Práctica Jurídica

Los “patent trolls” (empresas de inversión que adquieren patentes en vigor pero en desuso o de empresas con dificultades económicas, para obtener licencias sobre las mismas bajo amenaza de costosos pleitos que la titular original sería incapaz de soportar) comienzan sus actividades en Europa, algo que hasta la fecha era un fenómeno exclusivamente de EEUU.

El autor analiza la jurisprudencia más actual sobre las consecuencias del quebrantamiento de la pena de alejamiento, cuando la víctima consiente su incumplimiento.

Se hace un somero recorrido por la reciente regulación de las comunicaciones telefónicas de las personas presas hasta llegar a la implantación del nuevo sistema automatizado impuesto por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Se hace un recorrido por las reacciones a la implantación del nuevo sistema automatizado y el estado actual de la cuestión.

Se trata de un breve repaso a las diferencias entre las tantas veces confundidas figuras de la refundición de condena y la acumulación jurídica.

Se hace un recorrido por el origen histórico de las fuentes del derecho penitenciario sancionador y el largo camino hacia la aplicación de los principios generales recogidos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

El autor analiza la redacción de los artículos del Código Penal que conforman la protección de los animales domésticos y la reciente jurisprudencia que los desarrolla.

La Orden EHA/2444/2007 es la primera regulación existente sobre el modelo de Informe de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo de capitales. Aunque ha habido muchas quejas por parte de los sujetos obligados y de los expertos externos sobre el contenido de la misma, es cierto que va a permitir una homogeneización que hasta ahora era difícil de conseguir.

Los abogados son sujetos obligados de régimen especial por la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Entre sus obligaciones se encuentran informar a las autoridades competentes de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales cuando participan en determinadas transacciones de carácter financiero, sin ser esta obligación contraria al deber de secreto profesional.