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05/02/2023. 12:48:30

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Eficiencia energética: España bajo la amenaza de una sanción europea

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España se enfrenta a un nuevo proceso de infracción, al no haber cumplido en plazo las exigencias de Bruselas. Ahora tiene hasta el 22 de septiembre para acreditar su plan de acción para ahorrar el 20% de energía en 2020.

Eficiencia energética

La ambiciosa Directiva europea 2012/27/UE sobre eficiencia energética de 4 de diciembre de 2012 prometía cumplir los objetivos de la famosa política "20-20-20": una reducción de un 20% de emisiones de gases de efecto invernadero, una disminución del 20% en el consumo de energía y alcanzar un 20% de energías renovables, todo ello en el año 2020. Ahora bien, 24 miembros de la Unión Europea, entre ellos España, Francia y Alemania, no han transpuesto la norma comunitaria a su legislación nacional.

Los estados contaban hasta el 5 de junio de 2014 para cumplir con sus obligaciones. Antes de esa fecha, tan sólo cuatro países (Chipre, Italia, Malta y Suecia) hicieron los deberes a tiempo. Así las cosas, el pasado 22 de julio, la Comisión Europea envió a los 24 estados restantes unas cartas de emplazamiento, en las que les ofrecía un período de dos meses para atenerse a la normativa europea. En caso de que los estados no se pongan manos a la obra, la institución de Bruselas podrá recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el objeto de imponer sanciones.

Desde este toque de atención, únicamente Dinamarca ha respetado el mandato de la UE.  España, por su parte, ha aplicado algunas medidas mediante la adopción del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética y un sistema de obligaciones para garantizar el ahorro de energía.

Un proyecto de directiva mal encaminado

Para explicar este estancamiento legislativo se pueden formular varios supuestos. El primero es que, desde siempre, las cuestiones medioambientales no han sido prioritarias para los estados en sus agendas nacionales. Este hecho se agrava dado que, desde hace varios años, la capacidad inversora necesaria para lograr estos objetivos se encuentra limitada por la crisis económica en el viejo continente. 

El segundo se debe a la batallada gestión de este proyecto de directiva. Y es que, durante las negociaciones, los estados miembros han conseguido reducir al mínimo los objetivos vinculantes, así como la omisión de cualquier tipo de sanción en caso de no presentar un plan nacional de medidas y de financiación antes de la fecha límite.

También conviene destacar que la actitud de la propia Comisión fue bastante desconcertante: tomando nota de los retrasos y las dificultades de aplicación por parte de los estados miembros, la autoridad comunitaria celebró una consulta pública sobre la normativa con el fin de cambiar algunas cosas. La cuestión es que, para sorpresa de los socios europeos, esta iniciativa se celebró en el último momento, justo cuando iba a entrar en vigor la directiva y debía de ser incorporada como tal a la legislación nacional antes de junio de 2014.

Una cuestión de autoridad, de diplomacia y de economía

La Comisión no puede dejar que esta directiva no se adopte o se culmine de forma incompleta, ya que los retos que representa son fundamentales para su futuro

El primer reto tendría un carácter esencialmente político y concierne a la propia credibilidad de las instituciones, pues tras el fracaso de la Estrategia de Lisboa, cuyo objetivo era hacer de Europa "la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo", la UE debe mantener sus compromisos de bandera.

Esta directiva también esconde un segundo reto de naturaleza geoestratégica: la reducción de la dependencia energética exterior. Se calcula que cada año la UE gasta, más o menos, 500 mil millones de euros en abastecimiento, siendo el ahorro de energía un factor determinante de competitividad y estabilidad.

El tema resulta especialmente candente teniendo en cuenta el contexto de preocupación por la seguridad energética tras las desavenencias con el principal suministrador de gas y petróleo del Continente, Rusia, a causa del conflicto con Ucrania.

Por último, existe un reto económico. Si bien la inversión inicial es costosa, contando sólo con la optimización del rendimiento energético de los edificios recogida en esta norma, se conseguiría una plusvalía de hasta 44 millones de euros, según los expertos.

Del mismo modo, tal y como indica el presidente de N2E, Coalición para un Nuevo Modelo de Negocio Energético en España, Javier García Breva, la aplicación de esta directiva generaría "hasta veinte nichos de negocio que suponen en la práctica nuevas especializaciones productivas y actividades económicas derivadas de la aplicación de los distintos artículos que comprende la nueva norma europea".

De esta manera, este es un tema sumamente importante para España, que además ha acatado más de una advertencia de Bruselas por cuestiones similares. Sin ir más lejos, la apertura de este procedimiento sancionador tiene lugar pocos meses después de que el TJUE impusiera una condena por no adoptar a tiempo la normativa para mejorar la eficiencia energética en edificaciones.

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