La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha advertido de que los tribunales de la región se encuentran “ante un colapso en violencia de género” que afecta directamente a las víctimas y que se debe principalmente a la falta de personal. Por ello, ha solicitado, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, “adoptar medidas urgentes, activas y materiales” para que el compromiso institucional contra las agresiones machistas tenga eficacia real.
Astray, mientras sujetaba una copia voluminosa llena de incidencias en la sección de Violencia de Género, ha asegurado que las solicitudes para aumentar la plantilla han sido trasladadas al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a través del secretario de Gobierno y los coordinadores. Sin embargo, ha denunciado que la petición no ha sido “ni contestada ni valorada”.
La magistrada ha advertido de que “el tiempo se nos echa encima” y ha subrayado que en materia de violencia de género “algo que se queda sin atender puede tener una importancia vital”.
Saturación de diligencias y retrasos
En una entrevista concedida a Europa Press, Astray ha explicado que la saturación de diligencias en violencia contra la mujer se debe también al volumen de trabajo que asume esta jurisdicción, que incluye competencias civiles, como las sentencias de divorcio vinculadas a medidas de protección.
Ante el atasco de casos, ha indicado que en las guardias se tramitan las actuaciones más urgentes, pero que las diligencias de prueba pueden demorarse, lo que prolonga el conflicto judicial y la incertidumbre de las víctimas.
Además, las plazas de Violencia de Género presentan un “hándicap” añadido, debido a la necesidad de inmediatez en las actuaciones y al hecho de que los funcionarios se enfrentan a una “ola de detenidos diariamente”, lo que dificulta gestionar el volumen de trabajo.
Aunque Astray ha recordado que ya se han tomado medidas para cubrir vacantes y que la región cuenta con nuevas plazas en la sección de Violencia de Género, ha advertido de que se necesita más dotación de personal.
Según ha señalado, no solo por la nueva estructura de los Tribunales de Instancia, sino porque las plantillas en Castilla-La Mancha llevan años sin dimensionarse adecuadamente, lo que se traduce en escasez de jueces y funcionarios.
En Ciudad Real, por ejemplo, se ha creado una nueva plaza de Violencia de Género, pero sin dotación de plantilla, por lo que se requiere personal especializado para poder optimizarla.
En Toledo, la creación de una segunda plaza ha llegado “con déficit y sobre mínimos”, pese a que debe atender a poblaciones con alto volumen de casos como Illescas, además de los de la capital.
La situación se ha agravado tras bajas recientes de funcionarios, cuya cobertura “no ha sido fácil”, ya que el trabajo en esta jurisdicción implica jornadas prolongadas sin compensación económica, lo que provoca que muchos candidatos eviten estos destinos.
La presidenta también ha señalado problemas en otros partidos judiciales.
En Ocaña, ha advertido de que “hay un gran atasco y la plantilla está pensada en otra época”, lo que impide alcanzar los mínimos necesarios.
En Talavera, el servicio de guardia está sobrepasado en casos de violencia de género, mientras que Guadalajara también necesita una sala de vistas adicional para atender el volumen de procedimientos.
Otro obstáculo para cubrir las plazas es la aparente baja litigiosidad en zonas con menor población, un fenómeno vinculado a la España vaciada.
Esta circunstancia provoca que las nuevas asignaciones de plazas se concentren en grandes ciudades, dejando a la región con puestos muy necesarios que no se benefician de las nuevas creaciones en comparación con otras comunidades autónomas.
Adaptación a los nuevos Tribunales de Instancia
La saturación de los casos llega además en un momento delicado para la justicia castellanomanchega, que atraviesa “un periodo de acoplamiento” por la implantación de los Tribunales de Instancia.
Según ha explicado Astray, este cambio ha generado incidencias organizativas en lugares como Albacete, debido a nuevas asignaciones de tareas y cambios de dirección.
Durante algunas semanas, ha señalado, “los profesionales no sabían ni a quién ni a dónde llamar”, aunque confía en que la situación se vaya estabilizando progresivamente.
No obstante, ha advertido de que “habrá problemas que no podremos solventar si nacemos con una plantilla infradotada”.
Petición de medidas urgentes
Astray ha concluido reclamando “medidas de choque durante unos cuatro meses” para reducir el volumen de asuntos atrasados y ha pedido que el Ministerio de Justicia atienda las necesidades de los tribunales de la región.
