Sönke Lund es socio de Monereo Meyer Marinel-lo Abogados en la oficina de Barcelona, abogado y Rechtsantwalt, especializado en Derecho Alimentario así como en Derecho de Consumo y en Distribución y Comercio Internacional. Hemos acudido a él para que nos comente y aclare alguna de las cuestiones que se plantean tras las intoxicaciones de estos días y los cambios de postura desde Alemania.
¿Cómo resumiría lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo al respecto de la "crisis del pepino"?
Se ha producido una actuación de una institución de un Estado Miembro dirigida a garantizar la salud de sus ciudadanos, que ha producido un efecto económico negativo para los ciudadanos de otro Estado Miembro. Dicha actuación se ha fundamentado, aparentemente, en un resultado analítico no suficientemente contrastado, que fue comunicado a la prensa y subido al sistema rápido de alertas alimentarias de la UE, con la indicación de retirar los pepinos de origen español del mercado.
¿Ha habido crisis alimentarias parecidas en las que usted haya intervenido como abogado?
Sí. Sí, entre otras, en el precinto de aguas minerales supuestamente contaminadas por sustancias tóxicas, en la intervención de productos cárnicos sospechosos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), en la importación desde Asia de alimentos supuestamente no conformes con la legislación comunitaria. También en la retirada de productos alimenticios contaminados de aflatoxinas (frutos secos) y listeria (salmón), por mencionar algunos casos.
¿Qué diferencias fundamentales tienen este tipo de casos de intoxicaciones alimentarias en que hay tantos afectados y una causa no muy esclarecida con los otros ámbitos del derecho?
En los casos de alarma social provocada por situaciones de origen desconocido que ponen en riesgo la salud pública, existe inseguridad a nivel administrativo y político.
Dado que la salud pública es uno de los valores – por no decir el valor – más consagrados por cuya protección tiene que velar la administración pública, puede darse el caso de que la administración tome medidas cautelares proporcionadas (aunque a posteriori sean injustificadas y desproporcionadas) en relación con el bien público protegido. Esa es la diferencia fundamental: la administración puede equivocarse en detrimento de los derechos de terceros, siempre y cuando haya actuado con debida diligencia, tanto en la investigación de la causa del daño como en la medida propuesta.
Desde su experiencia, ¿cómo vaticina que pueden terminar todos los procesos que se están anunciando en los medios de comunicación?
De momento no se ha concretado ningún proceso en la "crisis del pepino". Sólo se comenta que se estudian las posibilidades. Todo depende de un profundo análisis de los hechos y expedientes, por lo cual los afectados tendrán que investigar todas las pruebas y separar lo que son rumores de la realidad.
Primordial será conocer las circunstancias exactas que han causado la suposición de que el origen de la epidemia EHEC podría localizarse en España. A partir de allí puede determinarse si realmente alguien ha apuntado incorrectamente a España y ha tomado decisiones y medidas no justificadas. Es difícil pronosticar quién tiene que pagar los platos ratos. No obstante, todo indica que los agricultores españoles tienen buenas cartas.
¿Cómo valora la postura del Gobierno alemán y del español?
Una valoración de ambas posturas sería, en este momento, muy prematura.
¿Cree que puede abrirse un debate acerca de los cultivos masivos y cómo ello puede afectar a la calidad de los alimentos, cara a imponer controles más estrictos en las plantaciones?
Este debate debe ser una cuestión candente en todo caso, tanto en cuanto a los efectos de los cultivos masivos, el control de la agricultura ecológica o biológica, y el control de seguridad alimentaria a nivel transnacional.
