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28/03/2024. 20:51:38

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El rol de la sociedad civil y el sector privado para enfrentar la corrupción en el Ecuador

Doctor en ciencias jurídicas y sociales por la URJC

Sociedad civil, democracia y participación ciudadana.

Si revisamos en cuanto al rol que tiene la sociedad civil, es importante señalar que esta tiene mecanismos importantes que forman parte del cambio del modelo democrático representativo al participativo, a pesar de las dificultades que ha tenido en los últimos años. Con la promulgación de la Ley Orgánica de Participación en el 2010 se propuso el incluir a la ciudadanía, colectivos, pueblos y nacionalidades del Ecuador en la gestión de la política pública. En este sentido, se han creado una serie de propuestas que buscan la participación ciudadana y el control social. Por ejemplo, se reconocen a las audiencias públicas, cabildos populares, silla vacía, veedurías, observatorios, consejos consultivos, entre otros. Se reconoce a la rendición de cuentas como un derecho ciudadano que se debe exigir a las instituciones públicas que desarrollen actividades de interés público y el libre acceso a la información pública.

La sociedad civil en Ecuador no ha tenido un desarrollo muy intenso en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción en décadas pasadas. En mi opinión han sido otras dinámicas las que han llamado la atención en virtud de las condiciones políticas, sociales y económicas desde el retorno a la democracia en 1979. Tradicionalmente la sociedad civil ha tenido un enfoque social, reivindicativo de las demandas sociales y busca ser ese tercer sector como punto de confluencia y como mediador entre los actores sociales, en particular, del Estado con la sociedad. En consecuencia, no ha sido un objetivo central o primordial de la sociedad civil la integridad y lucha contra la corrupción, sino que la promoción y exigencia de cumplimiento de los derechos humanos han sido un punto por el que se ha destacado la sociedad civil ecuatoriana durante el siglo XX.

Podemos encontrar, por ejemplo, organizaciones como la CEDHU que han surgido para defender los derechos a la vida e integridad física ante graves violaciones a los derechos humanos por parte de organismos estatales como la masacre de AZTRA. Este tipo de casos han revelado que existen otras prioridades que ocupó a la sociedad civil frente a los problemas crónicos de corrupción y la falta de integridad pública, que, dicho sea de paso, se relaciona también como causa y efecto de la vulneración de otros derechos humanos en un sistema democrático injusto económicamente.

Además, es necesario manifestar que también ha sido reconocida la sociedad civil como una institución democratizadora o que fortalece la democracia, esto tras el pasado de dictaduras militares o regímenes totalitarios en la región y en el Ecuador. Inclusive, se ha establecido que la sociedad civil no organizada, ha sido un punto fundamental a partir de la Constitución de 1998 para poder alcanzar impacto en la formulación de las políticas públicas o actuaciones del Estado, en especial, activando procesos organizativos y mecanismos de participación ciudadana. Estos procesos inclusive se han fortalecido con la Constitución del 2008 en la que se dispuso la creación de la Función de Transparencia y Control Social, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o CPCCS en conjunto con una serie de cuerpos normativos para el correcto funcionamiento institucional.

Sin embargo, existieron ciertos señalamientos de que el modelo constitucional existente creó un marco institucional en el que los movimientos y organizaciones sociales estarían estatizados al tener una regulación y control por parte de los organismos del Estado.

Respecto al señalamiento sobre la estatización de la participación ciudadana y las organizaciones sociales según el modelo constitucional se establece lo siguiente:

Esto es especialmente notorio desde el ámbito abierto en el artículo 204, que ubica al pueblo como “mandante y primer fiscalizador del poder público”, lo que aparentemente facilitaría el ejercicio de escenarios potentes de accountability social, esta condición sin embargo es contrarrestada inmediatamente cuando se designa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el organismo encargado de establecer los mecanismos de control social, sobre los cuales la ‘ciudadanía’ ejercerá su acción de vigilancia sobre lo público. Además, en ningún momento se establecen escenarios para lograr algo parecido a ‘representatividad’ de los actores civiles que ejerzan la participación. Las organizaciones sociales, y los colectivos civiles de todo tipo, que acudieron a Montecristi, y que posteriormente dieron su apoyo al texto constitucional (porque lo hicieron desde la gran mayoría), no vacilaron en el peligro de la estatización de los espacios de participación ciudadana, básicamente porque el discurso de la Asamblea/Correa utilizó con mucha habilidad paquetes culturales que finalmente fueron incluidos en el texto de la Constitución, y que al exponerse desde marcos discursivos específicos lograron reducir (gruesamente) todo el debate relacionado con sociedad civil y participación ciudadana en significantes gruesos, cuyo significado específico no será claro en la Constitución (sería claro en las leyes debatidas a posteriori para las cuales ya no se contaría con el apoyo de las organizaciones sociales).

