"Está constatada la mejora del servicio público de la justicia en las Comunidades Autónomas que lo tienen transferido" "El consenso político, afortunadamente, ya se ha conseguido entre el Partido Socialista y el Partido Popular"
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado socialista por la provincia de Palencia, es portavoz de su grupo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Antes de estar en la primera plana del Legislativo, este Interventor de Administración Local ha sido concejal, primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de su Palencia natal. Desde Legal Today le hemos planteado algunas preguntas, trascendentes tras el Pacto de Estado por la justicia de finales del mes de julio, que obliga a las dos fuerzas políticas mayoritarias a obrar en consenso para que el tercer poder avance con normalidad.
Hace poco se han cumplido los 100 primeros días de la presidencia del gobierno. ¿Qué destacaría usted de los 100 días de la comisión de Justicia?
Yo destacaría la coincidencia de la mayoría de los Grupos Parlamentarios en creer que ésta será la Legislatura de la modernización de la justicia en España y, por lo tanto, la de la mejora de este esencial servicio público. También los acuerdos logrados con el Partido Popular para proceder a dicha modernización y a la renovación de las vacantes de miembros del Tribunal Constitucional y del propio Consejo General del Poder Judicial, que se llevarán a cabo en el próximo mes de septiembre. Por último, el ambicioso programa de Legislatura presentado por el Ministro de Justicia ante la Comisión y la receptividad de los Grupos Parlamentarios hacia el mismo, que hacen que las expectativas sean de un razonable optimismo en esta materia.
La renovación de los vocales del CGPJ depende de un consenso político que se vislumbra, al menos desde la ciudadanía, complicado. ¿Cómo ve la interconexión que existe entre política y judicatura?
El consenso político, afortunadamente, ya se ha conseguido entre el Partido Socialista y el Partido Popular, con acuerdos en materias esenciales, como la necesaria modernización de la Administración de Justicia y la renovación de los órganos institucionales. La interconexión no es otra cosa que el normal funcionamiento del sistema constitucional en lo que se refiere al gobierno de la Administración de Justicia, no a la función de los Jueces de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", para lo que tienen total independencia. Cosa distinta son los excesos y las intromisiones a que nos han tenido acostumbrados algunos miembros del actual Consejo General del Poder Judicial; toca pasar página y recuperar el prestigio de la institución.
El Tribunal Supremo y el Constitucional han sido el escenario de la lucha partidista en los últimos tiempos. En este sentido, ¿ve posible una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acabe de una vez por todas con esta injerencia?
Sería deseable una reforma que impida que se repita lo que, lamentablemente, ha ocurrido.
Hace unas semanas oímos la propuesta de endurecer el control parlamentario al Poder Judicial, obligando a los vocales a comparecer ante el Congreso cada vez que sean requeridos. ¿Lo harán para informar o para responder políticamente?
Es muy positivo, desde el punto de vista democrático, que los miembros del Consejo General del Poder Judicial comparezcan ante el máximo órgano de la soberanía popular, para informar sobre asuntos de interés relacionados con el servicio público de la justicia; lógicamente, en ningún caso se trata de que tengan que responder políticamente, como algunos de manera interesada repiten constantemente.
Desde el Ministerio de Justicia se están poniendo en marcha sucesivas soluciones de modernización de la administración de Justicia, dando a entender que el problema más acuciante es la falta de recursos materiales, pero, ¿cómo van las reformas estructurales?
Las reformas de modernización ya se han iniciado y son inaplazables; creo que tendrán consenso y apoyo casi unánime; el problema no es sólo de poner más recursos económicos, sino conseguir una gestión eficaz de los medios que ya tenemos y de aquellos nuevos que se van a incorporar.
De las muchas iniciativas de ley que pueden verse potenciadas por el pacto de Estado sobre la Justicia, ¿cuál destacaría?
Fundamentalmente las relacionadas con las reformas de las leyes procesales, la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la plena incorporación de las nuevas tecnologías, para modernizar el conjunto del sistema, entre otras.
¿Qué incidencia cree que pueda tener una menor recaudación de impuestos, como consecuencia de la crisis económica, en los planes que plantea su grupo para mejorar la desvencijada justicia española?
La situación económica actual permite la adopción de las medidas previstas para la modernización de la justicia sin especiales dificultades, habiéndose llegado ya a acuerdos en este aspecto.
En su día, la descentralización de la sanidad pública en las Comunidades Autónomas colaboró en el mejoramiento del servicio. En este sentido, ¿sería irreal esperar similares beneficios de una eventual descentralización de la Justicia?
Está constatada la mejora del servicio público de la justicia en las Comunidades Autónomas que lo tienen transferido; la descentralización, dentro del marco recogido en la Constitución Española, conlleva importantes beneficios en la prestación del servicio.
