"El aumento de la litigiosidad es síntoma de la existencia del aumento de los problemas sociales" "Supimos ver que la lucha por la libertad y la consecución de la democracia sería producto del entendimiento entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos"
Tras una intensa y fructífera actividad política iniciada en 1953, Enrique Múgica Herzog fue elegido Defensor del Pueblo el 15 de junio de 2000. El 30 de junio de 2005 fue reelegido para el cargo. También es el Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) cargo para el que fue elegido el 17 de noviembre de 2005. Nacido en San Sebastián en 1932 y de profesión abogado, Múgica Herzog es un firme defensor de los derechos humanos. Por su actividad antifranquista fue encarcelado hasta en cuatro ocasiones, totalizando dos años y medio de prisión. Ha sido diputado al Congreso por Guipúzcoa en todas las legislaturas desde la Constituyente, en la que ocupó la Presidencia de la Comisión de Defensa y la Vicepresidencia de la Comisión Constitucional del Congreso. En 1988 fue nombrado Ministro de Justicia, cargo que ocupó hasta marzo de 1991. Ha publicado “Itinerario hacia la libertad” y es colaborador de los principales diarios españoles.
En el año 1955 usted participó en la que, aprovechando un homenaje a Ortega, quizá fue la primera movilización estudiantil contra el régimen franquista, junto a falangistas desencantados o aperturistas como fueran Julián Ayesta o el propio Dionisio Ridruejo, a comunistas como Javier Pradera y usted mismo, y a otros sin filiación clara como Sánchez Dragó. Con la perspectiva que dan los años, ¿qué recuerdo guarda de aquella época y aquellas personas?
Los recuerdos están vivos, no sólo en la memoria de quienes los protagonizamos sino en lo que nuestro país es hoy. Porque supimos ver que la lucha por la libertad y la consecución de la democracia sería producto del entendimiento entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos. Prefiguramos entonces lo que sería la España del consenso, la España de hoy. Entre los hijos de los vencedores estaban Miguel Sánchez Mazas, José María Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga y Javier Pradera. Y de la parte republicana Ramón Tamames y yo.
Como Ministro de Justicia, ¿cuáles fueron las principales reformas y medidas que usted acometió?
Lo primero fue concluir y presentar en el Parlamento la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Luego vinieron la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Procedimiento Abreviado, el Reglamento del Registro Mercantil… Una medida a destacar fue sin duda la dispersión de los presos etarras para facilitar la reinserción, imposible de llevar a cabo bajo el férreo control que los más duros ejercían sobre los que querían abandonar su militancia.
¿Qué recuerdo guarda del Cuerpo de Registradores en los años en que usted fue Ministro?
Podría resumirse en dos palabras: respeto y colaboración. Sus planteamientos eran siempre claros y nunca perdían de vista el respaldo de la norma. Muy celosos de sus competencias, pero dispuestos a colaborar en la búsqueda del acuerdo.
¿Qué opinión tiene usted del funcionamiento de la Administración de Justicia en la actualidad?
La opinión del Defensor del Pueblo al respecto se refleja en el correspondiente informe anual, en el que se da cuenta a las Cortes Generales de las quejas recibidas de los ciudadanos relativas a la Administración de Justicia, así como las investigaciones o quejas iniciadas de oficio durante el año en cuestión cuando se aprecian disfunciones en éste ámbito. En estos momentos se encuentra en fase de elaboración el Informe Anual correspondiente al año 2008, en el que se recogen los problemas detectados en las distintas materias( Jurisdicción Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Laboral, Jurisdicción de Menores, Derecho de familia, Violencia de Género, Registro Civil, las que afectan al servicio público judicial, a los registros públicos, notarios, abogados, procuradores, etc.)
¿Y del sistema de seguridad jurídica preventiva?
Como exigencia del Estado de Derecho, la seguridad jurídica que el art.9.3 de la Constitución garantiza, y en concreto la seguridad jurídica preventiva extrajudicial, debe responder a las nuevas necesidades de los tiempos actuales. En este sentido y, a tenor de las quejas que se reciben en la Institución no se aprecian grandes deficiencias en el sistema español de seguridad jurídica preventiva. No obstante, la complejidad de la realidad social y las nuevas necesidades de los ciudadanos y empresas, exigen que se garantice al máximo que los actos y negocios jurídicos realizados al amparo de este sistema produzcan los efectos jurídicos pretendidos por los usuarios y evitando en lo posible la litigiosidad. Ello aconseja una constante adaptación de las normas que lo regulan, así como de los instrumentos empleados, a las nuevas tecnologías, con el objeto de lograr la mayor eficacia del sistema.
De un año a otro, de un informe a otro, ¿hay algo que esté mejorando?
Evidentemente sí, por un lado, es de destacar la mayor dedicación de esfuerzos humanos y materiales de las administraciones públicas a las funciones encomendadas. También es de reseñar la creciente sensibilidad del ciudadano individual frente a los problemas que afectan a toda la sociedad.
¿Qué es lo que cada vez va a peor?
En el ámbito de la justicia, es obvio que el aumento de la litigiosidad, lo que es síntoma de la existencia del aumento de los problemas sociales.
¿Cómo Defensor del Pueblo, recibe muchas quejas relativas al funcionamiento de los registros civiles?
Sí y así se recoge anualmente en los informes presentados a las Cortes. En el último de nuestros informes anuales publicado, el del año 2007 porque el del año 2008 aún no ha sido presentado en el Parlamento, ya se dice que una de las materias que preocupa de forma especial al Defensor del Pueblo es el funcionamiento del Registro Civil central, de los registros municipales y los registros consulares.
Esta entrevista se incluye en la Revista Registradores (nº 49, marzo – abril 2009), del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
