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Blog Administración Pública

20 de Junio de 2016

Sergio Jiménez

Analista web especialista en Administraciones Públicas

¿Está el exceso de celo matando el gobierno electrónico?

Prácticamente cualquiera que haya hecho un trámite on line con cualquier administración pública habrá pasado por diferentes etapas que van de la pereza al hastío. Desde luego, no es inevitable (hay servicios que funcionan extraordinariamente bien), pero generalmente significa múltiples problemas. Rigidez, incomprensión, imposibilidad de localizar lo que se necesita o cuestiones técnicas son motivos por los que la experiencia de la interacción con la Administración es negativa. Existe todo un rosario de causas para que esto sea así, pero de todos ellos uno de los más importantes es su marco legal de la Administración Electrónica. Y no es que la Ley sea mejor o peor, que es algo que como politólogo me cae lejos, sino a que la manera de crear esta Administración digital dicho contexto en el marco de la ley ha puesto los acentos en las sílabas equivocadas.


El garantismo mató al gobierno digital.

España es un país garantista. Esto lo puede comprobar cualquiera que haya vivido las relaciones con la Administración en el extranjero. Dentro de nuestro sistema la norma se ha centrado en garantizar una igualdad e imparcialidad mediante controles en todos los puntos posibles. En el mundo digital ese garantismo ha centrado la atención en la exigibilidad del cumplimiento del procedimiento, apoyado en la autenticidad, trazabilidad y conservación de las relaciones entre Administración y ciudadanos.  Además, el modelo institucional español ha hecho que casi cada órgano público tenga una sede digital propia y con un lenguaje técnico complejo.

Estos principios lógicos para este tipo de interacción, se plasman en un modelo de identificación vía certificado y firma digital en sedes electrónicas. Garantizar el funcionamiento de este modelo supone una complejidad enorme no siempre bien gestionada.

Los problemas del modelo de Adminsitración electrónica en España

La seguridad digital tiene unas exigencias que van más allá de las del nivel de la Mujer del César. Tiene que ser segura y tiene que parecerlo. En muchos casos estas condiciones no se dan. Para que funcionen las sedes electrónicas es necesario el uso de certificados, cuya principal entidad expedidora no está homologada por los principales navegadores (Mozilla Firefox y, hasta hace poco, Chrome). A esto se suma que muchos certificados no se consideran seguros por su modelo de clave y generan aviso de "Riesgo para seguridad" del usuario en todos los navegadores. Al final, pueden pasar dos cosas: que no tengas ni idea de lo que significa y no sigas con el trámite, o que sepas lo que significa y confíes en que detrás de un certificado digital que es inseguro esté en realidad la Administración y no un hacker.

Además, para que los certificados funcionen tal y como prevé la norma es necesario utilizar la tecnología Java. Esta solución, que inicialmente se aceptó como neutral por los operadores de servicios digitales y navegadores, tras su adquisición por Oracle y algunos problemas de seguridad, tiene su defunción próxima debido al abandono que van a hacer Google Microsoft, lo que amenaza al modelo de firma digital.

Es decir, ni el sistema es seguro ni parece seguro, aunque si complejo.

La proporcionalidad del sistema.

Tenemos un sistema lento y complejo que, encima, no es especialmente seguro. Esto parece más grave aun cuando la aplicación del mismo ha sido indiscriminada y maximalista. Para cualquier trámite hace falta cumplir todas estas condiciones... ¿o no?

Por un lado, tenemos un sistema en el que es necesario tener un certificado digital para prácticamente cualquier servicio on-line. Yo esto lo podría entender cuando se trata de elementos que generan derechos u obligaciones de manera exigible por alguna de las partes y así se desea. Por ejemplo ¿tiene sentido usar un certificado electrónico para pedir un documento que certifique que tu título superior es el equivalente a un Master del Espacio de Bolonia? A mí, realmente, no me lo parece. ¿Qué podría pasar de no hacerlo así? ¿Vale le riesgo real el coste técnico y humano que precisa esta condición?

Si vamos, por ejemplo, a la polémica Ley de Transparencia, nada más que echando un vistazo encontramos portales que han prescindido de la naturaleza procedimental del servicio por defecto. Portales como el de Andalucía, Aragón o Castilla La Mancha, no obligan a que el acceso efectivo a información pública tenga que hacerse exclusivamente por esta vía. Otros como Murcia o La Rioja directamente preguntan si necesitas la respuesta oficial o te vale un correo electrónico. En estos casos para ellos era la misma la ley y nunca me han negado recurrir al procedimiento, si fuera necesario lo haría, pero me ha dado la opción de hacer algo más rápido y sencillo.

Cambiar el enfoque.

 Volviendo a comparaciones con el exterior, en mi experiencia con otros países, abrir negocios o realizar trámites con la Administración no me ha supuesto el uso de certificados, ni de sedes electrónicas.  Simplemente, no hace falta o, mejor dicho, no en todos los casos. Para que la Administración digital funcione en España es necesario:

  • Centrar el sistema en el usuario: no puede ser que para hacer una transacción simple sea posiblemente necesario pasear por dos o tres sedes digitales diferentes entre ministerios, comunidades autónomas
  • Escalar el modelo de seguridad: el Esquema Nacional de Seguridad dibujo diferentes condiciones para los organismos públicos en sus esquemas IT, pero dejó de lado este mismo escalonamiento en lo que se refiere a los ciudadanos.
  • Diferenciar la severidad de los actos administrativos: No es lo mismo pedir un certificado de padrón que pagar impuestos, y no es lógico tener las mismas condiciones de acceso a ambos servicios.
  • Cambiar el modelo de interacción. Es muy positivo dejar claras las condiciones administrativas con toda la letra pequeña a la hora de acceder a un servicio, pero posiblemente la mayoría de los ciudadanos, ni lo necesiten, ni lo entiendan. Simplifiquemos mensajes, presentaciones, ideas y demos la posibilidad de navegar. ¿Alguien se ha leído las condiciones de servicio de iTunes? Yo, desde luego, no, aunque si quisiera, podría hacerlo.


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