Si alguna vez vemos a dos o más políticos tranquilamente sentados tomando un café con algún abogado constitucionalista es porque planean detonar alguna estructura de poder. Convencidos de la necesidad de recuperar la autonomía de su provincia, Rob Anderson, un tradicional miembro parlamentario oriundo de las montañas de Edmonton, Barry Cooper, un profesor universitario de política en Calgary, la ciudad de los rodeos de cowboys y el abogado constitucionalista Derek From se juntaron en setiembre de 2021 para diseñar el “Free Alberta Strategy”, un documento revolucionario. Decidieron rescatar y redactar las bases del pensamiento libertario provincial para controlar la injerencia del gobierno federal en temas provinciales. Rápidamente, el ideario se tornó popular y sirvió para que Danielle Smith, leader del partido conservador resultara electa como gobernadora de Alberta un año más tarde, en noviembre de 2022.
Recién asumida en su cargo, la premier de Alberta abrió la trigésima sesión parlamentaria en su provincia introduciendo un proyecto de ley para recuperar la autonomía constitucional de Alberta, el “Sovereignty within a United Canada Act” el cual tan solo en unas semanas se convirtió en ley.
Un escudo constitucional….
El proyecto fue sancionado como ley en Alberta el 8 de diciembre de 2022 con el objetivo de proteger los intereses provinciales frente al avasallamiento de competencias del gobierno federal de Ottawa. La premier de Alberta repite constantemente para la prensa que esta ley constituye un “escudo constitucional” para revertir el avance regulatorio del gobierno central en áreas sensibles como la explotación de los recursos naturales y el derecho a la portación de armas, entre muchas otras. El escudo consiste en permitir a la legislatura provincial de Alberta, emitir una opinión sobre cualquier ley o iniciativa federales que sean consideradas inconstitucionales o lesivas para los intereses provinciales. Si bien el escudo no se ha armado una espada para violar la ley federal, los diferentes órganos de gobierno e instituciones provinciales con poder regulatorio o ejecutivo, tales como los municipios, la policía local, las instituciones académicas, las agencias, entre muchas otras deberán seguir las directivas de la legislatura y del gobierno provinciales aún en su contra.
…que anticipa una controversia por la autonomía provincial….
La nueva ley solo tiene 10 parágrafos de preámbulo y 10 secciones operativas. El preámbulo describe inicialmente la identidad cultural de Alberta con referencia a los textos constitucionales canadienses proclamando la ausencia de subordinación provincial al gobierno federal. Mas adelante determina el avasallamiento inconstitucional de los derechos inherentes a la soberanía provincial por parte del parlamento y gobierno federales, incluyendo la violación de garantías y derechos de los ciudadanos de Alberta garantizados por la Canadian Charter of Rights and Freedoms. El preámbulo concluye con la expectativa de que el pueblo de Alberta asume que Canadá respetará la constitución, facultando a la Asamblea de Alberta a establecer medidas para consideración del representante del gobierno federal en Alberta, el Lieutenant Governor, tendientes a prevenir dichos avasallamientos.
La controversia por la autonomía surge de las primeras definiciones del cuerpo legal. Los conceptos de “iniciativa federal” y “entidad provincial” dan muestra de la amplitud con la que Alberta quiere detonar la estructura del poder federal. No se trata de neutralizar una regulación federal sino de anticiparse a cualquier programa o política o acción del gobierno central, como por ejemplo el debate sobre la emisión de carbono en la industria del gas y del petróleo o las restricciones sobre el uso de fertilizantes. La definición de entidad provincial alcanza a las agencias regulatorias, las autoridades de salud, escuelas, municipalidades, universidades y a cualquier entidad que reciba fondos de un gobierno para el desarrollo de un servicio público.
…y que neutraliza la iniciativa federal….
El alcance jurídico de las opiniones de la Asamblea provincial sobre las iniciativas federales no puede proyectarse ni hacia un incumplimiento de la constitución canadiense, ni hacia la violación de una ley federal ni a la derogación de los tratados con las primeras naciones firmados por Canadá que son competencia federal. Si bien no está autorizada la anulación de una ley federal mediante una mera opinión provincial, el alcance jurídico de esta última se centra en la prevención de cualquier intrusión federal en un área reservada a la jurisdicción de la legislatura provincial.
La opinión provincial no es otra cosa que una identificación de la intromisión federal en las atribuciones provinciales permitiendo la suspensión y/o modificación operacional, llámese una aplicación controlada de una iniciativa federal siguiendo las condiciones determinadas o nuevas medidas aceptadas por el Lieutenant Governor presente en las reuniones de consejo del gabinete provincial. En efecto, la opinión provincial autoriza nuevas condiciones o medidas extraordinarias del poder provincial para neutralizar cualquier riesgo de inconstitucionalidad ante una iniciativa federal. Esas condiciones o medidas se instrumentarán mediante la adopción por la Asamblea de resoluciones que para balanceen el poder provincial y el federal, creando una nueva dinámica entre la separación y la delegación de poderes establecida en la constitución.
