- Casi un millón de empleados públicos temporales sufren una precariedad que condiciona su acceso a la vivienda y su futuro familiar. Los votantes deben saberlo y los candidatos deben responder
Entre los múltiples problemas de los ciudadanos, hay uno al que nadie nombra, seguramente porque es vergonzante e inmoral: casi un millón de empleados públicos temporales, un tercio del total, sigue sujeto a un régimen de precariedad laboral impropio del siglo XXI. Sirven a la Administración y la Administración les niega la estabilidad, sin la cual no hay hipoteca, ni alquiler a largo plazo, ni hogar. Ni hay vida.
Estos trabajadores públicos llevan años encadenando contratos y nombramientos en el mismo puesto y destino, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos y sirviendo a su país.
¿Se imaginan una empresa de Europa, de Estados Unidos o de Canadá con un millón de empleados temporales en fraude y precariedad laboral? No duraría ni un mes: la inspección la cerraría, un juez de lo penal la condenaría, alguien respondería con nombre y apellidos y los trabajadores, víctimas de esta situación, serían compensados e indemnizados adecuadamente.
Aquí el infractor, el responsable de este fraude, es el mayor empleador del país: la Administración pública. Y, por ello, al trabajador le toca aguantarse y seguir atendiendo a las necesidades públicas para llevar el pan a una vivienda que no tiene, porque su Administración empleadora, durante años, lo ha mantenido y lo mantiene en una situación de precariedad laboral, vulnerando el Derecho europeo. Y no pasa nada porque hemos creado un sistema falso, donde los ciudadanos responden de todo y los políticos y las autoridades administrativas, de nada.
Pero hablemos de vivienda. Una profesora interina con quince años de servicio no sabe cada mes de septiembre en qué pueblo dará clase. Ningún banco le presta dinero y ningún casero le alquila una vivienda, porque su Administración empleadora no le asegura el siguiente curso. Como ella, la enfermera que cambia de hospital cada pocos meses, el bombero forestal, el celador, la administrativa de Hacienda o el asistente social.
Se quejan los de la Puerta del Sol, y con razón, de que los sueldos que pagan las empresas privadas no dan para comprar o alquilar una vivienda. ¿Qué hay que decir entonces cuando el responsable de impedir el acceso a una vivienda es el Gobierno y las Administraciones públicas que mantienen, ilegalmente, en precariedad laboral a sus trabajadores, imposibilitándoles ese acceso?
Y llega el segundo golpe. Los funcionarios interinos, que son el grueso de los temporales, son cesados con una indemnización de cero euros. Cero. Han pasado veinte o treinta años en un único oficio, el de servir a lo público, y un día se les comunica que sobran. ¿Adónde va quien solo sabe hacer eso, a los cincuenta y tantos años? Más de la mitad de los parados mayores de 50 años lleva más de un año buscando trabajo y más del 70 % son mujeres.
Sin indemnización, sin otro oficio y sin edad para empezar de nuevo, ¿cómo se rehace una vida? Les espera el paro, la exclusión social y la angustia.
Así, el sufrimiento infligido desde las instituciones por el Estado español no se produce únicamente durante el mantenimiento del trabajador público temporal en una situación de precariedad laboral abusiva y fraudulenta, sino también después, cuando, tras años de servicio al público, los despide y abandona a su suerte, sin ningún tipo de indemnización o compensación por los años trabajados. Y, por supuesto, sin que los dirigentes de las instituciones públicas responsables de esta situación ilegal de abuso y fraude hacia sus conciudadanos reciban su merecido. Nuevamente, los malos ganan.
Pero lo que estos dirigentes públicos no saben es que, al final, actuar ilegalmente tiene sus consecuencias.
La Comisión Europea, oficiosamente, ha trasladado a las organizaciones afectadas, en una reunión en Madrid, que no habrá más prórrogas, y el expediente sancionador contra el Gobierno de España avanza hacia el Tribunal de Justicia de la UE. Allí, las sanciones no son una multa: son sumas millonarias a tanto alzado y pagos diarios hasta que se cumplan las sentencias. Puede tardar, pero ese es el camino marcado.
Esta multa la pagará el Estado, es decir, los ciudadanos, y lo público volverá a descapitalizarse por la desidia de quien gobierna. El Estado español ya ha perdido 626 millones de fondos europeos por no sancionar este abuso. Pero, claro, esto no es importante: todo, con tal de tapar la vergüenza de nuestros políticos y autoridades responsables de una precariedad laboral indigna.
Este es el Gobierno que presume de ser el más social de la historia. Ocho años después, esta es su hoja de servicio para con quienes han trabajado y trabajan para él. En octubre de 2025, el PSOE votó en contra cuando Podemos llevó al Congreso una solución de estabilidad para este personal víctima de abusos en su contratación temporal.
Las elecciones se convocan para ganarlas, y el voto es la herramienta del ciudadano para premiar o castigar lo que se hace con su vida. Aquí hay cientos de miles de abusados y, detrás de cada uno, una familia: una pareja, unos hijos, unos padres que ven cómo su sustento depende de un Estado que los trata como material desechable. Todos votan el 29 de noviembre.
No solo la vivienda decide estas elecciones: también las deciden los más precarios del país, los trabajadores temporales víctimas del abuso del propio Estado.
Que lo sepan los candidatos.
