MADRID (Reuters) – Miles de personas se manifestaron por las calles de Madrid el domingo en defensa de la sanidad pública y contra las medidas del gobierno autonómico para privatizar algunos hospitales y centros medicos.
Entre 40.000 y 50.000 personas, según los organizadores, recorrieron la céntrica calle de Alcalá hasta llegar a la Puerta del Sol, sede del gobierno regional, en una nueva edición de un movimiento conocido como la "marea blanca" por las batas de los facultativos.
"Los planes de privatización están prácticamente hechos, pero la gente no puede pasar y el Gobierno tiene que saber que van a seguir protestando", dijo una trabajadora de un centro de salud de la localidad madrileña de Alcobendas que solo se identificó por las siglas M.A. en unas declaraciones recogidas por medios.
El Gobierno autonómico en manos del Partido Popular ha emprendido la privatización de la gestión de algunos hospitales públicos y centros de salud como parte de las medidas para ahorrar más de 500 millones del presupuesto sanitario público.
Madrid, como las demás comunidades autónomas, tiene un objetivo fijado por el Ejecutivo central de reducir el déficit público autonómico al 0,7 por ciento este año.
La quinta manifestación desde enero – una fase de movilización que siguió a la huelga de cinco semanas de los médicos madrileños en noviembre y diciembre, hasta que entró en vigor el plan de privatización – estaba encabezada por el lema del movimiento: "La sanidad no se vende, se defiende".
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que ha defendido la medida al considerar que mejorará la eficacia de la sanidad, aseguró que la marcha del domingo "tiene menos sentido que nunca".
"Los convocantes de las manifestaciones han hecho que esto vaya girando de una preocupacion que en un principio podía tener su motivo a algo que en realidad es una contestación exclusivamente por motivos políticos o sindicales", dijo a los periodistas.
Esta semana, el Gobierno autonómico dio a conocer los pliegos de condiciones que tendrán que cumplir los adjudicatarios de la gestión de los centros hospitalarios, que han sido rechazadas por los sindicatos médicos.