Escribo este artículo de opinión a 21 de diciembre de 2022, fecha en la que todavía no sabemos si el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, va a ser finalmente declarado o no inhábil a efectos procesales. Saldremos de dudas el 23 de diciembre, si no hay ningún otro imprevisto por el camino, y si finalmente se publica en el Boletín Oficial del Estado su inmediata entrada en vigor.
Es decir, este año el sector de la abogacía tendremos que hacer de nuevo malabares para conciliar nuestra vida personal y familiar durante el periodo navideño con nuestras obligaciones profesionales. Por si las moscas, mi agenda ya está organizada como todos los años desde que empecé a ejercer, salvo los vencimientos de última hora, a los que por desgracia, estamos más que acostumbrados, y que harán que estas navidades me vuelva a ir al pueblo, con el portátil y el lector de Lexnet, como parte de mi equipaje.
Y es que este tema, que para muchos pasa desapercibido o incluso, resulta incomprensible, reviste especial importancia para los que ejercemos en el día a día.
Ha sido una reivindicación constante desde hace muchísimos años por parte de los colectivos vinculados con la administración de Justicia: abogados, procuradores y graduados sociales. Y ya no hablemos si actúas ante la jurisdicción laboral o la penal, en cuyo caso “ni horario ni calendario”, como dice el refranero. ¿Quién no se ha ido un 31 de julio con el expediente en la maleta pendiente de que le requieran para formalizar un recurso de suplicación? ¿O ha tenido que atender una orden en pleno mes de agosto?
Pocas profesiones más se me ocurren que se vean sometidas a esta disponibilidad permanente y a tan escasas ocasiones para desconectar de verdad de la vida laboral.
Y cuando digo “de verdad” no solo me refiero a no tener que estar pendiente del correo electrónico para las notificaciones de procuradores y de Lexnet, o a no tener que presentar un vencimiento el 2 de enero. Sino a que se nos de la oportunidad de alejarnos por unos días del caos judicial y se nos permita centrarnos en nosotros mismos, en nuestra familia, amigos, mascotas o ¡plantas! En tener unos días para resetear y recargar energías, que nos permitan volver a ponernos la toga con ganas e ilusión, y no con la sensación de que enero y su cuesta nos tiene más que quemados antes de empezar.
Este sentimiento de desgaste profesional o “burn out” que a muchos de mis compañeros y a mí misma nos invade en ocasiones a lo largo del curso judicial, ha hecho que cada vez se hable más de ello y se le dé más importancia a la salud mental de nuestro colectivo y que surjan iniciativas para paliar, en la medida de lo posible, esta cruda realidad.
Según un estudio realizado por Humanizando la Justicia “un 15% de la abogacía española está quemada por su trabajo y otro 63% sufre agotamiento laboral”. Cifras que sin duda irán en aumento si no se toman medidas al respecto y que ponen en serio peligro no solo nuestro bienestar como personas y como profesionales, sino también el correcto ejercicio del derecho de defensa, pilar fundamental para que un Estado de Derecho como el nuestro funcione correctamente.
Por tanto, no se trata de pedir “vacaciones” como he leído estos días en algún titular, sino de nuestro derecho a conciliar como cualquier otro colectivo, nuestro derecho a la desconexión real y eficaz mediante la paralización de los plazos procesales durante las fechas navideñas.
Mención aparte merecen los clientes, ya que por mucho que se declaren inhábiles los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, ellos seguirán llamando a nuestra puerta, o más bien, a nuestro teléfono, y es gracias a ellos a los que esta profesión se dignifica y haga que merezca la pena seguir adelante.
Me despido con tres notificaciones de Lexnet en mi bandeja de entrada.
