Nuestro Código Penal y nuestro ordenamiento jurídico son insuficientes para luchar contra la trata y proteger a las víctimas. Es necesario que existan herramientas legales para perseguir todos los tipos de trata y reformar la legislación para dar una adecuada protección a las víctimas.
Esa fue la principal conclusión de la mesa redonda con expertas en la jornada ‘Hacia una protección integral de las víctimas de trata’, organizada por la Fundación Abogacía Española y la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE) con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. En ella participaron Mabel Lozano, directora de cine y activista de derechos humanos; Vanessa Casado Caballero, jurista experta en trata de mujeres con fines de explotación sexual y Tania García Sedano, doctora en derecho y magistrada suplente Audiencia Provincial de Madrid.
Mabel Lozano, autora de documentales como Chicas nuevas 24 horas o El proxeneta, fue muy contundente denunciando “la impunidad del proxenetismo”. “Sale muy barato”, añadió. Y por eso exigió “reformas legislativas para que nadie pueda lucrarse con la prostitución de otra persona”, reclamó. “Todas las caras del proxenetismo deben estar perseguidas”. También destacó la importancia de la sensibilización de los jóvenes para que dejen de consumir prostitución o pornografía, que definió como “prostitución 2.0”.
Vanessa Casado se refirió a las lagunas de nuestro Código Penal para combatir la trata. “No define delitos que ya creíamos eliminados de nuestras sociedades, como la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados”, señaló. “Tenemos dificultades para perseguir ciertas formas de trata emergentes y necesitamos herramientas legales para poder perseguirlas”, sentenció.
En el mismo sentido, Tania García Sedano subrayó la necesidad de que “todas las modalidades de explotación estén correctamente tipificadas”. También pidió que se mejorara el sistema de identificación y de protección de las víctimas (con una nueva ley de protección a testigos), que se reconociera la presunción de la minoría de edad y que se contemplaran medidas de reparación del daño.
En la mesa moderada por María Suárez, coordinadora de la APDHE, la magistrada también puso el foco en algunas situaciones que es necesario modificar. En primer lugar, hay que cambiar los estereotipos que tenemos sobre la trata y “ampliar nuestra mirada para dar una respuesta adecuada a este fenómeno”. Y un aspecto en el que incidió especialmente: la necesidad de que haya políticas públicas de prevención y sensibilización.
Casado, por su parte, apostó por la necesidad de implicar a las empresas en esta lucha, como ya sucede en otros estados de nuestro entorno donde “son un elemento central de las leyes contra la esclavitud moderna”. Y también es importante tener un marco jurídico para perseguir a los empresarios y personas jurídicas que se lucran con la trata.
Respecto a la necesidad de una Ley Integral, ambas se mostraron partidarias de integrar todos aspectos que conforman la lucha contra la trata, aunque no sea necesariamente mediante una única ley. Así, Casado insistió en la importancia de contar con “herramientas omnicomprensivas”, mientras que García Sedano subrayó que “el ordenamiento jurídico español merece adaptarse a sus compromisos jurídicos internacionales”, ya sea mediante una ley integral o reformas parciales de las existentes. Y es que la trata, apuntó, “es un fenómeno complejo que requiere una respuesta interdisciplinaria”.
