El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, nos ha atendido en exclusiva para poner encima de la mesa el punto de vista del órgano al que representa en la polémica Ley de Acceso a la Abogacía. A través de sus extensas respuestas podemos ver cuál es el punto de vista en esta materia y en lo que se refiere a la Ley de Tasas, donde es clara la posición del órgano de representación de los abogados.
¿Qué opinión le merece la Ley de Acceso a la Abogacía?
La Ley de Acceso da respuesta a una de las grandes reclamaciones de la Abogacía, que cumpliendo con su misión de buscar el mejor funcionamiento de la Justicia y en la defensa de la profesión ha apoyado históricamente la implantación de unos requisitos específicos para el ejercicio profesional que garanticen a los ciudadanos que el abogado que les defiende está adecuadamente preparado para hacerlo. A pesar de los recortes en la prueba de acceso, debería ser un punto de inflexión en la mejora de la calidad de todos los abogados. Es una conquista de la que deben sentirse orgullosos, por este orden, los ciudadanos, la Administración de Justicia, los estudiantes y los propios abogados.
Igualar el nivel de exigencias de acceso a las que ya se contemplan en otros países de nuestro entorno, ¿implica reconocer que el nivel de preparación de los abogados noveles en España era inferior a la media europea?
Los abogados, por fin, hemos dejado de ser una excepción única en Europa. Es insólito que fuéramos el único país de la Unión donde un recién licenciado en Derecho, con escaso o nulo bagaje de conocimientos prácticos -no entro en los teóricos, pero la Universidad forma juristas, no abogados- podía colegiarse al día siguiente de terminar la carrera y a continuación actuar ante cualquier instancia, incluidos el Tribunal Constitucional o el Supremo.
Los abogados españoles se encuentran al más alto nivel profesional dentro de la abogacía internacional, con importantes personalidades jurídicas que encabezan los órganos de dirección de bufetes internacionales porque se han formado a posteriori con un gran esfuerzo. En España se encuentra el mayor bufete profesional de la Europa continental.
Pero, con esta ley, los estudiantes dispondrán de una mejor formación, podrán incorporarse al trabajo más fácilmente y accederán a un master equiparable en toda Europa. Con ello, la calidad media de la Abogacía española será más alta porque va a mejorar la competencia y la competitividad general y porque los nuevos abogados van a ser, también, un acicate para el conjunto de la profesión. Y por eso logrará una mayor presencia y reconocimiento a nivel global.
¿La Ley de Acceso a la Profesión va a lograr poner en equilibrio teoría y práctica?
La formación para acceder a la profesión de abogado debe ser eminentemente práctica si queremos que mejore la formación de los nuevos abogados. Tanto los Colegios de Abogados y las Escuelas de Práctica Jurídica como el Consejo General de la Abogacía estamos trabajando con ese objetivo. Si no se hace así, el empeño será en vano y habrá que pedir responsabilidades.
No parece de recibo que se exija un nivel muy elevado para los licenciados en derecho que van a ser fiscales o jueces y que no se haga lo mismo con quienes lo que tienen en sus manos es la defensa de los derechos de los ciudadanos. Para que haya verdadera igualdad de armas en el proceso, es imprescindible propiciar la igualdad en la formación de todos los operadores jurídicos. Ahora toca mejorar la formación de los abogados.
Justicia convocará el primer examen con preguntas tipo test y sin ningún caso práctico. ¿No es un error de planteamiento no orientar a los futuros abogados hacia el terreno que han de pisar?
Confío en que las cosas se hagan bien y que se consiga el objetivo buscado por la Abogacía. No es una cuestión de oportunidad ni buscamos poner barreras de entrada. Queremos los mejores abogados que aúnen en el máster la práctica profesional con una sólida formación. Para ello, la formación práctica y la evaluación de esa preparación nos parece fundamental. No hacerlo así no sólo sería un error sino un fraude a los alumnos.
¿Le parece apropiado y beneficioso para los estudiantes el examen de acceso?
Me parece importante que el Máster sea eminentemente práctico y que cuente con profesores que estén en el ejercicio de la Abogacía y que haya una prueba eminentemente práctica que asegure la adecuada formación práctica de los nuevos abogados. Si la formación es adecuada, el examen de acceso será un requisito sencillo.
La Ley de Acceso, incluso recortada, no sólo proporciona ventajas directas a los estudiantes y a los ciudadanos, sino que mejorará el servicio público de la Justicia. La eficiencia y eficacia en su prestación depende directamente de las capacidades y habilidades de quienes lo prestan. Con mejores abogados habrá una mejor Justicia.
