Práctica Jurídica

La proliferación en España de regulaciones que van más allá de la conservación o desarrollo de los antes denominados derechos forales, hace que en ocasiones sea aconsejable, a modo de derecho comparado, el recurso a los diferentes derechos autonómicos para resolver problemas o "dar ideas". Se propone como ejemplo la regulación de la propiedad horizontal en Cataluña realizada por el Libro V del Código Civil Catalán

La aprobación del RD 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje desarrolla las previsiones de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte en esta materia.

Con la publicación del RD 185/2008, de 8 de febrero, se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje, entidad de nueva creación prevista tanto en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 28/2006, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, como en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, con el objeto de asumir "la realización de las actividades materiales de prevención, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, así como la ejecución e impulso de una política de investigación en materia de control del dopaje y de la protección de la salud del deportista".

La doctrina sentada en la STC de los Albertos introduce una interpretación desafortunada del derecho a la tutela judicial efectiva que genera cuando menos dos inconsistencias jurídicas: la primera, una postura sobre la prescripción de los delitos que favorece la impunidad y, correlativamente, una ficticia consecuencia de presunción de inocencia que puede dar lugar a una especie de “efecto boomerang” ante el propio TC; la segunda, un paradójico deseo de los potenciales delincuentes de que la justicia sea tardía para ganar la prescripción de los delitos.

La STC de los Albertos genera inseguridad jurídica y una irrazonable interpretación de la tutela judicial efectiva claramente contradictoria con la jurisprudencia europea y con el propio modus operandi de la jurisdicción constitucional. Por ello, existen serios motivos para articular una doble reacción jurídica frente a ella: en el caso de las víctimas directas, la presentación de una demanda ante el TEDH; y, en el supuesto de potenciales perjudicados (supuestos similares en estado de litispendencia), la invocación de la jurisprudencia del Pleno del TC sobre la materia anterior a 2005 con apoyo a su vez en la jurisprudencia del TEDH.

A pesar de algunas contradicciones en su literalidad, la Ley 57/1968 parece estar articulando medidas para garantizar al comprador de una vivienda, no sólo el inicio y terminación de las obras en la fecha pactada, sino también la entrega de la vivienda en plazo. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, amplió esta protección a la construcción de toda clase de viviendas.

El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo). Con ella se establece un marco jurídico con el que el Gobierno pretende dar respuesta a una situación que en el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de diciembre, se perfilaba como uno de los principales problemas de los españoles: el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto 1371/2007, el Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB-HR) que completa el Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Ministerio de Vivienda en marzo de 2006. Su aplicación está pensada para poner fin a las molestias por ruidos generados tanto en el exterior como en el interior de las viviendas, molestias que actualmente padecen casi un tercio de los hogares españoles y que son causantes de patologías como el trastorno del sueño, pérdida de atención y rendimiento, o cambios de conducta

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de Modernización del Mercado Hipotecario y de Regulación del Régimen de las Hipotecas Inversas. El mercado hipotecario es uno de los segmentos del sistema financiero con mayor influencia en la estabilidad macroeconómica y financiera. De su funcionamiento depende la financiación de la vivienda.