El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el art. 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por la disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Traslado de las actuaciones
El Tribunal acuerda dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a la Fiscal General del Estado, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. Asimismo, se comunica a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que el proceso queda suspendido hasta que el TC resuelta definitivamente la cuestión de inconstitucionalidad. Los jueces del tribunal autonómico de Aragón consideran que se ha podido vulnerar el principio de separación de poderes establecido en los arts. 106.1 y 117.3 y 4 de la Constitución.
De la sentencia que se dicte en su día, será ponente el magistrado Andrés Ollero.
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