“Imagínate vivir en un apartheid de género, segregada de los hombres”, así describía Emma Bonino la situación que se vivía en Afganistán en 1998, en su llamada a la movilización internacional por las mujeres afganas. La entonces Comisaria Europea de Salud, Protección de los Consumidores y Ayuda Humanitaria, junto a 50 mujeres más de todo el mundo, lanzaba una campaña bajo el lema “Una flor para la mujer de Afganistán” con la que se quería visibilizar la situación de graves y sistemáticas violaciones de derechos que sufrían las mujeres en el país asiático.
Tras 20 años de guerra civil, las mujeres eran víctimas de draconianas normas establecidas por el gobierno Talibán formado en septiembre de 1998 tras la caída de Kabul. Desde entonces, las mujeres afganas estuvieron relegadas a las tareas domésticas, prohibiéndoles trabajar fuera de sus hogares. En la mayoría de sus salidas de casa debían ir acompañadas de un mahram (acompañante masculino), el uso del burka se hizo obligatorio y se les impedía hablar en público. La educación de las niñas, tanto en la escuela como en la universidad, estaba estrictamente prohibida, quedando únicamente algunas madrassas (escuelas de educación religiosa islámica) como opción de educación. La atención sanitaria también se restringía a pocos centros designados para ellas, siempre y cuando hubiera una doctora disponible, ya que médicos varones, en ocasiones, se negaban a atenderlas.
Esta situación de violación flagrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cambió sustancialmente tras la Operación Libertad Duradera y la invasión militar de una coalición aliada que acabó con el gobierno Talibán en 2001. Durante los siguientes 20 años, Afganistán viviría un periodo de transformación sin precedentes que, si bien contó con inmensas dificultades a nivel político, estableció derechos y libertades para las mujeres, reintegrándolas en la vida pública. La aprobación de una nueva constitución y de una Ley para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, acompañado del apoyo de la comunidad internacional, hizo que se consiguiera un 27% de mujeres en el Parlamento, un 21% de mujeres en puestos de servicio civil, que 3,5 millones de niñas se escolarizaran e incluso que la esperanza de vida de las mujeres pasara de 56 a 66 años.
2021 a 2026, un periodo marcado por la violación sistemática, estructural e institucionalizada de DDHH
Pese a los avances de años anteriores, la nueva entrada en Kabul de los talibanes en julio de 2021 retrocedió a las mujeres a la oscuridad de los tiempos. El segundo gobierno de facto Talibán estableció un sistema represivo legalmente institucionalizado, que además de constituir una limitación de derechos fundamentales que afecta a todos los ámbitos de la vida pública y privada, implica una estructura de represión y dominación sostenida que impacta severamente en el ejercicio de derechos y libertades de las mujeres afganas.
Entre las medidas más relevantes de este nuevo periodo destacan las restricciones que eliminan a las mujeres de la vida política, económica y social del país. A las fuertes restricciones de las mujeres al empleo, incluyendo puestos de la administración pública, ONG o la propia ONU, y que limitan su desarrollo personal, profesional y su autonomía económica, se suman las prohibiciones sobre el acceso de niñas y mujeres a la educación secundaria y universitaria, lo que cercena de raíz cualquier futuro académico y profesional. En paralelo, la Ley para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio establece, entre otras cosas, códigos de vestimenta que obliga a las mujeres a cubrir completamente su cuerpo, y limita su movilidad imponiéndolas, de nuevo, ir acompañadas de un mahram.
Más recientemente, la Regulación de Procedimiento Penal de los Tribunales aprobada en enero de 2026 ha establecido un sistema procesal con el que se refuerza el carácter represivo del sistema judicial. Esta Regulación otorga gran discrecionalidad a los jueces, debilitando garantías como el debido proceso y la igualdad ante la ley en detrimento principalmente de las mujeres. En este contexto, las mujeres encuentran limitadas sus posibilidades de denuncia en casos de abusos y violencia de género, donde se castigan únicamente los casos de violencia extrema, y donde aspectos de la vida cotidiana son consideradas faltas penales con condenas severas que pueden incluir castigos corporales para las mujeres.
Este marco normativo consolidado en decretos y regulaciones, y mantenido por el gobierno de facto talibán, constituye un claro ejemplo de apartheid de género. Se trata, por tanto, de una situación análoga a la definición de apartheid recogida en el Estatuto de Roma, donde un sistema institucionalizado de opresión y segregación sistemática se impone sobre otro para mantener su dominación y que, en el caso de Afganistán, encuentra su elemento distintivo en la discriminación por razón de género.
En ese contexto, la ausencia de una incorporación explícita del elemento de género en la definición de apartheid agrava la situación de discriminación de las mujeres. Esta falta de reconocimiento jurídico no solo deja impune a los responsables de las limitaciones institucionales y sistemáticas de derechos fundamentales que sufren la mujeres y niñas de Afganistán, sino que perpetua un vacío legal que dificulta el acceso de estas a una justicia internacional plena.
Ante esta realidad, la respuesta de la comunidad internacional, impulsada por el coraje de mujeres afganas, ha recogido los pronunciamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y del Relator Especial para Afganistán, Richard Bennet, quienes solicitan redoblar los esfuerzos para codificar el apartheid de género incluyéndolo en instrumentos como la futura Convención para la Prevención y el Castigo de los Crímenes contra la Humanidad o el Estatuto de Roma. A estas voces se suma la sociedad civil organizada, con iniciativas como la campaña internacional End Gender Apartheid, o la iniciativaespañola RAGAA (Raise Agaisnt Gender Apartheid en Afghanistan), impulsada por FIBGAR en colaboración con People Help, que busca reconocer esta figura jurídica como medida concreta para promover la protección efectiva y facilitar el acceso a la justicia por la violencia sistemática que sufren mujeres y niñas en Afganistán.
La oposición al régimen Talibán y al apartheid de género instaurado nuevamente debe articularse mediante una estrategia internacional integral que incluya medidas diplomáticas firmes, y que persiga el fortalecimiento de vías de acceso a una justicia efectiva. Solo de este modo las mujeres afganas, víctimas de una vulneración absoluta de sus derechos, podrán contar con mecanismos para luchar contra la dominación a la están siendo sometidas. En este sentido, el reconocimiento del apartheid de género tanto en el ordenamiento internacional y como las legislaciones nacionales resulta esencial para garantizar una justicia real y contribuir a la erradicación del sistema de apartheid en el que viven.