…inventando un novedoso mecanismo de control constitucional…
La resolución de la Asamblea provincial debe determinar cómo la legislatura opina que una iniciativa federal es inconstitucional o si causa o puede causar una amenaza y/o daño al pueblo de Alberta y si además avasalla sobre la jurisdicción provincial. Debe, asimismo describir la medida o condición que el Lieutenant Governor actuante en el gobierno tendría que tomar para neutralizar la iniciativa federal. Vale anotar que cada provincia canadiense tiene su Lieutenant Governor que es elegido para un cargo de cinco años por recomendación del primer ministro canadiense. Son funcionarios que no cumplen una función ejecutiva relevante, pero representan a su majestad el rey de Inglaterra ante cada jurisdicción provincial en Canadá. Solo tienen la atribución final de tomar el juramento de asunción al gobierno provincial, abrir la sesión de cada asamblea y otorgar el “Royal Assent” parar promulgar las leyes provinciales. Promueven un sentido de la identidad canadiense, defienden causas sociales y reconocen ciudadanos ilustres. Básicamente, cumplen funciones de limitado tecnicismo legal, acostumbrados a un rol formal de representación que esta nueva ley pretende ahora complicar.
Las resoluciones adoptadas para neutralizar una iniciativa federal son ejecutadas por el gobierno provincial mediante directivas ordenadas por la Asamblea como medida ejecutoria de la opinión. El gobierno puede delegar en un ministro el ejercicio de un poder o función reglamentaria dentro de sus competencias para hacer cumplirlas “en respeto de la iniciativa federal” dentro de lo estipulado como necesario por el gobierno provincial.
Esas directivas resuelven lo que se denomina un conflicto de inconsistencia legal y se aplican con una duración máxima de dos años renovables por otros dos. O sea que el gobierno de Alberta puede neutralizar por hasta cuatro años una iniciativa federal que incurra en el avasallamiento de intereses provinciales. En muchos casos, el cumplimiento de la directiva puede comprometer el financiamiento de las organizaciones provinciales o cualquier otro modo de sanción temporal que conmine la ejecución.
La temporalidad de la directiva busca contornar el control constitucional judicial. La revisión judicial depende hoy del test jurisprudencial establecido en el caso de la Suprema Corte “Vavilov” de 2019 que pivotea sobre dos condiciones: a) si la directiva provincial es patentemente irrazonable y b) que la corte suprema considere que la directiva es incorrecta, o sea que contenga cuestiones de derecho de importancia central para el sistema legal en su conjunto, afectando los límites de la jurisdicción entre dos o más organizaciones de gobierno o poderes. De esta forma, el estándar de control judicial es más exigente que la vigencia temporal de la directiva provincial establecida en el Alberta Sovereignty Act. Tal vez la extensión de los dos años a cuatro pueda ser asimilada a un efecto permanente como para habilitar la revisión judicial, pero la nueva ley reduce ese riesgo al establecer que las directivas no son objeto de revisión judicial por ser temporarias, estar fundadas en la defensa de la división y delegación de poderes.
…que espolea una estampida legal.
En la historia de common law, las cláusulas “Henry VIII” son tradicionalmente conocidas como normas administrativas que autorizan a los ministros a enmendar o repeler leyes del parlamento. Las directivas dictadas en base a esta nueva ley de soberanía de Alberta se asemejan bastante a estos desafíos del rey Henry. En Canadá, las legislaturas pueden delegar plenamente sus poderes siempre que no los abdiquen, lo cual técnicamente es imposible. La distribución de las competencias legislativas contenida en las secciones 91 y 92 de la constitución de 1867 tampoco es particularmente restrictiva de modo que la inter-delegación federal-provincial es admitida siempre y cuando no se convierta en una transferencia permanente de poderes legislativos.
La atribución legislativa se comparte constitucionalmente en varias materias regulables como por ejemplo la cuestión ambiental que se distribuye entre los gobiernos federal, provinciales y municipales. De allí se desprende entonces el interés provincial por la adopción y la aplicación de esta nueva ley mediante un análisis de opinión provincial sobre cualquier iniciativa federal comprometedora.
La repercusión de este nuevo instrumento provincial de control de competencias legislativas espolea una estampida legal en el país. Las primeras naciones se han autoconvocado en Asamblea porque otra provincia, la llamada hermana gemela de Alberta, Saskatchewan, ha presentado un proyecto sobre una ley similar. El Saskatchewan First Act en pleno proceso de debate parlamentario, busca una mayor autonomía sobre los recursos naturales provinciales, pero a diferencia de la ley de Alberta, todavía no ofrece una excepción de respeto por los tratados y los derechos económicos de las primeras naciones.
