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01/07/2020. 07:08:43

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Cambio Climático, coronavirus y obsolescencia normativa

Abogado
Consultor ad honorem
Cátedra UNESCO de Ciencia Política y Administrativa Comparada

En España somos muy dados a mirarnos el ombligo. La política nacional y los deportes engrosan un gran porcentaje del contenido de nuestras noticias. Sin embargo, a veces, irrumpen otras noticias que parecen ponernos con los pies en el suelo y, por si de algo sirviese, elevar el grito al cielo.

Efecto invernadero

Estos días el coronavirus ocupa todo el espacio informativo, entre otros motivos, porque la crisis del virus de Wuhan es impredecible y ya ha llegado a España con penosas consecuencias. Se hace realmente complicado ciertamente referirse  otros asuntos. Hace unos días saltó una noticia a la palestra importante: los jueces rechazaban la ampliación del aeropuerto de Heathrow invocando la crisis climática. El Tribunal afirmaba que la ampliación del aeropuerto no podía seguir adelante, porque el gobierno del Reino Unido no tuvo en cuenta sus compromisos del Acuerdo de París, que obliga a los gobiernos a aplicar políticas para reducir las emisiones de gases y detener el aumento de temperaturas por debajo de 2ºC (respecto a las de la época preindustrial) y proseguir los esfuerzos para que no supere 1,5ºC.
Cuando el Acuerdo de París parecía transitar sin pena ni gloria, tras las fallidas COP de Marrakech, Bonn, Katowice y de Chile en Madrid, vuelve a la palestra e irrumpe con fuerza, puesto que es la primera sentencia que muestra que el Acuerdo puede ser invocado y empleado en los tribunales, lo que podría influir en otros proyectos previstos en Europa.
Este precedente judicial es una muestra más de la trascendencia crucial que está adquiriendo la litigación climática a nivel internacional. Volviendo a nuestro ombligo, tal sentencia nos pone de relieve posibles vulnerabilidades nuestras y que tenemos muchas tareas en relación con la transición energética, pendientes de abordar. Por cierto, el sistema británico cuenta con una Ley de Cambio Climático desde el año 2008, concretamente, la Climate Change Act, mientras que nosotros con doce años de diferencia, seguimos enfangados con la redacción de la nuestra, pese a que el Gobierno prometió remitir al Parlamento el Proyecto durante los cien primeros días de Gobierno. Nuestros barbechos legislativos y nuestras fiestas electorales pueden tener un coste incalculable a futuro.

La normativa actual del sector eléctrico de los años 2013-2014 se centra en la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico y no tiene en cuenta ni la transición energética, ni la descarbonización de la economía y a la vista de los hechos, ha fenecido por obsolescencia acelerada, cuanto menos, o, como reclama algún autor, por chocar de modo sobrevenido con nuestros compromisos, la legislación y los Acuerdos internacionales. Urge su revisión.
Mientras tanto, la Comisión Europea acaba de presentar el borrador de la primera ley climática de la UE, en la que establece el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y el movimiento de la litigación climática internacional cada vez está cobrando más fuerza y podría replicarse en España, no solo como una herramienta de gobernanza climática, sino como un fenómeno judicial, lo que económicamente puede salirnos caro con nuestro obsoleto marco normativo. El caso Urgenda, en el que el Tribunal Supremo de Holanda confirmó que el gobierno de este país debe tener en cuenta el riesgo que representa el cambio climático y los graves impactos que puede tener en derechos fundamentales como el derecho a la vida, parece que no va a ser un caso aislado en Europa. Tal tipo de litigación puede resultar letal con un marco normativo tan complejo y obsoleto, como es el nuestro, y cuando aún tenemos pendientes arbitrajes internacionales del ajuste de los años 2013-2014 en materia de retribución de energías renovables.
Es evidente, que estamos en un tiempo nuevo, donde la descarbonización de la economía, la transición energética y la gobernanza climática deben ser la brújula de nuestra política energética. Parafraseando a García Márquez, las tres son tan, relativamente, recientes, que muchas cosas carecen de nombre, y para mencionarlas hay que señalarlas con el dedo, pero España, normativamente hablando, tiene muchas tareas por hacer en materia energética y ya no debiera bastar que nos conformemos en señalarlas con el dedo. No ponernos pronto en la senda de descarbonizar la economía puede ser para España un incalculable error, además de precipitarnos una situación más que vulnerable. En cualquier caso, el COVID-19 ha irrumpido con fuerza en este tablero, se ha convertido en algo más que una penosa circunstancia, una pandemia en toda regla que nos hacer replantearnos todas las iniciativas políticas. En este orden de cosas, no resulta baladí preguntarse si el cambio climático y las políticas para su contención pueden pasar a segundo plano hasta nuevo aviso.

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