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20 de Febrero de 2017

Sergio Jiménez

Analista web especialista en Administraciones Públicas

La accesibilidad es algo que hay que hacer


Recientemente se aprobó la Directiva Europea de Accesibilidad de los Sitios Web y Aplicaciones de Sector Público. La normativa, pendiente ahora de transposición da un plazo de 21 meses a prácticamente todos los órganos y servicios del sector público a adaptar móviles y aplicaciones a unas altas condiciones de usabilidad. El propósito es evidente: facilitar el uso de los medios digitales a las personas con discapacidades de diversa índole.

El principio de accesibilidad web es un viejo acompañante de la web, y especialmente de los servicios públicos. Desde prácticamente los inicios de la regulación de los servicios digitales este tema ha sido tratado de manera omnipresente con diferente nivel de detalle, desarrollo y, especialmente, cumplimiento. Existe no poca legislación a nivel autonómico y estatal que obligan al cumplimiento de estándares de diseño accesibles. El propósito evidente es evitar los supuestos de discriminación de estas personas por una condición específica, no sólo por las evidentes razones morales, sino por el impacto de las tecnologías en la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Si esto es así, y nos acompaña desde 2002, ¿por qué ahora una nueva norma? En primer lugar, porque regular el campo tecnológico no es sencillo y da la sensación de que los diferentes legisladores han ido aprendiendo a valorar la complejidad de regular en un campo tan escurridizo como la tecnología. Nuevos desarrollos, recursos, elementos de diseño, lenguajes y posibilidades hacen que una normativa pueda quedar fácilmente anticuada en tres años. Incluso delegando la función técnica a organismos internacionales (el W3C) puede aligerar la carga, pero difícilmente podía pensar un legislador en 2007 que en 2011 el mercado de las aplicaciones móviles iba a vivir una implosión tan grande como la que tuvo.

Sin embargo, más allá de ir al campo de la norma, difícilmente podemos considerar que los organismos públicos la han llegado a cumplir, incluso la más básica. Y es que tener una página web accesible es costoso y no sólo en dinero. Por un lado, el diseño de interfaces digitales a veces está reñido con la accesibilidad. Por ejemplo, tener un precioso calendario de previsión de fechas para pedir citas puede generar no pocos problemas a un lector para personas con problemas visuales. Esta situación evidentemente no es consciente: lo "bonito" es obvio, pero los problemas técnicos no lo son en absoluto. ¿Quién podría pensar que ese menú tan elegante que se despliega al pasar el ratón encima no podría funcionar para personas que no pueden usar el ratón?

Por otro lado, tener el contenido accesible es costoso, y es algo en lo que la mayoría de la gente no cae. Describir cada imagen, etiquetar apartados y párrafos, integrar el texto de manera lineal, usar palabras siempre como alternativas a otro tipo de contenidos, o audio-describir vídeos, cuesta recursos y formación.

Pero lo que más cuesta de todo esto no es hacerlo, sino entender que la accesibilidad no es un elemento añadido a los servicios públicos digitales. Es muy frecuente que, en el lanzamiento de un nuevo portal, y en la guía de estilo de los mismos, la accesibilidad sea un componente que se recoge. Sin embargo, a lo largo del tiempo, de nuevos contenidos, desarrollos, diseños y soluciones, hace que esa accesibilidad se vea muy mermada. Es decir, el auténtico desafío y cambio del sector público es entender que la web no debe ser además accesible, sino que sólo puede ser accesible.

Esto significa que antes de hacer un diseño y decidir por él, se debe hacer un compromiso inquebrantable de los responsables públicos por una web inclusiva. Un cambio que evite la discriminación de colectivos minoritarios a criterios estéticos supone un cambio profundo porque todos los responsables públicos tienen que pensar también en ellos y ellas.

En segundo lugar, este compromiso debe irrigar a toda la organización. Todas las personas que intervienen en la concepción, diseño, creación, mantenimiento y alimentación de un servicio digital debe saber qué es y qué no es accesible y por qué. Solo de esa manera puede llegar a prever dónde pueden surgir problemas. Esto supone formarles en disciplinas tan variadas como maquetado, diseño web, o incluso escritura.

Por último, hay que entender que este trabajo es un trabajo de todos los días. No sólo es cuestión de ponerlo, y dejarlo. Ni siquiera es un trabajo de poner en marcha y dejar que "la maquinaria digital" impulse un modo de trabajar adaptado a la norma. Los problemas de accesibilidad, la tecnología y la creación de contenidos, avanzan de la mano. ¿Cómo podíamos suponer que, hoy en día una parte muy importante de la comunicación entre personas iba a recaer en los emoticonos? ¿Cómo afecta eso a las personas que no ven bien? El camino de la accesibilidad es un camino que una vez iniciado no se puede dejar de seguir, porque, en caso de hacerlo, sería como no haberlo andado mucho.

Esto significa que las Administraciones y organizaciones del sector público tienen que readaptar su manera de entender la relación con la tecnología. Para ellas (por imperativo ético y, ahora también legal), la tecnología solo debería ser posible cuando sea totalmente inclusiva. En ese orden de cosas, no podemos entender que la accesibilidad es costosa. Sería el equivalente a oír a un cocinero decir que no se lava las manos tras manipular diferentes alimentos porque eso le supone perder tiempo. La accesibilidad es algo irrenunciable para las administraciones porque debería ser algo irrenunciable para toda la ciudadanía.


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