Gerardo Bustos es una voz autorizada en el ámbito público. Desde su perspectiva como subdirector general del Ministerio de Hacienda y Función Pública, hemos querido tomar el pulso a su visión de las administraciones públicas, así como sus necesidades principales.
¿Cuáles son los retos de la Administración pública para 2022?
En mi opinión, hay dos grandes retos en las administraciones públicas (AAPP) españolas para el próximo año: la transformación digital y la selección y gestión de su propio personal. No se trata de cuestiones que vayan a resolverse durante el año, pero sí que van a estar presentes de forma preferente en el marco del funcionamiento administrativo.
La transformación digital es un proceso emprendido hace tiempo y que tiene un marco de referencia normativo en las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico aprobadas en 2015, cuyo reglamento de desarrollo conjunto entro en vigor el pasado 2 de abril. Ese proceso ha recibido un gran impulso por la vía de los hechos durante el confinamiento al que nos obligó el coronavirus; sobre todo un gran impulso cultural en la medida en la que las AAPP han funcionado de forma electrónica durante al confinamiento. Algo impensable hace quince o veinte años.
Como decía, es un proceso que probablemente no culminará de una forma plena hasta las proximidades de la década de los cuarenta, pero que tiene que afrontar cuanto antes una serie de pasos cruciales, como son la simplificación administrativa y la reingeniería de procesos, junto a la extensión y perfeccionamiento del funcionamiento plenamente electrónico. Para todo ello la gestión del dato y la inteligencia artificial van a jugar un papel de primer orden. Estamos un poco cegados con el teletrabajo, que también ha recibido un claro impulso con la pandemia, pero tenemos que entender que el teletrabajo será el resultado del avance en la transformación digital, no un derecho sindical ajeno a la productividad.
En cuanto a la selección y gestión de personal en el sector público, vemos que tímidamente se va abriendo el melón. Quizá todo esté camuflado por las abultadas cifras de reclutamiento en las que nos estamos moviendo. Son nuevos ingresos necesarios para paliar el envejecimiento de plantillas y la paralización de ingresos durante los años de crisis. Pero esas cifran son las ramas que ocultan el bosque, porque lo realmente importante en el fondo es garantizar que se hace un reclutamiento adecuado, pensando en las próximas décadas y garantizando que se da paso al personal adecuado para el mundo en plena transformación digital que estamos organizando.
Por tanto, habrá que centrar el tiro en los procesos de selección, para disponer de un personal más apto en habilidades digitales y en capacidades “humanas” que el automatismo no resuelve, en lugar de darle el mayor peso a la memoria. Asimismo, el otro foco del problema es el impulso a una dirección pública profesional, seleccionada a través de mecanismos independientes y objetivos, con tiempo fijo de mandato y ligada a proyectos y metas concretas, no al cese caprichoso de la cercanía personal o política. Son cuestiones que han empezado a moverse en las distintas administraciones y que acabarán cuajando en los próximos tiempos.
Desde su perspectiva como profesional de la Administración pública, ¿qué le preocupa de la Administración?
Lo que más me preocupa es que realmente nos creamos las grandes transformaciones y venzamos la reacción al cambio y la barrera cultural analógica. Estamos hablando de transformación digital sin realmente adoptar las medidas de calado que ello implica. Pensamos que transformación digital es dotarnos de programas y cacharrería informática, pero sólo con eso no vamos a ninguna parte. Lo realmente importante es cambiar los procedimientos, los vicios culturales, la manera de hacer las cosas.
A menudo dotamos un procedimiento de herramientas y programas, y pero trasladamos todos los pasos del mundo analógico a ese funcionamiento electrónico. Eso se da con muchísima frecuencia y supone hacer un pan como unas tortas. Por ejemplo, envías un documento electrónico a una administración y no llega automáticamente a su destino, sino a una central que tarda horas o días en repartirlos a las unidades indicadas. Es decir, se repite el proceso del papel, sin aprovechar el automatismo que impregna el funcionamiento electrónico.
