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Revista Unión Europea Aranzadi

El mes de febrero en Bruselas

El mes de febrero

I. Justicia

1. Creación de un nuevo comité en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado una Decisión por la que se nombra a los miembros del Comité mencionado en el artículo 3.3 del anexo I del Protocolo sobre el Estatuto del TJCE. Dicho artículo dispone que se constituirá un comité compuesto por siete personalidades elegidas entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y juristas de reconocida competencia. En virtud de esta disposición, el Consejo decidirá la designación de los miembros de dicho comité por mayoría cualificada, previa recomendación del presidente del Tribunal de Justicia. Entre los miembros del nuevo Comité se encuentra el español Rafael García-Valdecasas y Fernández.

II. Fondos comunitarios

1. La Comisión Europea aprueba la concesión de ayudas para trabajadores españoles de la industria automovilística con cargo al fondo comunitario FEAG

La Comisión Europea ha aprobado una solicitud de España para obtener ayuda con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).
Esta solicitud será ahora enviada al Parlamento y al Consejo, que tendrán que aprobar la liberación de los fondos. La solicitud -por un importe de 1.694.300 de euros- fue enviada tras el despido de 1.082 trabajadores por tres fabricantes de automóviles y por nueve fabricantes de repuestos para automóviles con sede en dos comunidades autónomas españolas vecinas: Castilla y León y Aragón. El coste total estimado del paquete de ayudas del FEAG es de 3,4 millones de euros, de los cuales se ha pedido a la Comisión Europea que financie la mitad. La financiación se destinará a ayudar a los 368 trabajadores despedidos más afectados para que encuentren un nuevo empleo. Los despidos son consecuencia directa de la deslocalización de la producción hacia terceros países (Marruecos, Turquía y Taiwán).

III. Infracciones

1. La Comisión actúa para garantizar que España aplique la normativa de la UE en materia de Derecho de sociedades y gobernanza empresarial

La Comisión Europea ha decidido presentar un recurso de incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber incorporado a su ordenamiento jurídico la Directiva 2006/68 que simplifica la formación, mantenimiento y modificación del capital de las sociedades.

El objetivo de la Directiva es facilitar la concentración de capitales y la reestructuración del capital de las sociedades anónimas. Asimismo, permite en determinadas condiciones que los Estados miembros eximan a estas sociedades del cumplimiento de requisitos de información. Se establecen también para los casos de reducción de capital salvaguardias uniformes a favor de los acreedores. El plazo para la transposición de la Directiva finalizó en abril de 2008.

2. La Comisión envía a España un requerimiento en relación con la ausencia de medidas de protección de la naturaleza

La Comisión ha remitido un último requerimiento escrito a España que, según la institución comunitaria, no ha aplicado la legislación de la UE pertinente en materia de protección de la naturaleza tras la ampliación del aeropuerto de Barajas. Se trata concretamente de la falta de adopción de las disposiciones suplementarias prometidas por España para atenuar los efectos de la ampliación en un espacio que se integra en la red Natura 2000.  Asimismo, se ha enviado requerimiento a España por no haber designado un número suficiente de zonas protegidas en las Islas Canarias.

3. Irregularidades en los permisos industriales: procedimiento de infracción contra España

La Comisión Europea ha decidido iniciar un procedimiento de infracción contra diez Estados miembros por no haber expedido nuevos permisos o actualizado los ya existentes para más de 4.000 instalaciones industriales que se hallan en funcionamiento en diferentes partes de Europa. España, que ya fue emplazada el pasado mes de mayo, recibe ahora un último requerimiento. Las infracciones detectadas afectan a la Directiva 61/1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, cuyo objetivo es, como su título indica, prevenir y controlar las emisiones industriales que contaminan el aire, las aguas y el suelo. La Directiva disponía que, a más tardar el 30 de octubre de 2007, los Estados miembros expidieran nuevos permisos -o revisaran y, en caso necesario, actualizaran los ya existentes- para todas las instalaciones industriales en funcionamiento con anterioridad al 30 de octubre de 1999.

