José Manuel Cantera Cuartango es el jefe de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos. Hemos hablado con él sobre los desafíos de la Administración, la transformación digital, la crisis sanitaria, los fondos next generation, entre otros temas.
¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos a los que se enfrenta la Administración pública?
El principal reto al que se enfrenta -y se enfrentará en los próximos años- la Administración pública es la prestación de servicios públicos de calidad, donde el centro neurálgico de su actuación sean las personas, la ciudadanía, los beneficiarios de los servicios públicos. Todas las normas administrativas tienen que girar en torno a la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Las normas y procedimientos que se utilicen son un medio para conseguirlo, no un fin en sí mismo.
La digitalización marca el paso de la sociedad del siglo XXI. ¿Es capaz la Administración de seguir este ritmo?
Por supuesto. No me cabe ninguna duda. El mundo globalizado y digitalizado en el que vivimos nos empuja a que todo lo que hagamos pase por la digitalización de la Administración, hasta el punto de que las entidades del sector público que no pasen por ella, se convertirán en Administraciones de segunda categoría.
La crisis sanitaria ha puesto en negro sobre blanco las carencias de nuestra Administración Pública. ¿Qué lecciones ha aprendido de ello?
Que muchos, no todos, de los procedimientos que recoge nuestro ordenamiento jurídico público, no han estado a la altura de las circunstancias. No están al día. Vivimos en un mundo donde las cosas cambian no en décadas o en años, como antes, sino en semanas, días e incluso en horas. Es por ello necesario, crear un marco normativo flexible y seguro que permita abordar los problemas que se puedan plantear con cierta rapidez.
¿En qué medida el Ayuntamiento de Burgos está participando de las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y qué objetivos se han marcado con la llegada de estos fondos?
El Ayuntamiento de Burgos está participando proactivamente en las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sus objetivos son los establecidos en la Agenda 2030. Con los fondos next generation se pretende que las ciudades dejen de ser del siglo XIX y se conviertan en ciudades sostenibles, accesibles, cómodas, agradables, reconociendo las particularidades en cada territorio.
Al hilo de las exigencias de la UE, se dictó el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que tratará de disminuir la tasa de empleo público temporal por debajo del 8 por ciento. ¿Considera que se logrará optimizar las condiciones laborales de los empleados públicos?
En primer lugar, creo que el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es una buena noticia. Las plantillas de las Administraciones públicas están muy mermadas y envejecidas. Se necesita una inmediata reposición de las plazas y puestos vacantes. Si queremos y exigimos servicios de calidad, es necesario e imprescindible contar con el capital humano que pueda hacer realidad ese objetivo. Y en segundo lugar, no basta con disponer de recursos humanos. Las Administraciones públicas tienen que formarlos debidamente. Y, para ello, debe poner todos los medios materiales e intelectuales para que sus empleados sean eficaces y eficientes. Si alguien pretende conseguir que los empleados públicos rindan sin darles los medios para afrontar los nuevos marcos normativos y retos digitales, cosechará un rotundo fracaso. El capital humano es lo más valioso que tiene la Administración pública. Invertir en formación es invertir en el futuro.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público se exige la obligatoriedad de la contratación electrónica. ¿Cómo se han adaptado?
Perfectamente. Como todo, los primeros meses hubo un periodo de transición, tanto para la Administración, como para todos los operadores económicos, pero la capacidad de los intervinientes en los procesos licitatorios está siendo muy alta. La Plataforma de Contratación del Sector Público está funcionando a pleno rendimiento y cada día mejora su accesibilidad, seguridad y manejo. Creo que la contratación electrónica ha sido uno de los grandes aciertos, frente a otros sonoros fracasos, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
¿Qué novedades legislativas se esperan en su ámbito para 2022?
Una mejora de los procesos de contratación pública. En ocasiones nos quedamos en las cuestiones meramente formales y desatendemos el interés público que hay detrás de ellas.
Según marca la Agenda 2030, la Administración Pública deberá redoblar sus esfuerzos en políticas orientadas a paliar situaciones de despoblación y atención al medio rural, reducir brechas digitales, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y afrontar desafíos como el de la inmigración. ¿Cómo vislumbra este punto?
Largo camino nos queda por recorrer. Todos los puntos que acaba de mencionar constituyen, por sí mismos, asuntos que requieren de un tratamiento profundo, meditado y reflexivo, que no se soluciona con medidas coyunturales y que requieren un planteamiento sosegado que busque su real implantación y que dé respuesta a las peculiaridades que tiene cada territorio, muy dispar, por otro lado, en todo el territorio nacional.
