Si el calendario preestablecido se cumple, a la vuelta del verano se tramitarán reformas del Código Penal que endurecerían las penas relacionadas con el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos efectivos, la corrupción política -dando un tratamiento penal actualizado a la prevaricación- , el tráfico de influencias, la financiación ilegal de los partidos -que hasta ahora tenía un tratamiento esencialmente administrativo y se una a una reforma de la Ley de Financiación de partidos- la apropiación indebida, el cohecho, la malversación de caudales públicos, los delitos urbanísticos, la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos de sus cuentas y patrimonio social.
Son varias las reformas con tinte anti-corrupción en las que se está trabajando en Moncloa: reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos; nueva Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas y reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. A ello se une la Ley de Transparencia, que será la más importante de la legislatura por el cambio de dinámicas profunda que impondrá en el día a día de la administración a todos los niveles y que llevará también reformas en el Código Penal.
Pero es el propio proyecto de reforma del Código Penal, que parecía que había quedado aparcado, lo que parece que irá en alguno de los Consejos de Ministros de septiembre ya que se ha incorporado "a última hora" novedades que se refieren a la financiación ilegal de partidos políticos, con la indudable sombra del caso Bárcenas.
La reforma del Código Penal en el que trabaja el Ministerio de Justicia desde hace más de un año y que ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2012 quedará aprobado "en segunda vuelta" en septiembre y empezará la tramitación parlamentaria.
Las novedades de tinte político son acerca de Administración desleal y apropiación indebida, cohecho y malversación de caudales públicos. En lo concreto, aún se está pactando y cerrado el texto.
Paralelamente, nuevas exigencias de la Ley de Financiación de Partidos se estarían perfilando pasarían por hacer comparecer a los responsables económicos de las formaciones políticas en el Congreso de los Diputados de modo periódico.
La Ley de Financiación de Partidos impondrá, además, la obligación de que las formaciones sean sometidas a una auditoría externa de carácter anual. Para facilitar el control ya no habrá contabilidades locales y regionales de las formaciones políticas, sino que se centralizarán en una sola contabilidad o a nivel nacional para los partidos nacionales, o regional en el caso de los ceñidos a una comunidad autónoma (fundamentalmente nacionalistas). Además, se prohibirán las donaciones anónimas a las fundaciones de los partidos políticos.
Qué establece ahora la Ley de Financiación de Partidos
La Ley de Financiación de Partidos Políticos y la de Régimen Electoral General obligan a los partidos políticos a controlar el importe de las donaciones anuales, que no provengan de empresas con contratos con la Administración Pública y que registren a nivel interno la identidad de los donantes anónimos.
Tampoco pueden recibir dinero de fundaciones o entidades privadas que sean beneficiarias de subvenciones públicas de administraciones controladas por las formaciones políticas. De todos modos, hay un máximo legal de aceptación anual de 100.000 euros en donaciones por donante -ya sea persona física o jurídica-.
En este sentido, toda entrega a título de donación que supere 50.000 euros ha de notificarse al Tribunal de Cuentas. Asimismo, cada mes de junio hay que depositar en dicha institución las cuentas del año terminado; tras cuyo informe hay que hacerlas públicas.
En torno al 85% de la financiación de los partidos procede del Ministerio del Interior, quien les asigna una cantidad económica por cada voto, a la que se suma otro por representante electo. Aparte de ello, los grupos políticos en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos son receptores de subvenciones de las asambleas regionales y los consistorios. Asimismo, durante las campañas electorales varias de las acciones son sufragadas por la administración pública.
