- El Colegio de la Abogacía de Madrid reclama al Ministerio de Justicia que publique cuanto antes la segunda convocatoria de 2026 y establezca un calendario que aporte certidumbre a los futuros profesionales
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que impulse con carácter urgente la publicación de la segunda convocatoria de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la Abogacía correspondiente a 2026, ante la incertidumbre que su falta de concreción está generando entre los futuros profesionales.
En una carta dirigida al ministro, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, traslada la preocupación de la institución por una situación que puede prolongar innecesariamente el acceso al ejercicio profesional de quienes han finalizado o están próximos a completar su formación especializada.
El Colegio considera especialmente preocupante que, a estas alturas del año, los aspirantes sigan sin disponer de un horizonte cierto para afrontar una prueba decisiva en su incorporación a la profesión.
El ICAM advierte de que esta incertidumbre no es una cuestión meramente administrativa, sino un problema con consecuencias directas sobre las expectativas laborales y el futuro profesional de los jóvenes abogados.
“Los jóvenes abogados no pueden pagar las consecuencias de la falta de planificación”
Desde el área de Abogacía Joven del ICAM se reclama una respuesta inmediata que permita a los aspirantes organizar su preparación y planificar el inicio de su trayectoria profesional.
“No es razonable que quienes han dedicado años a formarse y han cumplido con las exigencias académicas necesarias sigan sin saber cuándo podrán afrontar el último paso para ejercer. Detrás de cada aspirante hay esfuerzo, inversión y proyectos profesionales que no pueden quedar indefinidamente condicionados por la incertidumbre administrativa», señala el Diputado responsable de Abogacía Joven del ICAM, Gabriel Rodríguez.
El Diputado subraya que la ausencia de un calendario claro puede tener efectos especialmente perjudiciales para quienes necesitan incorporarse cuanto antes al mercado laboral.
“Estamos hablando de jóvenes que pueden perder oportunidades de incorporarse a un despacho, iniciar su actividad profesional o avanzar en su carrera. La Administración debe ser consciente de que sus tiempos tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas. Los jóvenes abogados no pueden pagar las consecuencias de la falta de planificación”, añade.
Una convocatoria urgente y un calendario que aporte seguridad jurídica
En su comunicación al ministro, el ICAM recuerda que la primera prueba de acceso de 2026 fue convocada mediante la Orden PJC/298/2026, de 24 de marzo, y reclama que se dé continuidad al calendario de evaluaciones, evitando que la ausencia de una segunda convocatoria prolongue innecesariamente el acceso a la profesión.
El Colegio recuerda asimismo que la normativa reguladora del acceso a la Abogacía establece garantías sobre la convocatoria y celebración de estas pruebas, entre ellas su publicación en el Boletín Oficial del Estado con una antelación de tres meses respecto de su celebración.
Aunque el marco reglamentario contempla una periodicidad mínima anual, el ICAM considera necesario mantener la previsibilidad de las evaluaciones y facilitar una segunda convocatoria, en línea con la práctica de ejercicios anteriores.
Por ello, el decano solicita al Ministerio de Justicia que, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, impulse con carácter urgente la publicación de la segunda convocatoria correspondiente a 2026 y comunique cuanto antes las previsiones sobre su celebración.
La institución insiste en que disponer de un calendario cierto es esencial no solo para los aspirantes, sino también para la planificación de universidades y centros de formación y para facilitar la incorporación ordenada de nuevos profesionales a los colegios de la Abogacía.
El ICAM reivindica un acceso a la profesión sin demoras innecesarias
La iniciativa se enmarca en el compromiso del Colegio con la defensa de las nuevas generaciones de abogados y abogadas, especialmente en una etapa determinante para su desarrollo profesional.
Desde el ICAM se defiende que la exigencia y el rigor que deben presidir el acceso a la Abogacía han de ser compatibles con una actuación administrativa diligente y con la seguridad jurídica que merecen los aspirantes.
“No estamos pidiendo que se rebaje ninguna exigencia ni que se alteren las garantías de acceso a la profesión. Estamos reclamando algo tan elemental como que los futuros abogados sepan cuándo van a poder examinarse y organizar su futuro. Desde el ICAM vamos a seguir defendiendo a la abogacía joven y exigiendo respuestas hasta que exista un calendario claro”, afirma por su parte la responsable de Abogacía Joven del ICAM y presidenta de la sección de iniciación profesional, Celia Herrero.
El Colegio reitera, además, su plena disposición a colaborar con el Ministerio en las actuaciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las pruebas y facilitar la incorporación de nuevos profesionales.
“Con esta reclamación, el ICAM traslada al Gobierno un mensaje inequívoco: la incertidumbre administrativa no debe convertirse en una barrera añadida para acceder a la Abogacía”, remacha Herrero.
La institución espera una respuesta urgente del Ministerio que permita despejar las dudas sobre la segunda convocatoria y ofrecer a los futuros abogados la certidumbre necesaria para iniciar su trayectoria profesional.
