política social, como en materia de bienestar, los horarios de las jornadas laborales o derechos de los trabajadores a nivel transfronterizo. La investigadora asegura que este tema siempre ha resultado "extremadamente sensible en términos políticos" dado que los estados, bien han luchado por mantener su autonomía o han tratado de ejercer su influencia dentro de determinadas divisiones ideológicas en el seno de la UE. "Cuando los políticos de la corriente social-demócrata fueron mayoría, apoyaron al TJUE cuando se trataba de fortalecer los derechos sociales en relación con el tiempo de trabajo. Sin embargo, cuando la Corte cuestionó el derecho de huelga, atacaron sin contemplaciones su jurisprudencia", expone la profesora Dorte Sindbjerg Martinsen.
En último término, la investigación de la Universidad de Copenhague revela que, en determinadas situaciones, los ciudadanos sufren de primera mano las consecuencias de la intrusión del poder político y legislativo sobre el judicial, y no pueden beneficiarse de derechos que les son legítimos.
Observando la evolución de las relaciones entre los políticos europeos y las decisiones del TJUE, la investigadora constata que, con el paso del tiempo, éstos se han ido mostrando "cada vez menos dispuestos a aceptar las decisiones de la Corte". Como resultado, "los puntos de conflicto resultan mucho más pronunciados en la actualidad", pues "los hallazgos sugieren que los gobernantes son hoy mucho más conscientes acerca de la integración legal y sus implicaciones".