La Ley de Acceso fue promulgada en 2006 en unas circunstancias de bonanza económica. ¿En qué medida cree usted que se ha podido ver afectada por el escenario de crisis económica que sufrimos desde finales de 2007?
La Ley de Acceso tuvo una vacatio legis muy extensa en el tiempo, cinco años que han coincidido prácticamente con los mayores efectos de la crisis económica. El Reglamento y las posteriores reformas normativas se han desarrollado dentro de un escenario económico afectado por la situación crisis financiera. Creo que ya se empiezan a superar las incertidumbres que ha generado la última reforma de la Ley de Acceso a la hora de elaborar los programas del máster para acceder a la profesión de abogado.
Hasta finales de octubre del año pasado, ha habido un incremento considerable de colegiaciones -sobre todo como no ejercientes- motivado por la puesta en marcha de la Ley de Acceso. La Abogacía está asimilando este fenómeno con absoluta normalidad. Una vez pasados los efectos de la entrada en vigor de la Ley se producirá una situación de desarrollo normal. Por ello el Consejo General de la Abogacía está esperanzado en el funcionamiento del máster y la realización de la primera prueba de acceso.
¿Ha sabido orientar el CGAE sus peticiones de cara a pedir la derogación de la Ley de Tasas?
Dado el rechazo y la respuesta social que han tenido las tasas no sólo por parte de los abogados o de los Colegios de Abogados sino también de las asociaciones de jueces y fiscales, de los funcionarios, de los secretarios judiciales, de los partidos, de los sindicatos y de los consumidores y usuarios y hasta la asociaciones de estudiantes de Derecho, creo que la contestación tiene que ser positiva. Los ciudadanos saben que tenemos razón en las denuncias y los hechos lo están confirmando. Hay más barreras para acceder a la Justicia y son muchos más los ciudadanos que no pueden defender sus derechos aunque se lo permita la ley. Lamentablemente, el Consejo de la Abogacía no dispone del Boletín Oficial del Estado. Por eso hemos pedido al tribunal Constitucional que agilice la respuesta a los muchos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se han presentado para que al menos el daño sobre los derechos legítimos ciudadanos no se perpetúe.
Recién nombrado, el ministro de Justicia manifestó ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española que no habría tasas en primera instancia y que, en segunda, en todo caso serían simbólicas y se aplicarían contra las maniobras dilatorias que encarecen y alargan los procesos. No cumplió su palabra. La Ley se aprobó sin diálogo y sin negociación, estableciendo unas tasas que son disuasorias para los ciudadanos y una barrera para la defensa de sus derechos. Aunque se vio obligado a rectificar apenas dos meses después de su entrada en vigor, la rectificación se hizo de forma torpe e insuficiente.
El Estado de Derecho, fruto del pacto constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano, nuestra Justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy menos democracia.
¿Qué más puede hacer la Abogacía en este sentido?
No me cansaré de denunciar que ha triunfado la disuasión y ha fracasado la recaudación. Lo ingresado por las tasas judiciales no va a cubrir ni la mitad de las previsiones del Gobierno ya que hasta el 30 de noviembre se han recaudado 133 de los 306 millones que calculaba el Gobierno. Y, contra lo comprometido en la Ley de Tasas, esa recaudación no se vinculará ni destinará en 2014 a la asistencia jurídica gratuita, lo que confirma el puro interés recaudatorio de la medida, al igual que la intención disuasoria de limitar o impedir el acceso a la Justicia de los ciudadanos.
Mientras Francia, desde el pasado 1 de enero, es un país libre de tasas judiciales tras la decisión del Gobierno de eliminar esta barrera por ser "una penalización para los más vulnerables y una restricción a su acceso a la Justicia", en España nos las siguen cobrando.
¿Qué vamos a hacer? No callar y seguir trabajando para deshacer este entuerto. La Abogacía institucional seguirá su batalla contra las tasas y continuará ofreciendo amparo a los ciudadanos que vean vulnerado su derecho de defensa. Y, al mismo tiempo, mantiene la oferta de diálogo al Ministerio de Justicia no sólo para buscar soluciones a las tasas, sino para, junto con todos los operadores jurídicos, hacer frente al deplorable estado de la Justicia.
Abogacía, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, sindicatos y consumidores seguiremos trabajando juntos a través de la Plataforma Justicia para Todos y la Interasociativa de Jueces y Fiscales para continuar manifestando el rechazo de todos los sectores jurídicos a la Ley de Tasas Judiciales. Cualquier oportunidad es buena para pedir al Gobierno que rectifique una ley que consideramos inconstitucional y que limita los derechos los ciudadanos.