Una de las principales virtudes de la administración electrónica consiste en la agilización de procesos, no duplicar actuaciones, no pedir documentación innecesaria, recabar los datos y documentos realmente necesarios entre las administraciones, etc. Ya hay suficientes herramientas para poder hacerlo así, pero lo que realmente falla con frecuencia es la decisión ejecutiva de hacerlo de esta manera. No logramos arrojar de nuestras cabezas los vicios analógicos y seguimos en la absurda idea de pedir al ciudadano certificados de empadronamiento, fotocopias del DNI y multitud de documentos que realmente no hacen falta o que pueden conseguirse a través de la intermediación de datos entre administraciones y organizaciones.
Me preocupa enormemente ese salto cultural a lo digital y la poca predisposición que hay para dar el salto. Mientras no cambiemos la cultura analógica, no adaptemos la manera de hacer las cosas y no simplifiquemos al máximo los procedimientos, no terminaremos de arrancar.
¿Qué novedades legislativas se esperan en su ámbito para 2022?
Las principales novedades para el próximo año creo que van a venir por la línea de la organización del trabajo (no sólo teletrabajo), los recursos humanos (selección de funcionarios y desarrollo de la figura del directivo público profesional) y la administración electrónica (simplificación administrativa y desarrollo de la interoperabilidad).
Sobre estas últimas cabe señalar que el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, prevé la aprobación de once nuevas normas técnicas de interoperabilidad, que se sumarán a las doce existentes, hasta completar 23. Esas normas constituyen de por sí un código técnico de interoperabilidad que permite abordar las principales líneas de actuación necesarias para el pleno desarrollo pleno de la administración electrónica.
De todas formas, me gustaría señalar que más importante que la nueva normativa que pueda desarrollarse es el cumplimiento pleno de la normativa existente, sobre todo en materia de administración electrónica y transformación digital.
Por ejemplo, el reglamento aprobado mediante el real decreto 203/2021, incluye en su artículo 2.f, entre los principios generales que debe respetar el sector público deberá en sus actuaciones y relaciones electrónicas el “el principio de personalización y proactividad, entendido como la capacidad de las AA PP, para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos”. Si realmente aplicamos este principio, convertimos las administraciones en proactivas, que es uno de los requisitos esenciales para lograr la plena transformación digital.
¿Está la Administración pública a la altura del siglo XXI? ¿Por qué?
Pues depende. Podríamos decir que está en ello. Queda mucho recorrido para la transformación digital plena del sector público, y también de la sociedad. Esa tarea nos va a ocupar al menos las dos próximas décadas.
Pero eso no debe llevarnos al pesimismo facilón y la crítica a todo lo que lleve la etiqueta de “público”. Miramos hacia atrás, veinte años o una década, y el cambio es tremendo. Hemos experimentado un gran avance y eso es lo realmente valioso, porque significa que estamos en un proceso de avance continuo y muy importante. Eso tendencia es lo más importante de todo.
¿Qué grado de madurez tiene la transformación digital en la Administración?
El grado de madurez de la transformación digital es mucho menor del que nos gustaría y tiene aún un gran trecho por delate. Como decía antes, de un par de décadas, como mínimo.
Ahora bien, recordemos el confinamiento. De un día para otro se determina el confinamiento y se pone en marcha en todas las administraciones públicas un mecanismo de trabajo en distancia para dar respuesta a esa situación imprevista, para la que no estábamos ni preparados ni mentalizados. Y funcionó, con distintos grados de resultados, con diferentes medios en cada caso, con diversos grados de preparación experiencia en trabajo a distancia, pero funcionó. Las administraciones públicas no se pararon.
Como apuntaba antes, si echamos la vista atrás, hace diez o veinte años el confinamiento hubiera sido imposible y la lucha contra la pandemia no hubiera contado con el arma más eficaz que tuvo en los primeros meses.
Queda un gran trecho, pero estamos en un significativo grado de madurez y la tendencia de avance es muy positiva, como apuntaba antes. Creo que el confinamiento ha sido una prueba de madurez de las administraciones públicas. Otra cosa es la inmadurez que estemos demostrando después para aprovechar realmente todo lo aprendido durante esa etapa.
