La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 15 de octubre de 2026, NEO Group (C‑203/25) [1], desarrolla la jurisprudencia sobre la cláusula antiabuso de la Directiva matriz-filial [2]. El litigio plantea qué debe acreditar la Administración para vincular la exención aplicada al reparto inicial con operaciones realizadas en niveles superiores del grupo.
El TJUE considera, en principio, compatible con la Directiva que el Estado de la fuente deniegue la exención de retención prevista en su artículo 5 cuando la Administración acredite que el reparto forma parte de un arreglo abusivo, incluso si los dividendos se satisfacen a una matriz con actividad económica real.
En 2016 y 2017, NEO, una sociedad residente en Lituania, distribuyó dividendos por importe de 15 millones de euros a su matriz chipriota, Retal, sin practicar retención. La actividad económica real de Retal quedó fuera de la controversia con la Inspección, que situó el supuesto abuso en la cadena de operaciones en la que participó la matriz (apartado 28).
Según la Inspección, una sociedad chipriota de nueva creación adquirió Retal con un precio cuyo pago se aplazó hasta 2027. El crédito se cedió a la persona física que controlaba el grupo. Mediante préstamos y cesiones de créditos, los dividendos de NEO y de otra filial lituana habrían llegado a esa persona y servido para cancelar parte de la deuda de adquisición (apartados 29 a 33).
El órgano remitente preguntó en qué condiciones el uso posterior de los dividendos podía justificar que se denegara la exención aplicada al reparto inicial. Corresponde a ese órgano determinar si los hechos del litigio acreditan el abuso (apartados 41 y 57).
La aplicación de la cláusula antiabuso, recogida en el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva matriz-filial, exige que concurran dos condiciones. El arreglo ha de ser falseado, en la medida en que carezca de razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica. Además, ha de haberse establecido con el propósito principal, o con uno de los propósitos principales, de obtener una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de la Directiva. La Administración soporta la carga de acreditar el abuso (apartados 48 a 50 y 59).
Los asuntos daneses [3] ilustraron el abuso mediante la interposición de sociedades instrumentales. En Nordcurrent Group [4], el TJUE precisó que un arreglo inicialmente justificado por razones comerciales puede considerarse falseado si se mantiene pese a un cambio de circunstancias que lo priva de esa justificación. En NEO Group, el Tribunal aplica ese examen de conjunto a una cadena en la que interviene una matriz operativa. El hecho de que esta ejerza una actividad económica real «no permite concluir por sí solo que no existe una práctica abusiva». La apreciación requiere examinar todos los hechos y circunstancias pertinentes para identificar, en su caso, las fases falseadas (apartados 55, 60 a 63 y 82).
El TJUE considera pertinentes la similitud o identidad entre los importes transferidos en la cadena y los dividendos repartidos, así como el hecho de que las transferencias se produzcan de forma continuada durante cierto tiempo. Esos indicios «no pueden dar lugar a una presunción general de abuso» (apartados 75 y 79). Su valor probatorio depende de lo que revele el conjunto de los hechos sobre la conexión entre los dividendos y las demás operaciones de la cadena.
La comprobación puede abarcar operaciones pertinentes anteriores o posteriores al reparto, incluidas las realizadas fuera del Estado de la fuente. El TJUE considera proporcionado ese alcance cuando la existencia del abuso solo puede acreditarse mediante un examen transfronterizo. La ventaja puede materializarse en otra fase y beneficiar a la persona física que controla el grupo, siempre que se obtenga gracias a la exención y desvirtúe la finalidad de la Directiva (apartados 84 a 89).
El alcance de la comprobación debe distinguirse del de la liquidación. El considerando 8 de la Directiva (UE) 2015/121 [5], en relación con el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva matriz-filial, prevé que la cláusula antiabuso pueda aplicarse a determinadas fases del arreglo y que se preserven las demás fases genuinas. De ello cabe inferir que la liquidación debe identificar los repartos afectados y motivar su conexión con las operaciones falseadas.
La sentencia deja abierta la cuantificación de la regularización cuando solo una parte de la secuencia es artificial, así como la coordinación entre Administraciones si varias regularizan los mismos flujos. En el punto 81 de sus conclusiones [6], la abogada general Juliane Kokott advirtió del riesgo de que distintos Estados miembros denegaran los beneficios de la Directiva invocando un supuesto abuso de la legislación tributaria del Estado en el que se efectuó la última distribución.
En cuanto al tratamiento convencional del dividendo, el TJUE reservó al órgano remitente la interpretación del convenio entre Lituania y Chipre. Distinguió la condición de beneficiario efectivo del eventual uso abusivo del beneficio convencional y recordó que los convenios entre Estados miembros deben aplicarse de forma compatible con el Derecho de la Unión (apartados 64 a 69). La procedencia del límite convencional requiere, por tanto, examinar el convenio aplicable.
La comparación con la Sentencia del Tribunal Supremo del caso Velcro [7] ayuda a precisar esa distinción. El Tribunal Supremo examinó el pago de cánones a una perceptora neerlandesa obligada a retransmitirlos a una entidad de Curaçao. La perceptora carecía de la condición de beneficiaria efectiva exigida por la Directiva de intereses y cánones [8]. El Tribunal Supremo confirmó la denegación de la exención del artículo 14.1.m) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. También descartó, por primacía del Derecho de la Unión, el límite del 6 % previsto en el convenio hispano-neerlandés, cuyo artículo 12 carecía de una cláusula expresa de beneficiario efectivo. Confirmó así la aplicación del tipo doméstico a los cánones. En NEO Group, el fundamento de la denegación es la prueba del abuso del arreglo en el que se integra la distribución de dividendos.
La sentencia NEO Group desarrolla la línea jurisprudencial de los asuntos daneses y Nordcurrent Group. El TJUE mantiene los requisitos de la cláusula antiabuso de la Directiva matriz-filial y precisa el alcance del examen cuando el reparto se integra en una cadena de operaciones. La actividad económica de la holding perceptora conserva su relevancia y debe valorarse junto con las operaciones vinculadas al reparto, incluidas aquellas mediante las que los fondos llegan a la persona física que controla el grupo.
La incertidumbre se concentra en qué conexión debe acreditarse entre el reparto inicial y las operaciones posteriores para justificar la denegación de la exención. Para los grupos que operan mediante sociedades interpuestas, el fallo aconseja revisar conjuntamente las estructuras de holding, las políticas de distribución de dividendos y las operaciones societarias y de financiación vinculadas a esos repartos. Conviene que la documentación permita explicar la función económica de la sociedad perceptora, las razones que motivaron la distribución y la finalidad de las operaciones posteriores en las que se emplearon los fondos.
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[1] Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2026, NEO Group, C‑203/25, ECLI:EU:C:2026:863.
[2] Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (refundición).
[3] Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark, asuntos acumulados C‑116/16 y C‑117/16, ECLI:EU:C:2019:135.
[4] Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent Group, C‑228/24, ECLI:EU:C:2025:239.
[5] Directiva (UE) 2015/121 del Consejo, de 27 de enero de 2015, por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.
[6] Conclusiones de la abogada general Juliane Kokott de 21 de mayo de 2026, NEO Group, C‑203/25, ECLI:EU:C:2026:423.
[7] Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda), sentencia núm. 7/2026, de 12 de enero de 2026, Velcro Europe, S.A., recurso de casación núm. 6111/2023, ECLI:ES:TS:2026:20.
[8] Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa al régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros.
