- El Ejecutivo regional defiende la constitucionalidad de la norma
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional para que levante la suspensión de la ley de acusación popular, que habilita al Ejecutivo madrileño a personarse en los procedimientos penales abiertos en relación a atentados contra el patrimonio natural, histórico y artístico de la región.
El Constitucional admitió el pasado mes de septiembre el trámite de recurso presentado por el Ejecutivo central contra esta ley madrileña, si bien ahora el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido presentar alegaciones al entender que se cumple «perfectamente la legislación procesal» y se respetan en todo caso las competencias de cada administración pública.
Según ha relatado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la posibilidad de presentarse como acusación popular ha permitido a la Comunidad de Madrid personarse en el caso del presunto pirómano responsable del incendio forestal de este verano en Lozoyuela.
Además, en el contexto actual, permitiría al Gobierno de Ayuso personarse en el caso de cualquier procedimiento penal que se abriera como consecuencia de los «actos vandálicos» que se producen en la Puerta del Sol en el marco de la acampada «ilegal» que «ocupa» la plaza desde finales de septiembre como método de protesta por la situación de la vivienda.
«Pedimos que se levante cuanto antes la suspensión para que la Comunidad de Madrid pueda seguir ejerciendo esa acción popular en defensa del interés de todos», ha manifestado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación.
En la Comunidad de Madrid entienden que, en caso de declararse inconstitucional esta ley, caerían también otras normas que permiten la acusación particular en casos como en situaciones de violencia contra la mujer, materia en la que el Gobierno madrileño se ha presentado ya en hasta 80 procedimientos judiciales abiertos.
