El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el período 2027-2031, que fija el marco tarifario regulatorio y prevé una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en la red de aeropuertos que gestiona la empresa pública Aena, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El sector aeroportuario representa casi el 6% del Producto Interior Bruto (PIB), genera unos 600.000 empleos directos e indirectos y es la vía de llegada del 80% de los turistas, según apuntó el titular del departamento, Óscar Puente. Además, España es el único país de la Unión Europea que no solo ha recuperado el tráfico de viajeros previo a la pandemia, sino que lo ha visto incrementado en torno al 20%. Con el nuevo DORA, «España va a seguir siendo una referencia mundial en materia aeroportuaria», según manifestó Puente.
Autofinanciación de los aeropuertos y contención de las tasas
El ministro destacó que los aeropuertos españoles se financian con sus propios recursos: «Ni un céntimo del dinero que se va a invertir y gastar en los aeropuertos españoles, en su mantenimiento, conservación y mejora, procede de los Presupuestos Generales del Estado ni de ningún impuesto». Esos fondos, explicó, proceden de los precios públicos, es decir, de las tasas aeroportuarias que pagan los pasajeros, y de otro tipo de ingresos que obtiene Aena. En concreto, la inversión procedente de las tarifas será de 9.900 millones, y el resto se obtendrá de la actividad comercial interna de los aeropuertos, como el alquiler de espacios y las tiendas de los aeropuertos.
Respecto a las tarifas, el documento establece un aumento medio para los próximos 5 años de un 0,33% anual. «Nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, sino las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido», aseguró Óscar Puente. Para determinar esa subida se ha tenido en cuenta la previsión de pasajeros -un 1,8% de aumento anual medio-, el volumen de inversión necesario para adecuar los aeropuertos a la demanda, el gasto necesario para la prestación de los servicios y los costes de financiación necesarios para afrontar con liquidez las inversiones. «Es un procedimiento amplio, abierto y sometido a una regulación muy estricta», dijo el ministro, quien recordó que en él han participado multitud de entidades y administraciones.
