El Consejo de Ministros del jueves —adelantado por la Cumbre Iberoamericana de Cádiz— ha aprobado un Real Decreto que establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en el marco de la recapitalización del sistema bancario español mediante el programa de asistencia financiera acordado con las instituciones europeasa, permitiendo que se cumpla una de las condiciones establecidas en el Memorando de Entendimiento firmado el pasado 23 de julio: que el “banco malo” ,la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) esté en marcha el 1 de diciembre.
La SAREB tiene como propósito agrupar los activos dañados de las entidades que se hallen en proceso de reestructuración y resolución para su gestión y su posterior venta ordenada.
Para ello, el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo regula
- los métodos para determinar las categorías de activos transferibles,
- los criterios de valoración de esos activos
- la estructura legal de las sociedades de gestión de activos.
- las obligaciones de gobierno corporativo y
- los órganos de supervisión y sus facultades.
La SAREB se constituye como una sociedad anónima cuyo objeto es la transferencia de activos necesaria para desarrollar el actual proceso de reestructuración y saneamiento del sector bancario, permitiendo que sean accionistas un conjunto muy amplio de entidades financieras.
En cuanto a su estructura organizativa, para reforzar las buenas prácticas de gobierno corporativo, la SAREB cuenta con una exigencia mínima de, al menos, un tercio del total de consejeros independientes y la obligatoriedad de constituir una serie de comités especializados: de auditoría, retribuciones y nombramientos.
Transparencia
Características fundamentales de la SAREB, según informan desde el Gobierno, son la transparencia y la profesionalidad: los miembros del consejo de administración deberán acreditar profesionalidad, honorabilidad y experiencia, y la sociedad deberá presentar un informe de Cumplimiento anual, confeccionado por un experto independiente, para recoger un análisis externo e imparcial sobre la gestión, así como elaborar un informe semestral sobre su actividad.
Supervisión e inspección
La supervisión e inspección correrá a cargo del Banco de España, que estará reforzado por una Comisión de Seguimiento para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos de interés público de la SAREB, en la que se integran representantes de los ministerios de Economía y Competitividad, y Hacienda y Administraciones Públicas, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, admitiendo además la incorporación de observadores de carácter permanente, como el Banco Central Europeo.
Una vez puesta en marcha, la SAREB podrá transferir parte de sus activos a fondos especiales, con el fin de facilitar el proceso de desinversión. Estos se denominan Fondos de Activos Bancarios (FAB), estarán dirigidos a inversores profesionales y su regulación está inspirada, desde la máxima flexibilidad, en la de los fondos de titulización y las instituciones de inversión colectiva.
Activos a transferir
El tamaño máximo del conjunto de activos, como ya adelántabamos el pasado 30 de octubre se fija en 90.000 millones de euros, estimándose que la cifra real se situará en unos 62.000 millones de euros. Se incluye todo el crédito promotor a partir de 250.000 euros, los activos adjudicados inmobiliarios por encima de 100.000 euros y las participaciones en sociedades inmobiliarias.
En términos "prácticos", se calcula que pasarán a formar parte de la sociedad casi noventa mil pisos y trece millones de metros cuadrados de suelo.
Con el Real Decreto aprobado hoy y el conjunto de normas y disposiciones puestas en marcha por el Gobierno, se da un paso decisivo en el proceso de saneamiento del sector financiero. Este Real Decreto se suma al de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que refuerza los mecanismos de resolución y control de crisis bancarias, y se completa con el diseño de la estructura de la SAREB, que fija la operativa de la sociedad destinada a absorber los activos inmobiliarios de entidades con ayudas.
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