La Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta de Ley de Equidad Digital, una importante actualización de las normas de protección de los consumidores de la UE para garantizar que los consumidores de la Unión disfruten del mismo elevado nivel de protección tanto en línea como fuera de línea.
Paralelamente, la Comisión ha propuesto una revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (Reglamento CPC), que otorga a la Comisión mayores competencias para investigar directamente e imponer multas en casos de gran envergadura que tengan un impacto significativo en los consumidores de todo el mercado único.
En conjunto, estas iniciativas se basarán en el marco normativo digital existente para reforzar la protección de los consumidores, contribuir a unos mercados en línea más justos y crear unas condiciones de competencia equitativas que permitan a las empresas competir, crecer e innovar con confianza.
El rápido crecimiento del comercio electrónico y de los mercados digitales ha transformado nuestra forma de comprar, facilitando más que nunca a los consumidores el acceso a bienes y servicios. Pero esta comodidad no debe ir en detrimento de la equidad. Las prácticas comerciales desleales en línea (como las tácticas de comercialización manipuladoras o las comisiones ocultas) merman la capacidad de los consumidores de tomar decisiones libres e informadas. Las propuestas presentadas hoy dotarán a la UE de herramientas más sólidas para hacer frente a estas prácticas desleales, reforzarán la aplicación de la normativa en todo el mercado único y simplificarán las normas que deben cumplir las empresas, lo que aumentará el cumplimiento. El resultado será una mayor protección para los consumidores y una competencia más leal para las empresas, lo que, en conjunto, se espera que suponga un ahorro para los consumidores de la UE de hasta 13 700 millones de euros al año.
Nuevas protecciones en línea para los consumidores
La propuesta de Ley de Equidad Digital permite a las autoridades de la UE hacer frente a las prácticas desleales en los mercados digitales de manera más eficaz, garantizando que todos los operadores cumplan las mismas normas. Protegerá a los consumidores de todas las edades que compren o busquen productos o servicios en línea.
Entre las principales novedades de la propuesta figuran las siguientes:
- la prohibición de las tácticas de comercialización manipuladoras (las denominadas «interfaces engañosas»), como las afirmaciones falsas de que un producto está a punto de agotarse, que presionan a los consumidores para que tomen decisiones de compra que, de otro modo, quizás no tomarían;
- una fijación de precios clara y transparente, en particular para los precios de las compras realizadas con monedas virtuales integradas en las aplicaciones y cuando se utilice la fijación dinámica de precios para acontecimientos culturales y deportivos. En las colas virtuales, las empresas tendrán que mostrar el precio actual en tiempo real y el precio máximo posible;
- la equidad desde el diseño, con la opción de que los consumidores desactiven las características de diseño adictivas que fomentan el gasto excesivo o compulsivo, como las notificaciones persistentes. La propuesta también restringirá las prácticas desleales que fomentan el gasto excesivo, por ejemplo, prohibiendo las funciones similares a los juegos de azar para los menores, como la de pago para ganar y pago para progresar;
- la transparencia en la comercialización por medio de influyentes, exigiendo a los influyentes que sean transparentes sobre los contenidos comerciales y evitando la explotación de la confianza de los menores entre su público;
- una restricción de los anuncios y precios personalizados desleales dirigidos a menores o que se aprovechan de datos sensibles;
- una mayor facilidad para cancelar contratos y suscripciones digitales y el fin de las renovaciones automáticas no deseadas y de los períodos de prueba gratuitos que se convierten en trampas de suscripción. Los consumidores tendrán derecho a comunicarse con una persona real en el servicio de atención al cliente y contarán con derechos claros cuando utilicen un agente de IA para comprar productos en su nombre.
La propuesta de Ley de Equidad Digital también incluye medidas de simplificación y las propuestas de hoy incluyen una Directiva de simplificación con modificaciones específicas de la Directiva sobre los derechos de los consumidores para facilitar su aplicación en línea. En concreto, se incluyen requisitos de información precontractual más sencillos para las compras recurrentes dentro de las aplicaciones y normas más claras sobre cómo los consumidores pueden cancelar las suscripciones a contenidos digitales dentro del plazo de desistimiento.
Facultades de ejecución directas de la UE y mejora de la coordinación nacional
En la actualidad, los mercados digitales evolucionan rápidamente. Lo mismo ocurre con las prácticas desleales, que proliferan en Internet y no conocen fronteras. Para garantizar la seguridad de nuestros consumidores y que las empresas puedan competir equitativamente, debemos dotarnos de las herramientas adecuadas para responder con rapidez y eficacia a las infracciones de la legislación de protección de los consumidores. Una aplicación centralizada de esta normativa contribuirá a resolver rápidamente los casos de gran repercusión, aumentar el efecto disuasorio de las normas de la UE, proteger a las empresas honradas de la competencia desleal y proteger a los consumidores frente a posibles perjuicios. Esta es la razón por la que la revisión del Reglamento CPC propone:
- otorgar a la Comisión competencias directas para investigar casos de gran envergadura con un impacto significativo en los consumidores de todo el mercado único, con multas de hasta el 6 % del volumen de negocios anual mundial de una empresa;
- acelerar y mejorar la coordinación de las autoridades nacionales de consumidores en los asuntos transfronterizos, estableciendo plazos para las etapas clave y mejorando la coordinación de las sanciones, por ejemplo, cuando las multas se recaudan en diferentes jurisdicciones;
- reforzar el control del cumplimiento de las empresas no pertenecientes a la UE, exigiéndoles que designen a un representante legal en la UE para cooperar con las autoridades nacionales y la Comisión.
Próximas etapas
Las propuestas se debatirán ahora en el Parlamento Europeo y en el Consejo.
