Es indudable que la aplicación de la tecnología al ámbito de la práctica del Derecho, (lo que de unos años a esta parte conocemos como “Legal Tech”), nos ha permitido al colectivo de juristas, como en tantos otros ámbitos, aumentar de forma significativa tanto nuestros niveles de eficiencia como de flexibilidad. Y ello es así a pesar de la natural aversión al riesgo que acostumbra a caracterizar a nuestro sector. Como tuve ocasión de exponer hace un par de años cuando se me honró con la oportunidad de participar en la obra colectiva “Legal Tech: la transformación digital de la abogacía”, nos encontramos ante un proceso imparable – pese a su lentitud- en el contexto de la denominada Cuarta Revolución Industrial y más pronto que tarde precisará de todo un proceso de reinvención y de “evolución cultural”, especialmente en lo que respecta a la visión tradicional de la profesión jurídica.
Si tuviera que referirme a mi experiencia personal respecto del Legal Tech, con la perspectiva que me dan más de dos décadas de ejercicio, tendría que distinguir dos etapas bien diferenciadas y separadas en el tiempo. Como persona “curiosa” que soy, empecé muy pronto a explorar las oportunidades que ofrecían algunas posibilidades tecnológicas de mediados y finales de los 90 (cuándo el concepto de Legal Tech, por lo menos en España, ni siquiera se había empezado a abrir paso). Probablemente, en aquellos momentos, mis circunstancias profesionales, con los niveles de exigencia, en términos de tiempo, que representaba la compatibilización del libre ejercicio de la profesión con la actividad “in house” en ARAG, me ayudaron a explorar y explotar al máximo cualquier opción de “digitalización” que me permitiera atender mejor y en menos tiempo mis variadas obligaciones. De ahí que fuera de las primeras abogadas en disponer de algo tan exótico en aquella época como un certificado digital para actuar en nombre de terceros, y en adherirme a cuantas iniciativas y protocolos “telemáticos” pudieran existir. Y así, poco a poco, lo que antes podía suponer una auténtica carrera contrarreloj para llegar al Juzgado antes de la hora de cierre o presentar en plazo todo tipo de declaraciones oficiales ante la Administración Tributaria o de Seguridad Social, comprometiendo muchas veces otros aspectos de la vida personal, pasaba a poder solucionarse a través de múltiples sistemas “digitales” que me permitían importantes “ahorros” de tiempo. Son cuestiones que hoy están a la orden del día y parecen de lo más natural, pero que hace dos décadas me convertían en una abogada algo “peculiar”. Ahora, al echar la vista atrás, me doy cuenta de que en aquella época, sin ser consciente de ello, el gusanillo de la Legal Tech se había instalado en mi para no abandonarme nunca.
Por eso muchos años después, cuando a través de la labor del Instituto de Innovación Legal, tuve la oportunidad de profundizar en el mundo del Legal Tech de la mano de María Jesús González Espejo, a la que estaré eternamente agradecida por ello, me sentí absorbida por el sinfín de posibilidades que nos ofrece la tecnología, y por la necesidad de contribuir a propiciar todos aquellos procesos transformadores, no sólo de nuestra labor profesional diaria sino, en definitiva, del sistema legal en su conjunto, poniéndolo realmente al servicio de la ciudadanía y adaptado a sus necesidades. Idea que, por otra parte, presentaba interesantes puntos de conexión con el espíritu fundacional de ARAG en lo que respecta a facilitar el acceso a la justicia a cualquier persona con independencia de sus recursos.
A lo largo de estos años, no sólo he tenido vida profesional, sino también una variada esfera de intereses personales y familiares. Sin duda, la tecnología me ha ayudado y mucho en la incesante búsqueda del equilibrio que a veces se antoja imposible entre todos ellos. Ahora bien, también he podido constatar los peligros que acechan a la sombra de viejas inercias sistémicas y sus sesgos de género.
Es cuestión pacífica que sigue existiendo una brecha enorme en el indicador de equilibrio entre vida personal y familiar, y en especial en la distribución de las tareas de cuidado, con el predominio de la presencia de la mujer. El origen de nuestro sistema jurídico se remonta a la época romana, en la que la vida pública se reservó, por mandato legal, a un solo género. Ser conscientes de esta herencia es crucial para realizar un enfoque y un tratamiento adecuados del desequilibrio que aún hoy observamos en la presencia y desarrollo de la mujer en la esfera pública. Y es con esta mirada con la que deberíamos analizar las posibilidades que nos brinda el Legal Tech, intentando que la mejora intrínseca que representa en las posibilidades de conciliación vaya acompañada de un reparto equitativo de las tareas propias de la esfera privada.
En definitiva, si queremos seguir avanzando en la disminución de la brecha de género, es importante que también distribuyamos equitativamente la “carga” de esta transformación, poniendo especial atención en la necesidad de asegurar un mismo nivel de participación, presencia y equilibrio de la vida profesional y privada, reconociendo la diferencia del punto de partida, pero también, sabiendo respetar las singulares y legítimas aspiraciones, necesidades y deseos de las profesionales, en función de sí mismas sin olvidar el peso de las inercias con que unos y otras, nos enfrentamos.
Existe también otra brecha no menos importante que la anterior, como es la motivada por la natural resistencia al cambio derivada de la necesidad de seguridad jurídica que caracteriza a nuestra actividad y que hace que se disparen todas las alarmas cuando se intenta alterar cualquier elemento del sistema, por la incertidumbre que ello representa. Quienes operamos en el mundo jurídico debemos ser conscientes de que muchos de estos cambios son, precisamente, los que nos permitirán dedicarnos a las tareas de verdadero valor añadido que hacen de nuestra profesión un arte. Solo así, analizando las posibilidades del Legal Tech desde una mirada holística, podremos aplicar todo su potencial.
