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28/03/2024. 09:07:57

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Se pospone hasta el consejo europeo de diciembre el paso a la segunda fase de la negociación del Brexit

Prof. Titular de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU y Cátedra Jean Monnet

El pasado 19/20 de octubre se celebró una reunión del Consejo Europeo. En la sesión del día 19, celebrada “a 28”, se trataron temas de migración (rutas migratorias, acuerdos al efecto con terceros países, etc.), Europa digital (seguimiento de la Cumbre digital celebrada en Tallín el 29 de septiembre), seguridad y defensa (próxima puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente) y Relaciones Exteriores (relaciones con Turquía, medidas contra la República Popular Democrática de Corea, etc.).

Las banderas británica y de la UE en la Casa de Europa de Londres

El día 20 el Consejo Europeo se reunió "a 27", sin representación británica, con la negociación del Brexit como único punto del orden del día. Se trataba de analizar si se cumplían o no las condiciones para pasar a la segunda fase del Brexit, la que verdaderamente ambiciona Londres; esto es, la referida a la negociación del acuerdo comercial futuro entre la UE y el Reino Unido como país tercero. Tras constatar los limitados avances que se habían producido hasta el momento en cada una de las tres cuestiones objeto de negociación en este momento (los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido y viceversa, la frontera irlandesa con Irlanda del Norte y la factura a pagar por el Reino Unido antes de abandonar la Unión), el Consejo Europeo concluyó con un llamamiento a "proseguir las negociaciones para poder pasar a la segunda fase de las negociaciones lo antes posible", comprometiéndose a que "En su próxima sesión de diciembre, el Consejo Europeo volverá a valorar el avance de las negociaciones (…)". Es decir, que a pesar de la celebración de una 5ª ronda negociadora "extra" y no prevista inicialmente entre el 9 y 12 de octubre, no se dieron progresos suficientes que permitieran avanzar hacia la segunda fase negociadora, como estaba previsto. Habrá que esperar por lo menos hasta el Consejo Europeo de diciembre para constatar si es posible iniciar las negociaciones sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE.

El 24 de octubre la Comisión presentó su Programa de trabajo para el 2018; es el 4º programa presentado por la Comisión Juncker y en él figuran iniciativas para completar la labor sobre las diez prioridades expuestas en las Orientaciones políticas del Presidente antes de finalizar su mandato quinquenal. El Ejecutivo comunitario prevé realizar 26 nuevas iniciativas que se presentarán para mayo de 2018, de forma que el Parlamento y el Consejo completen la labor legislativa correspondiente antes de las elecciones europeas de junio de 2019. Además, el Programa de trabajo para el próximo ejercicio establece 66 propuestas prioritarias pendientes presentadas en los dos últimos años y que el Parlamento y el Consejo habrían de adoptar rápidamente. La Comisión también propone la retirada de 15 propuestas pendientes, respecto de las cuales no se prevé que se alcance un acuerdo o que han quedado ya desfasadas.  El Programa de trabajo incluye también una serie de iniciativas con perspectivas de futuro más avanzadas, en el

horizonte 2025 y más allá, sobre las próximas ampliaciones de los Balcanes Occidentales, el siguiente Marco Financiero Plurianual, la creación de un Ministerio Europeo de Economía y Hacienda permanente, etc. El Programa de trabajo que todos los años aprueba la Comisión pretende informar a la opinión pública y a los colegisladores sobre los compromisos políticos del Ejecutivo comunitario en relación con la presentación de nuevas iniciativas, la retirada de propuestas pendientes y la revisión de la legislación vigente en la UE (por supuesto, la Comisión puede también tomar iniciativas no previstas en respuesta a  acontecimientos que se produzcan durante el año y que requieran de una intervención sobrevenida a nivel comunitario).

Durante este mes ha continuado el proceso de elaboración del presupuesto comunitario. Así, el día 25 de octubre, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre el Presupuesto de la UE para 2018; en ella, la Cámara de Estrasburgo votó a favor de más fondos en ámbitos prioritarios como el crecimiento, el empleo, la seguridad y el cambio climático, fijando el presupuesto de la Unión en 162.600 millones de euros en compromisos (es decir, un aumento del 1,2% respecto del proyecto de presupuesto presentado por la Comisión que ascendía a 160.600 millones) y 146.700 Meuros en pagos (0,9% superior a la propuesta de la Comisión que ascendía a 145.400 millones). El mismo día 25 el Consejo anunció que no podría aceptar todas las enmiendas presentadas por el Parlamento sobre el aumento del presupuesto para 2018 (la propuesta del Consejo adoptada el pasado 4 de septiembre asciende a 158.900 y 144.400 millones de euros en compromisos y pagos respectivamente). La negativa del Consejo implica la convocatoria de un Comité de Conciliación que   debatirá durante tres semanas. El Comité se reunirá los días 6 y 17 de noviembre. Si no se produjera el acuerdo para el día 20 de noviembre, la Comisión deberá presentar una nueva propuesta. En nuestra próxima crónica daremos cuenta del asunto.

Tras la aprobación de la correspondiente Resolución del Parlamento del 5 de octubre, el Consejo de Justicia del día 13 aprobó la puesta en marcha de una Fiscalía Europea que tendrá por misión la lucha contra el fraude fiscal transfronterizo, evitando así tener que recurrir a los pesados trámites burocráticos actuales de cooperación judicial en la materia. En la actualidad sólo las autoridades nacionales tienen competencias para perseguir el fraude fiscal, aunque afecte a fondos comunitarios; pero su jurisdicción acaba en sus propias fronteras. La Fiscalía Europea será un órgano independiente para el intercambio rápido de información entre Estados, investigaciones policiales coordinadas y la rápida congelación e incautación de activos, así como la detención de sospechosos; y trabajará en estrecha coordinación con la agencia de cooperación judicial europea Eurojust y la Oficina Europea Antifraude OLAF. Se trata de un proyecto aprobado por el procedimiento de cooperación reforzada, dada la falta de acuerdo unánime sobre la propuesta. Así, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Polonia, Hungría y Malta no participarán. No se espera que la nueva Fiscalía esté plenamente operativa hasta el 2020. Su mandato se limitará, de momento, a cuestiones financieras aunque no se descarta que en un futuro todavía incierto, pudiera ampliar su campo de actuación a la lucha antiterrorista.

Para ver el contenido completo de esta crónica y, muchos más, consulte la REVISTA ARANZADI UNIÓN EUROPEA, núm. 12 (DICIEMBRE) 2017 Año XLIII.

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