Tal y como venimos informando desde hace días, en el seno del Consejo General del Poder Judicial se está trabajando muy seriamente, en coordinación con el Ministerio de Justicia, en dos vías. Por un lado, se quieren centrar bien las pretensiones de los jueces; y, por otro tratar de evitar la huelga. De todos modos, el órgano en sí alberga muchas responsabilidades y funciones que generalmente la sociedad desconoce.
El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de ayer, nombró Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional al Magistrado Ricardo Bodas. Además, se designó Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al Magistrado José Francisco Ceres Montes.
En relación con el recurso de alzada interpuesto por el Magistrado Fernando Ferrín Calamita contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria que le impuso en su momento una sanción de multa de 600 euros, el Pleno estimó dicho recurso en base a que el procedimiento sancionador excedió en ocho días el plazo máximo de seis meses que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo, no obstante, muestra en la resolución aprobada hoy reproches a la conducta procedimental seguida por el magistrado aludido y su incidencia en la duración del expediente.
Por otra parte, el Pleno aprobó el Informe favorable del Proyecto de Real Decreto por el que se dispone la creación de 15 juzgados para la mejora de la jurisdicción mercantil en el año 2009; cuyo primer impulso se dio desde este órgano.
Finalmente, y con el propósito de hacer posible la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, el Pleno del Consejo ha aprobado la propuesta de la vocal Inmaculada Montalbán para la interpretación del artículo 373.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que se permita que los miembros de la Carrera Judicial puedan iniciar el disfrute del permiso de paternidad desde el momento del nacimiento del hijo o hija desde la resolución por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogida o en cualquier momento coincidente con el permiso de maternidad, o bien inmediatamente después y a continuación del permiso de maternidad.