Sin embargo, existen otros espacios que deben ser valorados no solo desde el punto de vista central y político, sino desde el impacto de los diversos mecanismos de participación ciudadana y control social, por ejemplo, desde los gobiernos autónomos descentralizados en el que la aplicación de veedurías, comisiones, silla vacía, entre otros mecanismos, permiten que la ciudadanía se involucre más en lo público al amparo del CPCCS y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuestión que en tiempos anteriores dependía del mediatismo y la buena voluntad de las autoridades públicas de ese momento. Sin duda, en los últimos años en el Ecuador ha existido un desgaste de la participación ciudadana por proceso transitorios en la designación de las altas autoridades, resultado de la revestida conservadora de actores políticos. Lo que revela la necesidad de recuperar espacios, mejorar y solucionar los errores en la normativa democrática directa para evitar retornar a la democracia representativa.

Un punto relevante es como el CPCCS ha logrado promover la transparencia en la gestión pública mediante las redes ciudadanas de transparencia, brigadas, modelos de territorios transparentes y participativos y el índice de transparencia, proyectos que han tenido un impacto interesante en el marco de la fase preventiva de la corrupción. Incluyendo a diferentes actores de la sociedad civil como voluntarios, estudiantes y sociedad civil organizada, y con un impacto importante en las zonas rurales del Ecuador.

En los últimos años, se han reconocido una serie de organizaciones de la sociedad civil que han buscado enfrentar la corrupción, tal es el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción que realizó una serie de denuncias respecto a los diferentes casos de corrupción durante la gestión del ex Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. La organización actualmente se mantiene y sigue con su rol de investigar y denunciar casos de corrupción, más allá de que algunos miembros se han retirado y han tenido duros cuestionamientos por parte de ciertos sectores políticos y mediáticos.

Otra organización relevante que forma parte de la sociedad civil es Fundación Ciudadanía y Desarrollo la cual ha establecido una serie de mecanismos ciudadanos como el observatorio anticorrupción o del gasto público, que busca fiscalizar la actividad del sector público relacionada con la desviación de fondos o el incumplimiento normativo relacionado con la corrupción. Así mismo, es procedente recalcar que existe otras organizaciones que hacen actividades de control ciudadano sobre lo público. Es preciso señalar que existen otras organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional como GIZ que forman parte de iniciativas para enfrentar la corrupción y que se pueden encontrar adscritas al plan de gobierno abierto del Ecuador como actores en el marco del grupo núcleo y como externos al mismo. Estos ejemplos, demuestran que la sociedad civil organizada es un actor clave para poder prevenir y enfrentar la corrupción

Sector privado y su rol frente a la corrupción.

El rol del sector privado ha ido desarrollándose poco a poco en el Ecuador, ha pasado de una completa inactividad a tener cierto grado de responsabilidad, en virtud de las principales reformas legales que se han dado en el ámbito societario y penal. En el ámbito de societario en el 2020 se ha promulgado la mediante Registro Oficial Especial No. 1076 las normas de buen gobierno corporativo con el objetivo de difundir un conjunto de principios y normas elementales para proteger, entre otros puntos, una administración transparente y responsable, transparentar la información que se derive de la operación y establecer que las actividades de la compañía se manejen de manera correcta y de acuerdo con los estándares éticos. Adoptando un modelo de auto responsabilidad corporativa y siendo opcional para las sociedades el adoptar las normas de buen gobierno corporativo, se espera que estas normas short busquen modificar de alguna manera la cultura corporativa hacia una de cumplimiento, a pesar de que este modelo sea opcional y no obligatorio bajo un criterio focalizado.

Cuestión que intenta construir un rol más activo del sector privado, principalmente constituido por las empresas, para que participen con políticas activas de transparencia y cumplimiento normativo interno en sus gestiones. Una vez que se ha detectado que parte importante de las causas de la corrupción pública conduce a al sector privado, principalmente en materia de contratación pública. No obstante, la adopción de estas políticas depende la voluntariedad de las organizaciones empresariales, por lo que no existe una obligación directa y se espera que poco a poco se vayan adhiriendo a estas prácticas, a pesar de que culturalmente existe un reto importante.

