El pasado 2 de enero de 2008, la juez del distrito de Nueva York, Laura Swain, consideró que su tribunal no era competente para conocer del proceso contra la American Bureau of Shipping (ABS), iniciado a instancias del Estado español, el cual pretendía conseguir una indemnización por los daños derivados del vertido de fuel acaecido en noviembre de 2002.
La ABS, que se encargó en su momento de certificar la idoneidad del tanquero de bandera bahameña "Prestige", no puede ser demandada en las cortes norteamericanas, según la resolución judicial, debido a que España y Bahamas son signatarios del Convenio internacional sobre responsabilidad civil derivada del vertido de hidrocarburos (Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, CLC). Según esta convención, el propietario del barco es quien debe hacerse cargo de los daños ocasionados por el eventual vertido de hidrocarburos que su nave produzca y expresamente exime a terceras partes, a menos que estas hayan actuado negligentemente. El Ministerio de Justicia anunció que recurrirá la decisión.
"España, como firmante del Convenio, está limitada por su normativa y, por lo tanto, debe perseguir las reivindicaciones que tenga a bien, en sus propios tribunales" estimó la juez en la sentencia.
La Abogacía General del Estado y los abogados designados para representar los intereses de España ante el tribunal, alegaron que fue el Bureau quien inspeccionó mecánica y estructuralmente un barco que seis meses después se partiría en dos frente a las costas de Galicia, derramando 77.000 toneladas métricas de fuel. Los demandantes consideraron que la entidad emitió un dictamen negligente, al permitir que un tanquero monocasco con 26 años de uso siguiera navegando.
La tragedia ecológica que sobrevino al vertido, apenas si se puede considerar superada hoy por hoy. El grupo ambientalista, WWF/ADENA, estimó los daños al ecosistema en 5 billones de euros, y en una década el tiempo de recuperación.
Si bien la falta de competencia fue el elemento central de la decisión, la ABS manifestó en su defensa que el desastre pudo haber sido evitado si las autoridades españolas hubieran manejado mejor la emergencia. Cuando el Prestige se vio en peligro -alegó ABS-, se le negó el acceso al puerto, dejándolo a merced de una tormenta que partió su casco en dos, provocando el vertido.
La nota que al respecto ha dado a conocer el Ministerio de Justicia español, concluye que: "obviamente, en tanto no se trata de una resolución firme, el Reino de España, a través de la Abogacía del Estado y de los abogados norteamericanos, en defensa de sus derechos, y en el convencimiento de que no existen precedentes jurisprudenciales, de trascendental importancia en el derecho norteamericano, que avalen la interpretación realizada por la juez, va a interponer los recursos procedentes contra esta resolución, que -conviene insistir- no cierra definitivamente el proceso".