¿Qué opinión le merece la Ley de Acceso a la Abogacía?
La Ley de Acceso da respuesta a una de las grandes reclamaciones de la Abogacía, que cumpliendo con su misión de buscar el mejor funcionamiento de la Justicia y en la defensa de la profesión ha apoyado históricamente la implantación de unos requisitos específicos para el ejercicio profesional que garanticen a los ciudadanos que el abogado que les defiende está adecuadamente preparado para hacerlo. A pesar de los recortes en la prueba de acceso, debería ser un punto de inflexión en la mejora de la calidad de todos los abogados. Es una conquista de la que deben sentirse orgullosos, por este orden, los ciudadanos, la Administración de Justicia, los estudiantes y los propios abogados.
Igualar el nivel de exigencias de acceso a las que ya se contemplan en otros países de nuestro entorno, ¿implica reconocer que el nivel de preparación de los abogados noveles en España era inferior a la media europea?
Los abogados, por fin, hemos dejado de ser una excepción única en Europa. Es insólito que fuéramos el único país de la Unión donde un recién licenciado en Derecho, con escaso o nulo bagaje de conocimientos prácticos -no entro en los teóricos, pero la Universidad forma juristas, no abogados- podía colegiarse al día siguiente de terminar la carrera y a continuación actuar ante cualquier instancia, incluidos el Tribunal Constitucional o el Supremo.
Los abogados españoles se encuentran al más alto nivel profesional dentro de la abogacía internacional, con importantes personalidades jurídicas que encabezan los órganos de dirección de bufetes internacionales porque se han formado a posteriori con un gran esfuerzo. En España se encuentra el mayor bufete profesional de la Europa continental.
Pero, con esta ley, los estudiantes dispondrán de una mejor formación, podrán incorporarse al trabajo más fácilmente y accederán a un master equiparable en toda Europa. Con ello, la calidad media de la Abogacía española será más alta porque va a mejorar la competencia y la competitividad general y porque los nuevos abogados van a ser, también, un acicate para el conjunto de la profesión. Y por eso logrará una mayor presencia y reconocimiento a nivel global.
¿La Ley de Acceso a la Profesión va a lograr poner en equilibrio teoría y práctica?
La formación para acceder a la profesión de abogado debe ser eminentemente práctica si queremos que mejore la formación de los nuevos abogados. Tanto los Colegios de Abogados y las Escuelas de Práctica Jurídica como el Consejo General de la Abogacía estamos trabajando con ese objetivo. Si no se hace así, el empeño será en vano y habrá que pedir responsabilidades.
No parece de recibo que se exija un nivel muy elevado para los licenciados en derecho que van a ser fiscales o jueces y que no se haga lo mismo con quienes lo que tienen en sus manos es la defensa de los derechos de los ciudadanos. Para que haya verdadera igualdad de armas en el proceso, es imprescindible propiciar la igualdad en la formación de todos los operadores jurídicos. Ahora toca mejorar la formación de los abogados.
Justicia convocará el primer examen con preguntas tipo test y sin ningún caso práctico. ¿No es un error de planteamiento no orientar a los futuros abogados hacia el terreno que han de pisar?
Confío en que las cosas se hagan bien y que se consiga el objetivo buscado por la Abogacía. No es una cuestión de oportunidad ni buscamos poner barreras de entrada. Queremos los mejores abogados que aúnen en el máster la práctica profesional con una sólida formación. Para ello, la formación práctica y la evaluación de esa preparación nos parece fundamental. No hacerlo así no sólo sería un error sino un fraude a los alumnos.
¿Le parece apropiado y beneficioso para los estudiantes el examen de acceso?
Me parece importante que el Máster sea eminentemente práctico y que cuente con profesores que estén en el ejercicio de la Abogacía y que haya una prueba eminentemente práctica que asegure la adecuada formación práctica de los nuevos abogados. Si la formación es adecuada, el examen de acceso será un requisito sencillo.
La Ley de Acceso, incluso recortada, no sólo proporciona ventajas directas a los estudiantes y a los ciudadanos, sino que mejorará el servicio público de la Justicia. La eficiencia y eficacia en su prestación depende directamente de las capacidades y habilidades de quienes lo prestan. Con mejores abogados habrá una mejor Justicia.
