“Nuestro sistema judicial se asemeja a un gigantesco armatoste”

Según parece, el Consejo General del Poder Judicial se renovará en septiembre, después de una ardua lucha entre los partidos mayoritarios.  En su opinión ¿en qué beneficia a la justicia el hecho de que la renovación del CGPJ sea un proceso eminentemente político?

En nada. Que los partidos políticos luchen para la renovación de un órgano constitucional, que gobierna un Poder independiente como es la Justicia, lleva al ciudadano la lógica idea de que, en realidad, lo que es objeto de reparto entre los políticos es la Justicia: la gente no diferencia entre el Consejo y los jueces y tribunales. De manera que el daño que se hace es grande y se traduce en pérdida de autoridad, de confianza, etc. Lo malo es que así llevamos ya desde 1985 y de lo que hablamos no es de un órgano "menor" (por ejemplo, y con todos los respetos, el Instituto Cervantes) sino del tercer poder del  Estado que está para que sea realidad el Estado de Derecho.

¿Qué le diría a aquellos que abogan por anular la L.O. de 1985 y recuperar la primera interpretación del art. 122.3 CE?

Que hay que  seguir insistiendo en esa lucha. Se trata de volver al pacto constitucional. Tanto en 1978 como cuando se puso en marcha el Consejo, en 1980, todos los Partidos tenían la convicción de que "lo constitucional" era que de los veinte Vocales del Consejo, los doce que son jueces fuesen elegidos por los propios jueces, sin intervención de los Partidos. Era la lógica consecuencia del principio de separación de poderes que establecía la Constitución y la lógica consecuencia de hacer del Judicial un poder independiente y no un servicio público más administrativizado. Pero fue llegar el PSOE al poder y abandonar ese pacto constitucional, y al cabo de los años ya vemos cuál ha sido el resultado, cómo ha caído el prestigio de la justicia entre los ciudadanos, cómo vivimos en una situación de inconstitucionalidad de hecho: si el Tribunal Constitucional dijo que el nuevo sistema sería contrario a la Constitución si había reparto entre Partidos, ¿qué es si no lo que estamos viviendo estos días  entre PSOE y PP? De todas formas la vuelta al genuino sistema constitucional tiene ahora muchas pegas y no me refiero a que ningún Partido esté en realidad por la labor de volver a él. La Judicatura de ahora nada tiene que ver con la de 1978-1980 y a esto añádase que la complejidad gubernativa es enorme debido a las diferentes instancias que intervienen en la Justicia (Consejo, Ministerio, CC.AA., Fiscalía General, colegios profesionales, etc.), el deterioro que sufre la Justicia, la falta de visión de Estado en muchos de los que intervienen, la realidad de que gobernar la Justicia no es gestionar intereses privados ni exclusivamente profesionales o corporativos, etc. Todo este cúmulo de circunstancias lleva a que más que debatir sobre quién debe elegir a los Vocales, lo prioritario sea que nos preguntemos cómo hacer una Justicia eficiente, que sirva a las necesidades de un país cuya estructura social y económica ha cambiado mucho desde 1978. Los que defendemos la vuelta al sistema de 1978-1980 debemos actualizar nuestro pensamiento, replantearlo sobre nuevas bases y seguramente nos llevaremos alguna que otra sorpresa.

Los medios de comunicación descubren, cada cierto tiempo, un nuevo escándalo que pone en tela de juicio la confianza ciudadana en la justicia. La idea de que los tribunales están ante una crisis sin precedentes está calando cada vez más hondo en la opinión pública y no parece haber una reacción mediática por parte de los estamentos judiciales por centrar el debate en su justa medida ¿a qué atribuye esto?

