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24/07/2024. 14:02:43

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Qué es el delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos

La reciente reforma del delito de malversación ha creado cierto malestar ante la posibilidad de que la corrupción salga «más barata». Para intentar acallar las críticas, se ha introducido un nuevo delito para castigar el «enriquecimiento ilícito», el artículo 438 bis del Código Penal.

Según reza en este nuevo artículo, sería delito obtener un incremento patrimonial de más de 250.000€ sobre los ingresos acreditados durante el desempeño de un cargo público o durante los cinco años siguientes.

La clave para juzgar a alguien por este delito estaría en no aportar justificación alguna de este incremento patrimonial, es decir, que se trataría de un enriquecimiento no justificado por los ingresos acreditados durante el desempeño del cargo.

La pena por enriquecimiento ilícito será de un mínimo de 6 meses de prisión hasta un máximo de 3 años, y una multa del triple del enriquecimiento no justificado. El culpable del delito también quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un periodo mínimo de 2 años (máx. 7 años).

Hasta ahora, para condenar a alguien por corrupción, no era suficiente con demostrar que se había producido un enriquecimiento, sino que había que demostrar su origen ilícito, ya sea la malversación, el tráfico de influencias, o cualquier otro delito.

A partir de ahora, el hecho penal no es el enriquecimiento, sino no acreditar el origen, que se entendería, por tanto, que sería ilícito. Esto supone un salto cualitativo en la persecución de la corrupción en España, ya que, según algunos, supone la inversión de la carga de la prueba y la presunción de culpabilidad.

Pero según otros expertos en casos penales, esta reforma respeta plenamente el derecho de defensa, ya que el investigado debería ser capaz de demostrar fácilmente la licitud del origen del enriquecimiento y desmontar la acusación.

Esta reforma del Código Penal se enmarca en un intento de reforzar la lucha contra la corrupción desde un punto de vista penal, un tema que, por desgracia, está de nuevo de actualidad con las investigaciones policiales sobre el caso Mediador.

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