“La justicia no debe olvidarse porque sobre ella se asienta la confianza y la aceptación del sistema”

¿Cuáles son sus planes para la Asociación Española de Derecho Financiero?

Seguiremos impulsando la labor que la AEDF ha desarrollado fomentando las relaciones con la International Fiscal Association y el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Por otra parte, me encantaría que la AEDF tuviera más presencia en los medios de comunicación españoles y que sirviera de cauce para expresar la opinión de expertos sobre los problemas actuales de la fiscalidad española.

¿En qué va a consistir su tarea como presidente?

Soy el representante de la asociación, dirijo los debates de su consejo directivo y ejecuto sus acuerdos. Además, desearía ser una especie de animador de actividades ya que estoy convencido de que la fortaleza de la asociación reside en los asociados y en su contribución a las tareas que conjuntamente realicemos.

¿Qué cambios prevé que tendrán lugar en el Derecho Financiero durante los próximos cuatro años?

A pesar de la gran estabilidad de algunas ramas del Derecho Financiero preveo cambios en las materias relacionados con ingresos tributarios. Se trata de un ámbito sometido a transformaciones constantes en el que influyen directamente factores coyunturales o la situación económica del país y la mayor o menor capacidad de la Administración para gestionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, si prescindimos de estas circunstancias fugaces, también se aprecian líneas evolutivas de más calado y efectos a largo plazo.

¿Cuáles?

Por un lado, la internacionalización de las relaciones económicas. Este hecho obliga a adaptar la fiscalidad a modelos diseñados en instancias supranacionales y a mantener una actitud de alerta permanente para luchar contra el fraude basado en la utilización de paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Por otro, el avance del principio de "provocación de costes", como yo lo llamo, o de compensación frente al de capacidad económica. Este auge se manifiesta sobre todo en el creciente interés por los impuestos medioambientales que obligan a contribuir en función del daño causado por la realización de actividades contaminantes.

Derecho financiero y actualidad

¿Qué influencia tiene la crisis en el Derecho Financiero?

Produce un efecto inmediato en el volumen de los ingresos públicos. Uno de los primeros síntomas que permitieron vaticinar hace ya muchos meses la gravedad del problema actual fue la disminución de la recaudación del IVA que pasó de una desaceleración en el año 2007 (el crecimiento del 9,6% de 2006 se redujo hasta el 2,2%) a una auténtica debacle en 2008 con una pérdida del 13,7% de los ingresos por este impuesto. Ya en el tercer trimestre de 2007 se apreció la primera convulsión con un descenso recaudatorio del 19,1% y en 2008 no ha habido un solo trimestre con evolución positiva.

En periodo de crisis, el Derecho Financiero es, ¿más o menos justo?

La justicia no debe olvidarse a pesar de los momentos difíciles porque sobre ella se asienta la confianza y la aceptación del sistema. Probablemente, en momentos de apuros económicos los gobernantes se despreocupan de ella en aras de la eficacia recaudatoria, pero nunca se ha de perder de vista que los impuestos se deben repartir en función de la capacidad económica de los contribuyentes. Pienso que debería mejorar en el reparto justo de las cargas públicas.

¿A qué retos se enfrenta el  Derecho financiero en España?

Tenemos un problema acuciante, la configuración definitiva de un sistema estable de financiación autonómica. En 2001 pareció que se había llegado a una situación de equilibrio, pero la realidad es que las Comunidades Autónomas han planteado nuevas exigencias de recursos al Estado aunque, curiosamente, no han hecho uso de la capacidad de aumentar los impuestos que en ese año se les otorgó. Parece que prefieren que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de recaudar y se centran en el debate sobre el modo de distribuir lo que éste exige a los ciudadanos.

Personalmente, siempre he sido partidario de la autonomía como instrumento que acerca el ámbito de decisión política a los ciudadanos. La autonomía financiera regional fue el objeto de mi tesis doctoral, defendida en 1975, cuando se empezaba a hablar de este asunto en España. Pero no podemos seguir por el camino actual. Es necesario alcanzar un pacto autonómico racional y definitivo que acabe con el despilfarro que supone la multiplicación de servicios que no aprovechan las economías de escala de la organización estatal.

¿Qué papel ha jugado el Derecho financiero a lo largo de la historia de nuestro país?

El Derecho financiero sólo existe como disciplina autónoma y diferenciada desde 1970. Antes de esa fecha no se profundizaba en su estudio, que quedaba reducido a un pequeño apéndice de las obras generales del Derecho administrativo. Se ponía más atención en los aspectos económicos de los ingresos y los gastos públicos, cuyo estudio no correspondía a los juristas sino a los economistas. Ahora bien, las normas jurídicas reguladoras de los ingresos y gastos públicos han existido siempre y han desempeñado un papel importantísimo en el desarrollo del Estado. Por no remontarnos muy atrás, recordemos lo que supuso la ingente tarea de elaborar un catastro a mediados el siglo XVIII, la creación de la Contribución de Inmuebles un siglo más tarde, las convulsiones sociales que provocaron los impuestos de consumos a finales del XIX y principios del siglo XX, o la reforma tributaria que vino de la mano e incluso se adelantó, tal era su urgencia, a la aprobación de la Constitución.