Este Consejo ha puesto las bases de una política de comunicación que, espero, continúe y mejore el próximo Consejo. Aún hay mucho por hacer: hay que profesionalizar esta actividad, dar con el modelo específico de comunicación institucional aplicado a la Justicia, hay que convencer al juez de su necesidad, debemos aprender a "vender" nuestro producto porque es bueno, es de calidad y cuando se comprende, se valora. Ciertamente desde el punto de vista de la opinión pública la Justicia estaba hasta ahora desasistida, además tengo la impresión de que en España todo el mundo se considera experto para hablar de cuestiones judiciales como si se tratase de vino o de fútbol, es el reinado del "para mí" que suele ser el fruto de la ignorancia mas la petulancia. Lo cierto es que cuando se ve la capacidad de influir en la opinión pública o las estrategias de comunicación que tienen  partidos, sindicatos, grandes empresas o grupos profesionales, se llega a la conclusión de que la Justicia, los jueces en particular, hemos estado viviendo en otro mundo, ignorando que podremos ser o considerarnos excelentes, magníficos o que nuestras sentencias hablan por sí solas…pero que si no se dice, se cuenta, se explica y se demuestra todo eso, pues no sirve para nada y no eres nada sencillamente porque, aunque suene a tópico, vivimos en un mundo mediático. En todo caso restaurar el buen nombre, el prestigio de la Justicia pasa también por una acertada política de comunicación institucional, no sólo "explicativa" sino "replicativa". Muchas veces por no salir al paso o por no atajar informaciones tergiversadas, la Justicia sale perdedora frente a instancias políticas, policiales, empresariales, etc…, que llevan años trabajando el mundo de la comunicación.

Globalmente, ¿en qué estado cree que se encuentra la administración de justicia en España?

Si se compara con la de otros países creo que el nivel es alto. Tenemos un capital excelente -me refiero a la calidad de los jueces- pero también hay una serie de circunstancias que hacen que la Justicia esté baja en el nivel de apreciación por los ciudadanos. No me refiero sólo a que la política haya descargado en el gobierno judicial, en la Fiscalía, que no exista verdadero interés político en que funcione de forma eficaz, me refiero a otros muchos aspectos que ensombrecen el panorama, por ejemplo, las contradicciones entre tribunales, la lentitud, el que prevalezcan los intereses político-territoriales sobre las necesidades objetivas de la Justicia, que no haya otra política sino la de crear más y más órganos judiciales, que haya intensos y fuertes intereses profesionales que impiden que las cosas cambien. En general tengo la sensación de que hoy día nuestro sistema judicial se asemeja a un gigantesco armatoste, pesado, burocratizado, oscuro y de poco fiar.

La Ley Orgánica del Poder Judicial abre la puerta a la creación de fiscalías especiales, y puede decirse que gracias a ella han proliferado en todo el país. En términos de efectividad en la persecución del delito, ¿qué valoración hace al respecto?

No soy fiscal y no estoy en las mejores condiciones para valorar esas fiscalías. Sí que dan la idea de  haber complicado el panorama del Ministerio Fiscal. En todo caso el objetivo es especializar la actuación del Ministerio Fiscal lo que, por principio, es positivo. Sí que puedo decirle que éste es otro ejemplo de la necesidad de hacer una verdadera revolución judicial: las fiscalías especiales nos aproximan a un sistema de fiscal instructor, integrado en equipos muy especializados en los diferentes fenómenos delictivos, con una policía dependiente. Por ahí debería ir el futuro.

Hace poco nos hicimos eco en Legal Today de los resultados positivos que arrojaba un informe del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial del CGPJ sobre la mediación penal. ¿Cómo valora usted la hipotética implantación de este "arbitraje"?

Un delito es un delito, algo que pertenece al mundo de los hechos: no lo veo como algo negociable. Puede negociarse cómo satisfacer a la víctima, incluso la posibilidad, tipo y extensión de las medidas postdelictuales, pero llevar el pacto al "antes" -hecho cometido- no lo acabo de ver, es más, incluso en la fijación de la pena y su extensión debe prevalecer la idea de proporcionalidad más que la consensual.

A veces se formula por parte de los colegios de abogados la conveniencia del diseño de unas pruebas de acceso a la profesión de abogado, tal y como existen en otros países de nuestro entorno, planteamiento que invariablemente genera un gran debate. ¿Cómo es valorada esta posibilidad desde el estamento judicial?

Las profesiones jurídicas más directamente relacionadas con los tribunales es un ámbito en el que debe entrar toda idea de reforma de la Justicia. Incluso antes, en los estudios universitarios, para evitar la masificación y la pérdida del nivel formativo. En cuanto a los abogados toda idea de exigir formación y especialización debe ser bienvenida. Siempre he dicho -y la idea no es mía- que detrás de una buena sentencia hay una buena demanda o un buen escrito de contestación y esa calidad debe procurarse no sólo para los abogados de los grandes despachos, sino para todos. Pero, repito, el nivel debe venir fijado desde antes, desde la universidad y desde los Colegios de abogados, luego ya será la propia vida quien sitúe a cada uno en su sitio según sus capacidades, vocación o responsabilidad.