No se trata de llenar el debate penitenciario de declaraciones. Se trata de conseguir avances concretos que se noten en los centros penitenciarios, en los centros de inserción social y en los centros psiquiátricos penitenciarios. Y menos por personas que han tenido las más altas responsabilidades, porque las decisiones penitenciarias solo tienen sentido cuando mejoran en el ámbito del tratamiento y de la reinserción social (art.º 25.2 CE).
El argumento estéril de una población penitenciaria mayoritariamente masculina es una realidad que genera desigualdades por el diseño de un estándar únicamente pensado en el género masculino; es notable. Hablar del sesgo androcéntrico penitenciario sin matices es como decir que las infraestructuras no tienen en cuenta al colectivo LGTBI+; las investigaciones históricas han documentado actuaciones policiales y penitenciarias dirigidas contra espacios y personas vinculadas a la diversidad sexual.
Por lo tanto, también podemos hablar de los zurdos, en el sentido puramente biológico se pueden sentir agraviados por el mismo motivo de concepción del espacio diseñado para los diestros, al igual que el referido colectivo LGTBI+.
Asimismo, al profundizar en este tema, nos encontramos con que a los zurdos también se les deben respetar sus derechos, para reconocer y fortalecer la realidad.
• Mano dominante: Según el Diccionario de la lengua española (RAE), se define como zurda a aquella persona que tiene una tendencia natural a utilizar preferentemente la mano, el pie o el lado izquierdo del cuerpo.
• Lateralidad: Está ligado a la organización cerebral; en la mayoría de las personas zurdas, el hemisferio derecho del cerebro es el que predomina en el control motor del lado opuesto.
• Porcentaje: Se estima que aproximadamente entre el 10% y el 15% de la población mundial es zurda. El Día Internacional del Zurdo se celebra cada 13 de agosto.
Por lo tanto, podemos invocar a la persona titular de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 50.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y en virtud de las competencias establecidas en el Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, modificado por el Real Decreto 1186/2024, de 28 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para que adopte las medidas necesarias para subsanar ese sesgo androcéntrico en las infraestructuras penitenciarias históricas y actuales, incluso las futuras pendientes de inaugurar.
No debemos olvidar la contradicción evidente de la década de 1970. La reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 había incorporado a los homosexuales entre las categorías sometidas a medidas de seguridad, y la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, mantuvo mecanismos de persecución de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+.
En Canarias existió un campo de concentración que operó 1954-1966, Ubicación: Tefía, en el municipio de Puerto del Rosario, Fuerteventura. En febrero de 2026, fue declarada oficialmente como Lugar de Memoria Democrática, convirtiéndose en un espacio para dignificar a las víctimas y recordar la represión franquista contra el colectivo LGTBIQ+.
Nuestro razonamiento inicial debe ser claro: hacia el matriarcado penitenciario.
En atención a lo anterior, y manteniéndose la existencia de una realidad creciente, la reducción de las desigualdades en el ámbito penitenciario por razón de sexo se ensancha; es decir, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, mediante el análisis de las desigualdades para la formulación de propuestas de mejora orientadas al logro de la equidad e igualdad de género, el número de mujeres que abordan la gestión penitenciaria, donde el 93,2% son hombres presos, penados, condenados y el 6,8% mujeres.
Del total de personas convocadas a las oposiciones para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, el 61% son mujeres (con más de 5.103 solicitudes femeninas frente a 3.210 masculinas en los procesos más recientes). Para el Cuerpo Especial y el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, el porcentaje es muy superior, llegando al 85% de mujeres.
. Alrededor del 40% del personal total que trabaja en las prisiones españolas son mujeres.
. En los cuerpos superiores de la institución penitenciaria, esa cifra asciende hasta el 77%. Son mujeres.
. El 50% de los puestos de dirección en los centros penitenciarios están liderados por mujeres.
. El 80% del ámbito sanitario penitenciario son mujeres y el 45% de las plazas están sin cubrir.
El 90% de las trabajadoras sociales son mujeres en la institución penitenciaria.
. El 75% del ámbito docente en la institución penitenciaria son mujeres.
. Un gran porcentaje de los hombres que son condenados lo son por cometer un delito contra las mujeres, violencia de género, quebrantamiento de orden de alejamiento o similares.
.- Un gran porcentaje de los hombres delincuentes son defendidos (abogada de oficio) por mujeres; la acusación, es decir, la Fiscalía, la gestiona en un gran porcentaje las mujeres; las juezas y magistradas son mayoría en los juzgados. Asimismo, la Policía Nacional y la Guardia Civil han incrementado notablemente su plantilla con mujeres, que se ocupan también del traslado de los presos.
Conclusión
Por supuesto, existe un órgano que mide y cuantifica, sin exclusión por estar en prisión, todo lo que se refiere a la salud de las mujeres. El Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2019, creó el Observatorio de Salud de las Mujeres y de integración de la perspectiva de género en las políticas de salud, con especial atención a la reducción de las desigualdades en salud por razón de sexo y al abordaje de las necesidades diferenciales de los distintos grupos de población, en el marco de la equidad en salud y de los determinantes sociales de la salud para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía a lo largo de todas sus etapas vitales.
Porque cuando se reconocen y se cuidan las infraestructuras penitenciarias, así como a la totalidad de los trabajadores de la institución penitenciaria y de la población reclusa sin matices, se fortalece la reinserción social: un mandato constitucional de obligado cumplimiento.


