La contratación pública ha resultado siempre muy atractiva para la empresa del tamaño que sea, ahora significativamente menos por los fuertes impagos de la administración. De todos modos, hay una dificultad añadida a la económica, que es la confusión normativa que hay; la cual sí se puede solucionar o al menos aminorar. De ello hemos hablado con José María Gimeno, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y Director de la obra “Observatorio de Contratos públicos 2011”, editado por Thomson Reuters Aranzadi.
¿Hacia un código de contratos públicos?
La contratación pública, por su importancia económica y política debe regularse desde la óptica de la estabilidad normativa. Por ello, resulta necesario un Código de contratos Públicos que garantice la necesaria uniformidad y compatibilice la idea de seguridad jurídica y predecibilidad, principios de gran importancia en una actividad como la contractual.
Así, al favorecer el conocimiento
de las reglas, con la adecuada simplificación, se puede obtener una adecuada
economía de escala favoreciendo la optimización de recursos públicos.
¿Cómo cree que ha ayudado la legislación de la contratación pública a elevar
los estándares de calidad empresariales en España?
La contratación pública es una de las principales herramientas de dinamización del sector empresarial y, una buena regulación, debe favorecer un adecuado desarrollo del mismo, fomentando el necesario acceso de las PYME.
¿Cree que los abogados pueden llegar a manejarse con seguridad en un tema tan minucioso y tan sujeto a coyunturas políticas y económicas?
Hoy en día la materia de
contratación pública resulta compleja y complicada tanto por el sistema
normativo como por la propia sistemática española. Eso hace que exista gran
inseguridad jurídica pero es necesario que abogados y profesionales de la
contratación manejen de forma correcta esta norma y hagan efectivos los
principios de eficiencia e integridad.
¿Qué elemento normativo fundamental de los países de nuestro entorno cree
usted que se debe incorporar a la contratación pública española?
Sin duda la simplificación normativa con trámites más
sencillos, utilizando la declaración responsable junto con los medios
electrónicos, junto con mecanismos de control rápidos y efectivos que corrijan
las eventuales irregularidades.
¿Está suficientemente tutelado a nivel judicial el adjudicatario de un
contrato público?
El nuevo sistema de recurso especial ante Tribunales
Administrativos de contratos públicos es un notable avance, pero debe
extenderse su ámbito a todo contrato al margen de su importe
¿Qué está pagando los impagos de la Administración contratante?
Es una de las principales causas de incremento de costes
empresariales que impide que nuestras empresas sean competitivas y que comporta
un incremento de la prestación, lo que agudiza la actual crisis
económica.
Hace unos años, las empresas pugnaban con fuerza para ser contratadas por el
sector público. ¿Esto sigue siendo así?
Sin duda, es un mercado potencial que supone una cifra de
negocio cercano al 20 por ciento del PIB.
Usted ha dirigido el volumen Observatorio de Contratos Públicos 2011 ¿qué
aporta al Derecho Administrativo esta publicación?
Es una obra de prospectiva y reflexión sobre la situación
actual de la contratación pública. Se dan cuenta de las principales novedades
facilitando al lector la necesaria actualización
Tras terminar la obra, ¿a qué conclusión ha llegado usted al respecto de los
Contratos Públicos, que quizá antes no había apreciado?
Es una de las materias claves en el proceso de reforma de las Administraciones públicas y del sector empresarial español y europeo y principal instrumento para articular políticas públicas.
