Quien nos lo iba a decir. Después de tantos años y tantos escándalos de corrupción que han castigado y denostado a nuestras administraciones públicas, una simple Orden ministerial -Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-, iba a ser el detonante para empezar a hablar en el ámbito del sector público de planes antifraude, canales de denuncias, códigos éticos, procedimientos para tratar conflictos de intereses y toda una serie de herramientas en materia de integridad.
El tema de la corrupción es realmente complejo y las especiales connotaciones que presenta en el ámbito del sector público lo complican aún más. Por un lado, parece necesario puntualizar que los importantes casos de corrupción que hemos vivido en nuestro país y que han afectado a ingentes cantidades de fondos públicos no permiten sin más hablar de “administraciones corruptas”. De hecho, en España resulta inusual la corrupción directa que tiene que ver con el pago de sobornos para acceder a los servicios públicos, tal y como evidencian los informes sobre corrupción en el ámbito de la Unión Europea que anualmente elabora la organización Transparencia Internacional. El problema, al menos en nuestro país, se localiza en el ámbito más próximo al de la toma de decisiones públicas, donde resulta relativamente sencillo que puedan tomarse acuerdos que se desvíen del interés general, beneficiando a unos pocos. En un editorial publicado en el New York Times, abordando el tema de la corrupción en España, apuntaba a esta cuestión, al señalar que la misma «es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales, en donde muchos de ellos pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta«: “Durante un almuerzo pueden decidir qué vas a hacer con 100 millones de euros«.
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