Podemos encontrar que empresas como CARE han implementado de manera pública mecanismos de combate contra la corrupción. En estas políticas incluyen conceptos y mecanismos para evitar la corrupción, así como casos ejemplares para que pueda tener más información los empleados, proveedores o usuarios externos. No obstante, este tipo de mecanismos solo podrán ser implementados por empresas que tengan una economía permisiva, queda aún muchas interrogantes respecto al sector PYME, o por lo menos, a empresas unipersonales y pequeñas que tienen una situación financiera distinta. Así mismo, han existido pronunciamientos por parte de la Cámara de Comercio de Quito desde el año 2018, se ha establecido una comisión que han buscado promover acciones en este ámbito.

En el ámbito penal se ha establecido mediante la promulgación del Código Orgánico Integral Penal en el 2014 el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, mismo que ha sido modificado en el año 2021. En este modelo de responsabilidad, muy próximo al modelo español en esta materia, se ha reconocido como un reto para el derecho penal ecuatoriano. Es así como en el artículo 49 del cuerpo normativo antes mencionado se establece un modelo de independencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto a las personas naturales, un catálogo de delitos que son susceptibles de sanción y el establecimiento de las penas que se le puede imponer. En consecuencia, este modelo atribuye un grado de responsabilidad penal a las personas jurídicas, cuestión que cambió la forma de gestionar una empresa, sobre todo, al incluir al corporate compliance o los modelos de cumplimiento normativo como un requisito que deben incluir las compañías para evitar cometer delitos, y en el caso de cometerlos, que sirva como una atenuante y no como una exención de la responsabilidad penal. Cuestión que ha sido un punto muy controversial en virtud de que en otros modelos se ha reconocido que si el sistema o programa de cumplimiento normativo, agotando toda su capacidad para evitar que se cometa la infracción, se le deba considerar como eximente de la responsabilidad. Así mismo, existe un cuestionamiento sobre la falta de profundidad respecto al defecto de organización empresarial y el buscar generar una sólida cultura de cumplimiento e integridad empresarial.

Por el otro lado, podemos encontrar iniciativas mixtas entre el sector privado y la sociedad civil organizada que buscan fortalecer una cultura de prevención de la corrupción y la integridad corporativa. Es así, como la iniciativa global Alliance for Integrity dirigida por Fundación Esquel, con el apoyo de GIZ que ha logrado que la Federación Nacional de Cámaras de Industrial del Ecuador, Comité Empresarial Ecuatoriano, Cámara de Industrial y Producción, Banco Procredit y Sertecpet se unan a la iniciativa de conformar una red nacional para luchar contra la corrupción en los sectores públicos y privado, impulsando el dialogo y la transparencia.

Así mismo, se han estableció una serie de iniciativas por parte de Pacto Global – Red Ecuador, proyecto vinculado con Naciones Unidas, con la finalidad de incentivar a los diferentes actores de los sectores público, privado y la sociedad civil, para implementar políticas y prácticas relacionadas con los ODS. En este caso, se han establecido la adopción de políticas de transparencia y fortalecimiento de la ética para evitar los conflictos de intereses, así como respecto a los correctos comportamientos, principios, valores y gobierno corporativo, y gestión de las compras públicas. Cuestión que es fundamental para que el sector privado cumpla con un rol más activo y forme parte de las soluciones que necesita el país para enfrentar la corrupción y los incumplimientos normativos que se dan en el sector privado.

Es importante que tanto la sociedad civil como el sector privado tomen en cuenta que también tienen un rol importante para prevenir y luchar contra la corrupción. En particular, la sociedad civil, mediante los diferentes mecanismos e instituciones de participación ciudadana y control social, deben actuar y tener una incidencia relevante para controlar los actos del sector público y privado. Por el otro lado, el sector privado, en especial, las empresas que forman parte de los grandes grupos económicos deben implementar mecanismos encaminados a un buen gobierno corporativo en concordancia con los ODS para evitar ser promotores y parte de la corrupción, más aún, cuando se relacionan con el sector público. En conclusión, queda mucho trabajo que hacer para que los roles se cumplan y se enmarquen a un desarrollo equitativo y democrático, sin duda, con cada caso de corrupción que se procesa existe mayor impulso para que las reformas vayan mejorando los mecanismos de prevención y sanción de la corrupción.

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