Hoy día, vivimos en una sociedad en la que el Sector Público tiene un gran peso en la sociedad, en lo que a incidencia en nuestras vidas se refiere. En efecto, no hay que olvidar que la Administración Pública se encuentra presente en la práctica totalidad de trámites que realizamos en nuestro día a día, pues el mero hecho de consumir una bebida en un local de restauración ya implica el pago de un impuesto, del cual obtendremos cierto retorno en forma de servicio público.
En este sentido, la aparición y consolidación del COVID-19 ha cambiado muchas vertientes de nuestra forma de pensar, así como de nuestra forma de vivir, y como no podía ser de otra manera, las Administraciones Públicas se han enfrentado a nuevos retos hasta ahora no planteados, lo que ha supuesto un giro de 360 grados en las preocupaciones y retos que el Sector Público ha de afrontar.
Por ello, el año 2022 se avecina lleno de retos y novedades en el ámbito del Sector Público. Y es que los expertos en Derecho Público coincidimos en los retos y novedades que se van a dar en este sector, siendo los más relevantes los que a continuación exponemos.
1.- Fomentar la transparencia e integridad del Sector Público
Uno de los mayores temores de la ciudadanía frente a la Administración Pública,es la percepción del procedimiento administrativo y de las personas que lo tramitan como poco transparente e íntegro.
En efecto, existe una creencia generalizada en la población consistente en pensar que lo que pasa en el seno de un procedimiento administrativo, sucede por intereses personales o económicos de los tramitadores del mismo. En otras palabras, existe el temor de que se denieguen nuestras peticiones por prácticas corruptas, o bien por carecer de relevancia pública o económica.
En este sentido, los expertos en la materia coincidimos en que debe fomentarse una estrategia global de prevención y lucha contra la corrupción, debe acometerse una reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que facilite la obtención de información pública veraz, y que proteja eficazmente al denunciante de una situación ilegal en el Sector Público.
2.- Fomentar y finalizar la Transformación Digital
Si bien nos encontramos con un reto para nada novedoso, pues la Transformación Digital siempre ha sido de las mayores preocupaciones de las Administraciones Públicas, no ha sido hasta la llegada del COVID-19 y sus obligados confinamientos y restricciones, que este extremo se ha convertido en una prioridad. Por ello, los expertos en Derecho Público coincidimos en la urgencia de fomentar la digitalización en el ámbito de las Administraciones Públicas, lo que permitiría un ahorro no sólo en los costes del procedimiento, sino también en el tiempo de tramitación del mismo.
A este respecto, si que es necesario aclarar que digitalizar la Administración Pública no consiste solamente en eliminar el formato físico para pasar al formato digital, manteniendo los mismos estándares burocráticos de antaño, sino que resulta imperativo fomentar las plataformas electrónicas intuitivas, al alcance de cualquier ciudadano, así como permitir su acceso fácil y rápido a los mismos, sin olvidar la necesidad de establecer protocolos de autentificación y seguridad que impidan el uso o la usurpación de datos personales para fines ilegales.
3.- La Administración Pública debe estar orientada hacia el ciudadano.
Como ya decíamos, la Administración Pública debe ser accesible e intuitiva para el ciudadano, siendo imperativo que los servicios digitales de las administraciones públicas sean sencillos e intuitivos de usar, permitiendo que cualquier ciudadano sea capaz de superar las dificultades de un sistema político-legal complejo, como es el sistema de las autonomías, pues no hay que olvidar que cada Comunidad Autónoma, así como cualquier Entidad Local tienen diferentes exigencias y formas de acceso y trámite del procedimiento en función de la administración de que se trate.
4.- Transformación del modelo de Empleo público
Una de las mayores trabas del Sector Público, es el modelo de Empleo Público actual, que está basado en la pura memorización y obtención de una plaza “de por vida”, por parte del funcionario, el cual parece estar absolutamente exento de responsabilidad por las negligencias cometidas, así como por las demoras causadas por la burocracia existente en los procedimientos.
De esta manera, es necesario abordar la digitalización no solo del procedimiento administrativo, sino también del personal de la Administración, quien deberá no solamente dominar las herramientas digitales para adaptarse a los tiempos modernos, sino también contar con una serie de cualidades, tales como el pensamiento crítico, el abandono del amor por la burocracia innecesaria, y el trabajo en equipo,
Prueba de todo lo expuesto, es la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual ya ha sufrido varias reformas ampliamente criticadas por los expertos en el Sector Público, pues de nada sirve la regulación sin acción.