4. Niveles de partículas en suspensión: procedimiento de infracción contra España

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra diez Estados miembros (entre ellos España) por incumplir las normas comunitarias de calidad del aire que regulan los niveles de las partículas en suspensión peligrosas, conocidas como PM10. La Comisión emprende esta acción tras la entrada en vigor el pasado mes de junio de la Directiva 2008/50 sobre calidad del aire ambiente, que permite a los Estados miembros solicitar en determinadas condiciones y para zonas concretas de su territorio una prórroga limitada del plazo fijado para ajustarse a los niveles de PM10 que se encuentran en vigor desde 2005. Tras la petición de información enviada a los Estados miembros el pasado mes de junio, la Comisión ha remitido una primera carta de emplazamiento a cada uno de los diez Estados miembros que siguen sin cumplir los valores límite de PM10 vigentes desde el 1 de enero de 2005. En las cartas de emplazamiento se denuncia casos de superación de esos límites que afectan a 83 millones de personas en 132 zonas de calidad del aire diferentes.

IV. Jurisprudencia

1. Incompatibilidad con la normativa comunitaria de decisiones judiciales a favor de un pacto de arbitraje (TJCE 2009, 22)

En su sentencia recaída en el asunto C-185/07, el Tribunal de Justicia ha señalado que una orden conminatoria dirigida a prohibir a una persona entablar o proseguir un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro por considerar que tal procedimiento va en contra de un pacto de arbitraje, es incompatible con el Reglamento 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

En agosto de 2000, el Front Comor, buque propiedad de West Tankers y fletado por Erg Petroli SpA, provocó daños al colisionar en Siracusa (Italia) con un embarcadero propiedad de Erg. El contrato de fletamento estaba sujeto a Derecho inglés y contenía una cláusula de sumisión a un procedimiento arbitral

en Londres. Erg se dirigió a sus aseguradores, Allianz y Generali, para solicitar una indemnización hasta el límite cubierto por su seguro e inició, en Londres, un procedimiento de arbitraje contra West Tankers en cuanto al resto.West Tankers negó su responsabilidad por los daños causados por la colisión. Tras pagar a Erg, con arreglo a las pólizas de seguro, la indemnización por el perjuicio que había sufrido, Allianz y Generali interpusieron un recurso contra West Tankers ante un órgano jurisdiccional en Siracusa a fin de reclamar las cantidades que habían pagado a Erg. West Tankers planteó una excepción de incompetencia de dicho órgano jurisdiccional basada en la existencia del pacto de arbitraje. Paralelamente, West Tankers inició un procedimiento ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido para solicitar que se sometiera el litigio al arbitraje estipulado en el contrato de fletamento. Además, West Tankers solicitó que se prohibiera a ambas aseguradoras instar un procedimiento que no fuera el de arbitraje y proseguir el procedimiento entablado ante el órgano jurisdiccional italiano. La House of Lords, que conoce del litigio en sede de apelación en el Reino Unido, pidió al Tribunal de Justicia que dilucidara si el mencionado Reglamento comunitario impide a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro prohibir a una persona iniciar o proseguir un procedimiento judicial en otro Estado miembro debido a que tal procedimiento incumple un pacto de arbitraje, cuando el arbitraje está excluido del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. En su sentencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que la orden conminatoria solicitada por West Tankers en el Reino Unido, cuyo objetivo consiste en poner fin a un procedimiento judicial en Siracusa, obstaculizaría el ejercicio de las facultades que el Reglamento confiere a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro.

V. Finanzas públicas

1. La Comisión evalúa los programas de estabilidad o convergencia de varios Estados miembros, entre ellos España

En el contexto actual de recesión económica, se ha estimado que las planificaciones presupuestarias se han deteriorado de forma acusada en 2008 y seguirán deteriorándose en 2009 en varios Estados miembros, entre ellos España. Partiendo de esta conclusión, la Comisión Europea ha remitido tres recomendaciones a España, a saber: a) aplicar las medidas anunciadas para seguir el Plan Europeo de Recuperación Económica y realizar el ajuste estructural planeado en 2010 y en años posteriores, respaldándolo con medidas reales, y reforzar el ritmo de consolidación fiscal si las condiciones cíclicas mejoran en relación con lo previsto; b) mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas a través de la puesta en práctica de medida  destinadas a reducir el aumento del gasto; y c) asegurar que las medidas de consolidación fiscal estén asimismo destinadas a mejorar la calidad de la finanzas públicas según está previsto en vista del ajuste de la economía requerido para hacer frente a los desequilibrios existentes.

Esta colaboración se incluye en la Revista Unión Europea Aranzadi del mes de marzo de 2009

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