Que los tiempos están cambiando en nuestra profesión es un hecho más que notorio. No tenemos más que mirar la cantidad de mujeres abogadas que tenemos hoy en día o cómo cada día hay más alumnas en las facultades de Derecho. El avance es innegable.
Desde mi punto de vista la Abogacía ha tenido un componente más masculino – dicho sea sin ningún tipo de connotación peyorativa. Si pedimos a la ciudadanía que nos dibuje una persona que ejerce la abogacía me atrevo a afirmar que nos dibujaría a un señor mayor con traje. Probablemente yo hubiera sido una de las primeras en hacerlo si no ejerciera esta profesión. Pese a lo anterior, sí acudimos a los juzgados observaremos que no solo existe ese perfil.
Este cambio se está materializando en los Ilustres Colegios, por ejemplo. Sin ir más lejos, el Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa cambió su denominación hacia Ilustre Colegio de la Abogacía. Este cambio no solo tiene su base en el lenguaje inclusivo – que también – sino en que en la actualidad somos más abogadas ejerciendo en Gipuzkoa que abogados. La adecuación a la realidad social como criterio interpretativo que alegamos en nuestras demandas se está dando, despacito, pero está teniendo lugar.
No obstante de lo anterior, si me preguntasen si dentro de la profesión existe algún tipo de discriminación hacia las abogadas jóvenes me temo que debo contestar afirmativamente: sigue habiendo discriminación hacia nosotras. Esta denigración no solo la sufrimos por parte de clientes que siguen buscando ese perfil de “señor mayor abogado” como única persona capaz de defenderle bien, sino incluso dentro de los compañeros (aquí el género es relevante). Pese a llevar siete años ejerciendo aún existen compañeros que creen que por mi juventud y el hecho de ser mujer me hacen menos válida para defender a mi cliente o, directamente, que soy la secretaria o becaria del abogado. Me viene a la mente un compañero – le menciono como tal por puro cumplimiento deontológico – que me indicó, minutos antes de entrar en sala, que no iba a negociar conmigo porque era mujer y no tenía ni idea. Por suerte estos hechos son aislados, pero están ahí.
La Abogacía Institucional ha de ser medio para evitar aspectos como estos: los y las colegiadas (o agrupados y agrupadas en mi caso) tienen que vernos como algo útil, algo que fomente la relación entre todos y todas. Lo ideal sería que a nivel estatal, principalmente en la abogacía joven, esa conexión también tuviera lugar pero, a raíz de la pandemia, nos encontramos con que cada vez está más lejos de los problemas del colectivo, convirtiéndose en la actualidad – ¡con lo que fue años atrás! – en un ente inanimado: no escucha, no facilita la reunión, no se fomenta el compañerismo.
En calidad de presidenta de la Abogacía joven de Gipuzkoa, de la mano de toda mi ejecutiva, queremos que esas discriminaciones no ocurran en nuestra generación (ni en las siguientes). Para ello, junto con las charlas formativas para nuestro día a día profesional, organizamos actos sociales para que nos conozcamos entre todos y todas. Creo que ahí está la base para fomentar después, en sala, las “relaciones de compañerismo” que menciona el Código Deontológico de la Abogacía, relaciones sin distinciones, de igual a igual… como debe ser.
Como dijo Antonio Machado, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Seguiremos caminando, haciendo camino, deseando que las abogadas jóvenes de mañana lean este artículo y vean estos escenarios como algo lejano, que los abogados jóvenes se pregunten cómo era posible que existiera esa distinción tan absurda. Eso se traducirá en que, desde la Abogacía institucional así como desde nuestro día a día profesional, hemos hecho bien nuestro trabajo.
Sigamos caminando.
