Práctica Jurídica

Recientemente se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de julio de 2.008, que estima el recurso de casación para la unificación...

El mecanismo de garantía reforzada en la tutela de las trabajadoras embarazadas, así como la efectividad del derecho fundamental hace considerar que se otorgue...

El art. 15.5 ET exige determinadas condiciones para convertir un contrato temporal en fijo por el simple transcurso del tiempo. Entre ellas, las distintas...

En algunas circunstancias un empleado puede acceder a la jubilación mientras mantiene su actividad laboral si reduce su jornada laboral. A esto se le...

Cuando se pregunta qué hacer con el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la presente crisis, la respuesta es automática:...

A lo largo del año 2008, hemos podido comprobar como el Tribunal Supremo ha querido matizar su doctrina respecto a la conexión entre...

El Estatuto del Trabajo Autónomo recoge una cuádruple posibilidad en manos de los trabajadores por cuenta propia para la defensa colectiva de sus intereses. Pero a la hora de la verdad, este abanico de opciones ni es novedoso ni amplio, queda reducido tanto en el caso de los autónomos económicamente dependientes como en el del resto.

El convenio colectivo estatutario es la fuente de derecho de mayor importancia funcional en el marco de nuestro ordenamiento laboral. La determinación de las condiciones de trabajo, viene determinada, en gran medida, por esta norma jurídica y, sin embargo, es la que quizás aporte más complejidad para su especificación. O dicho de otro modo, es frecuente la falta de datos o criterios precisos que permitan elegir el convenio colectivo aplicable a cada caso concreto. Para ello, hemos querido sintetizar los parámetros legales y las pautas a seguir para establecer una breve guía para la determinación del convenio colectivo de aplicación.

Recientemente se ha conocido la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Zaragoza, de fecha 11 de septiembre de 2.008, que estima la demanda interpuesta por el Director General de Trabajo del Gobierno de Aragón contra la Caja de Ahorros de la Inmaculada (en adelante, CAI) declarando que la citada entidad vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades en la promoción profesional de su colectivo femenino.