La Ley de Acceso fue promulgada en 2006 en unas circunstancias de bonanza económica. ¿En qué medida cree usted que se ha podido ver afectada por el escenario de crisis económica que sufrimos desde finales de 2007?
La Ley de Acceso tuvo una vacatio legis muy extensa en el tiempo, cinco años que han coincidido prácticamente con los mayores efectos de la crisis económica. El Reglamento y las posteriores reformas normativas se han desarrollado dentro de un escenario económico afectado por la situación crisis financiera. Creo que ya se empiezan a superar las incertidumbres que ha generado la última reforma de la Ley de Acceso a la hora de elaborar los programas del máster para acceder a la profesión de abogado.
Hasta finales de octubre del año pasado, ha habido un incremento considerable de colegiaciones -sobre todo como no ejercientes- motivado por la puesta en marcha de la Ley de Acceso. La Abogacía está asimilando este fenómeno con absoluta normalidad. Una vez pasados los efectos de la entrada en vigor de la Ley se producirá una situación de desarrollo normal. Por ello el Consejo General de la Abogacía está esperanzado en el funcionamiento del máster y la realización de la primera prueba de acceso.
¿Ha sabido orientar el CGAE sus peticiones de cara a pedir la derogación de la Ley de Tasas?
Dado el rechazo y la respuesta social que han tenido las tasas no sólo por parte de los abogados o de los Colegios de Abogados sino también de las asociaciones de jueces y fiscales, de los funcionarios, de los secretarios judiciales, de los partidos, de los sindicatos y de los consumidores y usuarios y hasta la asociaciones de estudiantes de Derecho, creo que la contestación tiene que ser positiva. Los ciudadanos saben que tenemos razón en las denuncias y los hechos lo están confirmando. Hay más barreras para acceder a la Justicia y son muchos más los ciudadanos que no pueden defender sus derechos aunque se lo permita la ley. Lamentablemente, el Consejo de la Abogacía no dispone del Boletín Oficial del Estado. Por eso hemos pedido al tribunal Constitucional que agilice la respuesta a los muchos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se han presentado para que al menos el daño sobre los derechos legítimos ciudadanos no se perpetúe.
Recién nombrado, el ministro de Justicia manifestó ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española que no habría tasas en primera instancia y que, en segunda, en todo caso serían simbólicas y se aplicarían contra las maniobras dilatorias que encarecen y alargan los procesos. No cumplió su palabra. La Ley se aprobó sin diálogo y sin negociación, estableciendo unas tasas que son disuasorias para los ciudadanos y una barrera para la defensa de sus derechos. Aunque se vio obligado a rectificar apenas dos meses después de su entrada en vigor, la rectificación se hizo de forma torpe e insuficiente.
El Estado de Derecho, fruto del pacto constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano, nuestra Justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy menos democracia.
¿Qué más puede hacer la Abogacía en este sentido?
No me cansaré de denunciar que ha triunfado la disuasión y ha fracasado la recaudación. Lo ingresado por las tasas judiciales no va a cubrir ni la mitad de las previsiones del Gobierno ya que hasta el 30 de noviembre se han recaudado 133 de los 306 millones que calculaba el Gobierno. Y, contra lo comprometido en la Ley de Tasas, esa recaudación no se vinculará ni destinará en 2014 a la asistencia jurídica gratuita, lo que confirma el puro interés recaudatorio de la medida, al igual que la intención disuasoria de limitar o impedir el acceso a la Justicia de los ciudadanos.
Mientras Francia, desde el pasado 1 de enero, es un país libre de tasas judiciales tras la decisión del Gobierno de eliminar esta barrera por ser "una penalización para los más vulnerables y una restricción a su acceso a la Justicia", en España nos las siguen cobrando.
¿Qué vamos a hacer? No callar y seguir trabajando para deshacer este entuerto. La Abogacía institucional seguirá su batalla contra las tasas y continuará ofreciendo amparo a los ciudadanos que vean vulnerado su derecho de defensa. Y, al mismo tiempo, mantiene la oferta de diálogo al Ministerio de Justicia no sólo para buscar soluciones a las tasas, sino para, junto con todos los operadores jurídicos, hacer frente al deplorable estado de la Justicia.
Abogacía, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, sindicatos y consumidores seguiremos trabajando juntos a través de la Plataforma Justicia para Todos y la Interasociativa de Jueces y Fiscales para continuar manifestando el rechazo de todos los sectores jurídicos a la Ley de Tasas Judiciales. Cualquier oportunidad es buena para pedir al Gobierno que rectifique una ley que consideramos inconstitucional y que limita los derechos los ciudadanos.
