Hay una parte de la ciudadanía que considera que el Derecho de Familia es un derecho de mujeres porque es muy fácil o – no sé qué es peor – porque nosotras somos más sensibles. Esta apreciación no solamente no es cierta, sino que es muy peligrosa ¡y me molesta! Es más, llevada al límite, esa consideración puede generar tremendas injusticias para todos, empezando por las propias mujeres. En este punto, no puedo dejar de recomendar el libro que ha escrito, desde el punto de vista de una Abogada de Familia, el director del despacho en el que trabajo, Luis Zarraluqui Navarro, titulado Aurelia Villalba, Abogada de Familia.
Es una realidad incontestable que, actualmente, hay más mujeres que hombres – como también ocurre en tantas otras profesiones o trabajos – que se dedican al Derecho de Familia en sus distintas vertientes (jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, personal administrativo, miembros de los equipos psicosociales, abogados, etc.). Sin embargo, eso es debido, por una parte, a que en España somos más mujeres – en el último registro, del 2020, un 51 % de la población frente al 49 % que son hombres – y, por otra, a la idea preconcebida que existe en relación con esta rama del Derecho.
Romper dos ‘lanzas’ en defensa del Derecho de Familia
No obstante, como mujer y como abogada, quiero romper dos lanzas en defensa del Derecho de Familia. La primera, por la necesidad de que existan más hombres que se dediquen a este mundo; todo talento, venga de donde venga, es bienvenido. En muchas ocasiones, teniendo en cuenta la intervención, en un procedimiento de familia con menores, de un juez, un fiscal y dos miembros de los equipos psicosociales, la probabilidad de que las cuatro personas que intervengan en ese procedimiento sean todas ellas mujeres llega casi al 80 %. La crítica fácil – e injusta – está servida, cuando lo que debería primar es la competencia y el talento de esos profesionales.
Y, la segunda, por la auténtica necesidad de igualdad en el trato a hombres y mujeres en esta materia. Lo contrario es vergonzoso y humillante; como mujer no necesito un trato distinto ni privilegiado, exijo uno justo. Y, todo ello, aunque pueda parecer un contrasentido, por la necesidad de salvar el Derecho de Familia.
Me explico. El Derecho de Familia, a diferencia de lo que creen aquellos que no se dedican a él profesionalmente y de manera especializada, es un derecho tremendamente técnico – y cada vez más – y, por lo tanto, no requiere un sexo especial, sino buenos profesionales competentes y trabajadores. Esta es una materia mal regulada, obsoleta y plagada de conceptos indeterminados y cambiantes – el interés del menor, el beneficio del menor, el interés más necesitado de protección, la pensión compensatoria, la custodia compartida, etc. – que, a base del ejercicio diario – no hablemos de doctrina unificada del Tribunal Supremo porque hay muchos temas que ni llegan o llegan muy tarde – se va ordenando. Y ese orden o práctica lo produce el trabajo bien realizado.
Se trata de una materia que, como no da votos – salvo temas puntuales que, a veces, se utilizan durante las campañas políticas –, no suele interesar a nuestros gobernantes (a diferencia de la problemática acerca del destino de las mascotas en los procedimientos de divorcio que está necesitando una regulación especial – con todo lo que ello supone de tiempo y gasto –, pese a no ser realmente el problema más urgente e importante). Recientemente, y con motivo de las elecciones en la Comunidad de Madrid, ha habido un foro de todos los candidatos en el ICAM donde ha quedado acreditada la falta de interés y conocimiento real por esta materia. Todos hablaban de vaguedades y generalidades demostrando no solamente un desconocimiento preocupante, sino una evidente falta de interés por el Derecho de Familia. Desgraciadamente, “solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”.
Por último, me sonroja ver – por lo que vuelve a suponer de crítica fácil – cómo (y es un caso real) un juzgado de familia, en un auto de medidas provisionales, da un plazo de ocho días a un hombre para que abandone el domicilio familiar y, posteriormente, modificando su criterio, en la sentencia de divorcio, se le atribuye el uso del domicilio familiar a ese hombre, concediéndole a la mujer un plazo de ¡¡dos meses!! para abandonar la misma vivienda. Esa desigualdad no favorece los intereses de las mujeres, por lo que si queremos igualdad en otros terrenos tenemos que demandarla también en este. ¡Anda que no he tenido que oír veces comentarios despectivos por esas decisiones irracionales!
