El acuerdo alcanzado por los Veintisiete el pasado lunes ha permitido que España pueda beneficiarse del fondo de recuperación creado por la Unión Europea, y tener acceso a un crédito de 140.000 millones de euros -72.700 millones de los cuales son a fondo perdido- para poder paliar los efectos económicos del COVID-19. Ahora bien, parece impropio de los países frugales, así como de la propia Unión, que hayan podido acceder a un acuerdo sin contrapartidas ni condiciones que obliguen al Ejecutivo español a acometer, de forma prioritaria, medidas orientadas a garantizar la estabilidad y prosperidad de nuestra economía. Medidas que, de hecho, tradicionalmente han terminado por afectar al mercado laboral de nuestro país.
Y es que una pregunta revolotea las cabezas de trabajadores y empresarios por igual: ¿Tiene el acuerdo alcanzado letra pequeña? Y en concreto, ¿Peligra la contrarreforma laboral prometida por el Gobierno? ¿Qué sucederá con las pensiones?
La respuesta aparente debería ser que no. El acuerdo alcanzado con la Unión Europea no proscribe expresamente que el Gobierno pueda acometer las reformas legales que estime oportunas. Yolanda Diaz ha querido disipar las dudas, negando que existan “condicionalidades que tengan que ver con las agendas legislativas soberanas de los países”.
Ahora bien, lo cierto es que el documento que recoge el acuerdo sí establece que los países que soliciten ayudas en el marco del Fondo de Recuperación Europea deberán diseñar planes que se ajusten a las recomendaciones de reforma de la Comisión Europea. Además, no es un secreto que la Reforma laboral acometida durante el mandato de Mariano Rajoy ha sido siempre vista con buenos ojos por “Bruselas”, desde donde también se ha advertido repetidamente sobre la necesidad de apuntalar la “sostenibilidad” de las pensiones.
Esta situación ha llevado al Gobierno a alterar sensiblemente el discurso acerca de sus intenciones en el ámbito laboral. De suscribir en mayo un criticado acuerdo con la organización EH Bildu, en el que se prometía una “derogación íntegra” de la Reforma Laboral, ha pasado a reivindicar únicamente la supresión de los “aspectos más lesivos” de la misma Reforma. Una amputación evidente de sus intenciones, que ha reducido la promesa de reforma a los ámbitos del despido objetivo por reiteración de faltas de asistencia al trabajo aun cuando estas fueran justificadas (cuestión ya abordada en febrero mediante la derogación del artículo 52.d) por el Real Decreto-ley 4/2020), la garantía de la ultraactividad del convenio colectivo y la prioridad aplicativa de las mismas normas convencionales de ámbito sectorial frente a las de ámbito empresarial. Y todo ello si es que las medidas acometidas en estos ámbitos pasan el filtro de las recomendaciones de la Comisión Europea.
En otro orden de cosas, en el aire queda el futuro de las pensiones, que, con una “hucha” en caída libre desde 2011 y bajo la sombra de una pirámide demográfica claramente regresiva, se tambalea con la llegada de la generación del “baby boom” a la edad de jubilación. Ante esta perspectiva, y de acuerdo con las propias advertencias emitidas desde Bruselas, es posible que entre nuevamente en juego (y quién sabe si de la mano de nuevas medidas) el factor de sostenibilidad de las pensiones, contenido en el artículo 211 de la Ley General de la Seguridad Social. Este instrumento, que de momento permanece dormido hasta 2023, vincula la cuantía de las pensiones de jubilación a la esperanza de vida en España, lo que, traducido, significa que un aumento de esta última podrá justificar una reducción de la cuantía de las pensiones.
Con todo ello, aunque el acuerdo no contenga ninguna prescripción directa sobre el rumbo que ha de tomar el Ejecutivo y Legislativo español a la hora de legislar, la realidad es que difícilmente se puede negar que el Gobierno habrá de condicionar su política a la garantía de la estabilidad económica y las recomendaciones de reforma que realice la Comisión Europea. Máxime ante la pobre perspectiva que ofrece la situación actual que presenta el mercado y el futuro de las pensiones.
