Creo que todos coincidimos en que es necesario rectificar la desigualdad entre hombres y mujeres en todos los sectores, el debate a favor o en contra de las cuotas se centra en las soluciones que se proponen para lograrlo, ya que parece que se nos “coloca” ahí por el hecho de ser mujeres y no por nuestra valía.
Yo me pregunto ¿Es necesaria exigir cuotas o se debería apostar por un cambio cultural? ¿Las cuotas van contra la meritocracia y la libertad de elección de las empresas privadas?
En mi opinión, las cuotas son una medida de acción positiva que establece criterios para corregir la desigualdad de género y garantizar la igualdad de oportunidades cuando estamos viendo que no existe por sí sola, pero deberían existir otras normas que nos llevaran a eliminarlas en el futuro sin perjuicio para las mujeres, y aquí entra en juego la corresponsabilidad, la comunicación y la formación de los profesionales para que sean capaces de ver el talento y seleccionarlo, para que las personas que tengan el mejor perfil sean seleccionadas por su valía, sin importar su condición o género.
Existe consenso respecto a la falta de visibilidad que sigue teniendo el talento femenino en medios de comunicación, organizaciones y firmas. En los Consejos de Administración, los Comités de Dirección, en las altas esferas de la Judicatura, y en los órganos de representación colegiales siguen faltando mujeres y parece que los planes de igualdad, ya obligatorios en muchas empresas, no se están traduciendo en la mayoría de los casos en cambios reales y visibles en las esferas de decisión de nuestro sector, por lo que el retrato de la situación actual no ofrece todavía una imagen óptima.
Hace unos días – el 7 de marzo de 2023 – el Consejo de ministros aprobó el anteproyecto de Ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión (“ley de Paridad”), que tiene como meta cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, basado en garantizar a las mujeres y niñas «las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles».
El citado anteproyecto establece una serie de medidas para garantizar un incremento de la cantidad de mujeres en los puestos relevantes de decisión del país, tanto a nivel público como en las empresas privadas, exigiendo una representación mínima del 40% del género menos representado de los puestos en las Juntas de Gobierno de los Consejos Generales, los Colegios Profesionales, etc.
El reciente Estudio sobre la igualdad en el sector legal, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la Fundación Aranzadi LA LEY y el Women Business and Justice European Forum pone de manifiesto la infrarrepresentación de las mujeres en las posiciones de decisión en el sector legal y explica las barreras que las mujeres nos hemos encontrado en nuestra trayectoria profesional, respecto a cinco temas o bloques clave que sistematizan la recogida de datos del citado estudio, entre los que se encuentra el valor de la diversidad y el sistema de cuotas.
Del estudio se desprende que, independientemente de la obvia y necesaria meritocracia, la mayoría estamos de acuerdo en que las cuotas son necesarias, ya que el talento femenino todavía no se ha trasladado a las esferas de decisión de las organizaciones, y las profesiones jurídicas.
Para revertir esta situación, el informe anteriormente citado recoge una batería de recomendaciones: más flexibilidad, horarios más racionales o potenciar las medidas de teletrabajo, pues las opciones de conciliación se limitan en la mayoría de los supuestos a ofrecer la reducción de jornada, lo cual supone renunciar a tiempo de trabajo, pérdida de ingresos y de oportunidades de promoción.
Todos, hombres y mujeres debemos trabajar conjuntamente por la plena igualdad, es una cuestión de derechos fundamentales reivindicar rotundamente no solo el talento femenino, sino la igualdad de oportunidades. Cuotas a parte.
Y para ello hace falta partir de un principio fundamental: el de la corresponsabilidad, a la que ya aludía mi compañera en otro artículo de Mujeres por Derecho anterior, y con quién no puedo estar más de acuerdo. El reto es muy grande y sólo con la involucración de las instituciones (CGAE, colegios de abogados, universidades, etc.); de los despachos de abogados y de los profesionales de la abogacía y por supuesto, de los medios de comunicación, será posible encontrar respuestas.
