Cuando la Ley llegó al Congreso la Transparencia no se iba a aplicar ni a los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, entidades privadas que se financiasen significativamente con fondos públicos, Banco de España y Casa Real. La última ampliación de la Ley a mutuas y subvenciones a partidos, evita la "trampa" de no informar acerca de los fondos que llegan a las formaciones que escapan a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las críticas al texto llegan por el excesivo recurso que hace a restringir información que suponga perjuicio para la seguridad nacional, los intereses económicos, prevención de delitos, secreto profesional, protección del medio ambiente, el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la garantía de la confidencialidad.
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer con los votos de PP, CiU y PNV el dictamen sobre la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, finalmente en el plazo que se habían marcado (mes de julio) de modo que el septiembre comiencen los trabajos que puedan llevar a debatirse, aprobarse y publicarse en 2013.
En plazo, pero en el último momento ayer se aprobó el dictamen de la ponencia de la Ley de Transparencia tras retomar las reuniones de la Comisión Constitucional con todos sus miembros después de que los representantes de la oposición excepto UPyD abandonasen la Comisión hasta que Mariano Rajoy dio una fecha de comparecencia en el Pleno para explicar las revelaciones del "caso Bárcenas". Los representantes del Grupo Parlamentario Socialista, Izquierda Plural y el Grupo Mixto en la ponencia de la Ley de Transparencia abandonaron el 10 de julio la reunión de trabajo que estaba calendarizada, después de que el PP no aceptase la petición formulada por el PSOE de que se aplazaran las sesiones previstas hasta que Mariano Rajoy no compareciese en el Congreso para ofrecer explicaciones sobre el caso Bárcenas y la financiación del PP que de los documentos y las declaraciones se desprende.
En la comisión se han aprobado 32 enmiendas: 15 propuestas del partido socialista que no significan grandes cambios en el texto al ser son muy parecidas a varias presentadas por otras fuerzas políticas que ya se habían incorporado al texto, 6 de CiU, y 11 más transaccionales, pactadas por PP, PNV y CiU.
Las críticas al texto le llegan fundamentalmente por el excesivo recurso que hace a restringir información que suponga un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional, los intereses económicos o comerciales, la prevención de delitos, el secreto profesional, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente, el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la garantía de la confidencialidad.
No ha gustado tampoco la negativa a estructurar un registro de "lobbies" o grupos de influencia, prefiriendo que este aspecto se regule exclusivamente a través de una hipotética reforma del Reglamento de Congreso.
Otro de los puntos que más críticas generó en la Comisión es el relativo al silencio administrativo negativo, ya que ante una solicitud la administración no queda obligada a contestar, ante lo que el solicitante ha de entender que su petición está rechazada.
"La Ley llegó siendo una y sale otra"
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Constitucional ha subrayado que la Ley "ha atravesado un largo, plural y participativo proceso de elaboración como ninguna ley lo había hecho antes". Al hilo de los cambios introducidos en la Ley durante su tramitación parlamentaria, subrayó que el PP heredó un borrador de Ley redactado por el anterior Gobierno del PSOE que ahora se ha hecho "más rico, más ambicioso y más audaz". "La Ley llegó siendo una y sale otra", añadió.
En este sentido, destacó que "cuando esta Ley llegó al Congreso la Transparencia no se iba a aplicar ni a los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, entidades privadas que se financiasen significativamente con fondos públicos, Banco de España y Casa Real, siendo ésta la primera en Europa en someterse a Transparencia".
Además, el portavoz del PP aseguró que "la Transparencia es obligatoria sin perjuicio de la normativa autonómica correspondiente, y se han redefinido varios artículos para que los ciudadanos tengan toda la información administrativa y económica, presupuestaria y estadística como los contratos, convenios y subvenciones".
Todas estas mejoras, explicó que se han hecho negociando con las diferentes fuerzas parlamentarias. Así, resaltó que el PP ha aceptado 21 enmiendas de CiU durante la Ponencia, cinco más en Comisión y 15 más transaccionadas con ellos. En total, el portavoz del PP remarcó que han sido más de 90 las enmiendas de otros partidos aceptadas e incorporadas al texto.
Sobre el Consejo de la Transparencia, el dirigente popular indicó que "éste va a tener una composición equilibrada y funcional", puesto que "se ha garantizado la independencia de su presidente mediante un nombramiento de 5 años con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, no pudiendo ser cesado salvo por las causas marcadas por la Ley".Por último, destacó que el presidente del Consejo estará obligado a comparecer siempre que lo pida la Comisión Constitucional y a elevar al Congreso una memoria anual.
Más aspectos del texto de la Ley de Transparencia
El objeto de la Ley de transparencia, que es ampliar y reforzar la transparencia en la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento, ha ampliado progresivamente los sujetos obligados.
El texto, además, lleva una Ley Orgánica complementaria que se ocupará fundamentalmente de reformas al Código Penal. Cuando la Ley entre en vigor, un año después de que se publique, cualquier ciudadano podrá solicitar la información que desee a las Administraciones Públicas, sin necesidad de motivación y con el único límite de que la petición no en conflicto con otros intereses protegidos. Dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios.
Para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la Ley dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, con un breve plazo de respuesta. En materia de impugnaciones, se ha añadido una reclamación potestativa y previa a la vía contenciosa, ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
Dos últimas ampliaciones
La primera de las ampliaciones trata un cambio en el actual art. 7 c) del Proyecto, que circunscribe la obligación de transparencia de los partidos al dinero que les llegue de fuera sólo si encaja en el ámbito subjetivo de la Ley de Subvenciones, de esta manera:
"Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título (Transparencia de la actividad pública, publicidad activa) deberán hacer pública la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Se entienden incluidas las subvenciones y ayudas reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones."
La enmienda aceptada implica que este apartado c) ampliaría su espectro a todo el dinero que entra, sin necesidad de que encaje en la Ley de Subvenciones. El apartado c) sólo dirá (a la espera del debeta parlamentario) "Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad, beneficiarios".
Para UPyD, esto "permite evitar problemas de interpretación sobre si las subvenciones a las que se refiere el precepto serían únicamente las reguladas en la Ley General de Subvenciones o también cualesquiera ayudas o subvenciones, incluidas también las subvenciones a grupos parlamentarios, partidos políticos y sus fundaciones".
La segunda ampliación del ámbito de la Ley es a través de la enmienda admitida que afecta al art. 2.1 b) del Proyecto, el cual sujeta a las obligaciones de transparencia a las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. Ahora se amplía a las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Ello se propuso tras la comparecencia en la Comisión Constitucional del Presidente del Tribunal de Cuentas en febrero cuando indicó la conveniencia de incrementar la transparencia en la gestión de aquellas entidades de naturaleza privada que reciban significativos volúmenes de fondos públicos, y cuya actividad tenga interés público o repercusión social.
En este sentido, dentro del Plan Nacional de Reformas se incluye expresamente el compromiso de reformar las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para dotar de mayor seguridad jurídica a estas entidades, y articular un régimen económico equilibrado, transparente y eficiente, que mejore sus funciones gestoras, de manera que contribuyan a reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, mejorar la productividad y reducir el absentismo laboral.
